Puntaje
nacional es de 57 sobre 100, por encima del promedio mundial que se ubica en 43
puntos. En la región, Perú aparece por debajo de Brasil, Chile y Colombia. Presupuesto
Ciudadano explicaría ante la población cómo se manejan los recursos públicos en
términos sencillos.
International
Budget Partnership acaba de publicar la Encuesta de Presupuesto Abierto 2012 (www.internationalbudget.org), la
única medición independiente, comparativa y regular de transparencia
presupuestaria y de rendición de cuentas en todo el mundo. Allí, el Perú alcanza 57 puntos sobre un total
de 100, una cifra solo por debajo de Brasil
(73 puntos), Chile (66) y Colombia (58), y por encima de Bolivia (12 puntos), Ecuador (31 puntos) y Venezuela (37 puntos), países que
registran las más bajas calificaciones en la región.
En coordinación con
un equipo técnico de Ciudadanos al Día
(CAD) para el caso peruano, cada dos años el Open Budget evalúa si los gobiernos elaboran y ponen a disposición
de los ciudadanos una serie de documentos que resultan claves para entender en
qué se gastan específicamente los recursos públicos de un país. Son ocho informes
que comprenden un Documento Preliminar (Marco Macroeconómico Multianual), una
Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo (Proyecto de Ley del Presupuesto
Público).
Asimismo, un
Presupuesto Aprobado (Ley de Presupuesto Público), un Presupuesto Ciudadano,
los Informes Entregados durante el Año, una fase de Revisión de Mitad de Año,
un Informe de Fin de Año, y un informe de Auditoría. En lo que se refiere a
nuestro país, el Ejecutivo solo presenta seis de los ocho documentos oportuna y
públicamente. Así, el gobierno no cumple con presentar el Marco Macroeconómico
Multianual con suficiente anticipación –por lo menos un mes, según el estándar
internacional– a la presentación del Proyecto de Ley del Presupuesto Público
para su discusión.
Tampoco implementa un
Presupuesto Ciudadano que consista en una presentación no técnica que permita a
la población entender cuánto, cómo y en qué se ejecutan los fondos públicos. De
este modo, la promoción de la transparencia presupuestaria constituye un tema
prioritario dado que los presupuestos constituyen la herramienta principal que
utilizan los gobiernos para establecer políticas a fin de recaudar e invertir
fondos públicos destinados a promover el desarrollo y cubrir las necesidades de
los ciudadanos.
El Índice de Presupuesto
Abierto es un estudio bianual que evalúa la cantidad y el tipo de información
que los gobiernos ponen a disposición del público en los ocho documentos
mencionados que deben emitirse durante el proceso presupuestario. Este informe
utiliza criterios reconocidos internacionalmente para otorgar a cada país un
puntaje de transparencia en una escala de 0 a 100 puntos –el índice–. En ese sentido, la Encuesta no refleja la
opinión de quienes la elaboran: solo mide hechos comprobables relacionados con
la transparencia presupuestaria, la rendición de cuentas y la participación
ciudadana en las naciones.
En el caso de Perú, el
documento de Presupuesto Ciudadano cobró mayor trascendencia y protagonismo en
2012 porque se aumentó la cantidad de preguntas (de 92 a 95) para el cálculo del índice,
a fin de lograr una evaluación más exhaustiva. De esta manera, en un apartado
del estudio, International Budget Partnership llega a decir que Perú «tiene
muchas oportunidades para mejorar la participación pública», y que lo
recomendable sería que el gobierno ampliase la participación pública en la
elaboración del presupuesto “después de considerar los indicadores de la Encuesta del Presupuesto
Abierto para los cuales el país demuestra un desempeño muy pobre”.
Más allá de la
necesidad de contar con un Presupuesto Ciudadano, la Encuesta Presupuesto
Abierto 2012 también plantea una serie de sugerencias que el gobierno peruano
podría implementar para mejorar sus procesos presupuestarios. Por ejemplo,
propone publicar el Documento Preliminar (Marco Macroeconómico Multianual) con
la suficiente anticipación a la presentación del Proyecto de Presupuesto al
Congreso para su discusión pública, en tanto que dicho estudio brinda información
que relaciona las políticas públicas con el presupuesto y establece los
parámetros que definirán a este último.
El estándar
internacional señala que este documento debería ser publicado, por lo menos,
con un mes de anticipación al Proyecto de Ley de Presupuesto. Por otro lado,
propone aumentar la exhaustividad del presupuesto del Ejecutivo, en particular
en lo que se refiere a la inclusión de un informe que muestre con detalle los
gastos estimados durante por lo menos dos años con posterioridad al año
presupuestario para los gastos del año anterior, y en mayor detalle para los
gastos reales dos años antes del año presupuestario.
En la misma línea,
también recomienda que se incluyan las estimaciones independientes de ingresos
no tributarios para el año anterior, y se fijen los diferentes supuestos
macroeconómicos utilizados para preparar el presupuesto nacional anual. Asimismo, cabría mejorar la
exhaustividad de los informes entregados a lo largo del año, no solo incluyendo
información como las tasas de interés sobre la deuda o la denominación de
divisas respecto a la deuda, sino también las estimaciones actualizadas sobre
los gastos e ingresos para el año fiscal.
A esto se agregaría
una mejora en la calidad del informe de auditoría que publican las auditorias
públicas (incluyendo un resumen ejecutivo) y las referencias puntuales sobre
las acciones tomadas por el Ejecutivo para abordar las recomendaciones. Según
el informe, la legislatura también debería contar con una oficina especializada
en investigación presupuestaria para brindar asistencia al análisis
presupuestario, así como también debería realizar un informe formal sobre
políticas presupuestarias preliminares antes de que el Ejecutivo presente la
propuesta,
Al mismo tiempo, el
Parlamento también podría examinar todos los informes de auditoría y obtener autoridad
plena para modificar la
Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo. A la vez, el
Ejecutivo debería realizar consultas con los miembros del Congreso como parte
del proceso mediante el cual se establecen las prioridades presupuestarias. Solo
tomando en cuenta estas sugerencias, los ciudadanos podrían exigir a sus
gobernantes que sean más inclusivos con sus necesidades, con lo que ganarían
una mayor representatividad política dentro de sus gobiernos.
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