Los reclamos y protestas empezaron a comienzos de abril, terminando por estallar hace unos días. Las manifestaciones autóctonas se patentizaron bloqueando algunos ríos cuyas aguas son utilizadas por varias compañías de la zona para transportar maquinarias.
Por: Freddy Gálvez Delgado
Producida la masacre de Bagua, Amazonas, que todos conocemos y lamentamos, existen sectores significativos de la población que se preguntan sobre la raíz del conflicto. ¿Por qué sucedieron los hechos…? Aparentemente surgió cuando, en virtud del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos, se promulgaron ciertos decretos que regulan la explotación de los recursos forestales e hídricos de la Amazonía.
Las normas permitirían que empresas extranjeras como Perenco, Repsol, Petrobrás y otras, puedan buscar gas y petróleo en tierras indígenas, quienes las consideran suyas desde tiempos inmemoriales. A su vez, los aborígenes creen que las disposiciones suponen la privatización de esas áreas y constituye una burla contra el derecho de ser consultados. Ellos se sustentan en la prerrogativa que consta en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en plena vigencia.
Por su parte, el gobierno sostiene que los decretos garantizan doce millones de hectáreas concedidas a las etnias y que son necesarios para atraer la inversión y estimular la economía. En realidad, el problema no surgió súbitamente. Los reclamos y protestas empezaron a comienzos de abril, terminando por estallar hace unos días. Las manifestaciones autóctonas se patentizaron bloqueando algunos ríos cuyas aguas son utilizadas por varias compañías de la zona para transportar maquinarias.
Igualmente cerraron el paso en carreteras y pistas de aterrizaje. Conforme a datos extraoficiales, la violencia se desató cuando efectivos de la Policía Nacional trataron de dispersar el bloqueo en una angosta vía denominada como la Curva del Diablo, cerca de Bagua, a unos mil cuatrocientos kilómetros al norte de Lima. Los líderes amazónicos revelaron veintidós manifestantes muertos.
Según el gobierno, el resultado oficial es de veintitrés policías perecidos, nueve civiles fallecidos y más de cien heridos. De acuerdo a sus propias palabras, los nativos viven en zonas muy remotas, en situación de pobreza y abandono. Beben aguas contaminadas que afecta su salud y sufren la deforestación de sus tierras debido a la explotación externa de los recursos naturales.
Adda Chueca, directora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) creado en 1974, sostiene que las peticiones de los originarios “son justas porque están reclamando sus derechos”. Como ella, piensan millones de peruanos, los gobiernos de Bélgica, México y Ecuador, así como numerosos organismos internacionales que se han pronunciado solicitando una investigación de lo ocurrido.
Ahora también se incluye a las altas esferas gubernamentales, pues han acordado que en el Congreso entre en debate el decreto trágico 1090. Esperamos que haya la suficiente lucidez para arribar a la solución definitiva del problema y se eviten mayores desgracias…
Por: Freddy Gálvez Delgado
Producida la masacre de Bagua, Amazonas, que todos conocemos y lamentamos, existen sectores significativos de la población que se preguntan sobre la raíz del conflicto. ¿Por qué sucedieron los hechos…? Aparentemente surgió cuando, en virtud del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos, se promulgaron ciertos decretos que regulan la explotación de los recursos forestales e hídricos de la Amazonía.
Las normas permitirían que empresas extranjeras como Perenco, Repsol, Petrobrás y otras, puedan buscar gas y petróleo en tierras indígenas, quienes las consideran suyas desde tiempos inmemoriales. A su vez, los aborígenes creen que las disposiciones suponen la privatización de esas áreas y constituye una burla contra el derecho de ser consultados. Ellos se sustentan en la prerrogativa que consta en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, en plena vigencia.
Por su parte, el gobierno sostiene que los decretos garantizan doce millones de hectáreas concedidas a las etnias y que son necesarios para atraer la inversión y estimular la economía. En realidad, el problema no surgió súbitamente. Los reclamos y protestas empezaron a comienzos de abril, terminando por estallar hace unos días. Las manifestaciones autóctonas se patentizaron bloqueando algunos ríos cuyas aguas son utilizadas por varias compañías de la zona para transportar maquinarias.
Igualmente cerraron el paso en carreteras y pistas de aterrizaje. Conforme a datos extraoficiales, la violencia se desató cuando efectivos de la Policía Nacional trataron de dispersar el bloqueo en una angosta vía denominada como la Curva del Diablo, cerca de Bagua, a unos mil cuatrocientos kilómetros al norte de Lima. Los líderes amazónicos revelaron veintidós manifestantes muertos.
Según el gobierno, el resultado oficial es de veintitrés policías perecidos, nueve civiles fallecidos y más de cien heridos. De acuerdo a sus propias palabras, los nativos viven en zonas muy remotas, en situación de pobreza y abandono. Beben aguas contaminadas que afecta su salud y sufren la deforestación de sus tierras debido a la explotación externa de los recursos naturales.
Adda Chueca, directora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) creado en 1974, sostiene que las peticiones de los originarios “son justas porque están reclamando sus derechos”. Como ella, piensan millones de peruanos, los gobiernos de Bélgica, México y Ecuador, así como numerosos organismos internacionales que se han pronunciado solicitando una investigación de lo ocurrido.
Ahora también se incluye a las altas esferas gubernamentales, pues han acordado que en el Congreso entre en debate el decreto trágico 1090. Esperamos que haya la suficiente lucidez para arribar a la solución definitiva del problema y se eviten mayores desgracias…
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