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jueves, 7 de mayo de 2020

Susalud sancionará a clínicas por cobros indebidos a pacientes Covid

"Pueden tomar la previsión de hacer firmar pagarés, cheques u otros instrumentos contables para hacer efectiva la cobranza". Por ello dijo que como Superintendencia Nacional de Salud se vigila que la clínica no haga "facturaciones abusivas", sino que se llegue a un "justo acuerdo" con las personas con Covid-19 atendidas en sus instalaciones.

El superintendente de Susalud, Carlos Acosta Saal, afirmó que las clínicas privadas no pueden negarse a atender a un paciente en situación de emergencia, sea cual sea su seguro o aunque no lo tuviera, más aún si fuera un caso grave sospechoso de Covid-19. En diálogo con la Agencia Andina recordó que la Ley General de Salud y la Ley de Derecho de los Usuarios de Servicios de Salud disponen que abandonar al paciente y poner en peligro su vida es una falta administrativa muy grave.

Comentó que, una vez solucionada la emergencia, la clínica tampoco puede retener al paciente o sacarlo del lugar poniendo en peligro su vida bajo el pretexto de la falta de pago. "Pueden tomar la previsión de hacer firmar pagarés, cheques u otros instrumentos contables para hacer efectiva la cobranza". Por ello dijo que como Superintendencia Nacional de Salud se vigila que la clínica no haga "facturaciones abusivas", sino que se llegue a un "justo acuerdo" con las personas con Covid-19 atendidas en sus instalaciones.

Acosta Saal pidió a la población con estos problemas denunciarlos en la Línea 113 y en los canales de comunicación que tiene Susalud como Twitter, por ejemplo. "Deben dejar su nombre y sus números telefónicos a fin de que los auditores averigüen qué pasó y verificar qué costos se están exigiendo". También comentó que si el paciente atendido en emergencia por la clínica tiene seguro de EsSalud o SIS, dichas entidades pagarán la atención.

Por último, el titular de Susalud explicó que la Constitución política peruana avala la libertad de empresa y no puede regular los precios porque estos los determina la oferta y la demanda.  "Si bien es una libertad, esta debe ser medida. Los organismos reguladores no debemos permitir situaciones abusivas o extremas en perjuicio de la ciudadanía. Hay situaciones que tienen que ser compartidas, hay que hacer un llamado para que los precios sean justos", subrayó. (Fuente: Andina.pe)

Solicitan incluir al sector automotriz en primera fase de reactivación económica

Gremio empresarial envió pedido formal al despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros, al considerar que se trata de una actividad transversal a todos los sectores económicos. Ranieri Mannucci Tapia, señaló que las autoridades deben reconocer  que el parque automotor no  solo necesita combustible para mantenerse activo.

Luego de evaluar los alcances del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, en el que se establece la reanudación de cuatro actividades económicas en el marco del estado de emergencia nacional para contener el avance del COVID-19, la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) ha solicitado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) incluir en esta primera etapa al sector automotriz y sus actividades conexas.

El gremio empresarial, a través de su Comité Gremial de Transportes y sus proveedores ha recogido la preocupación e inquietud del sector automotriz  no solamente liberteño, sino del norte del país, al no ser incluidos en esta primera fase de la reactivación, pese a que sus actividades son complementarias y transversales a las que realizan los demás sectores económicos que sí han sido consideradas.

“Para operar con normalidad, las empresas de todos los sectores requieren contratar a concesionarios de ventas y servicios de postventa de automóviles, camiones, ómnibus y motos, así como talleres de reparación, mantenimiento, conversión a gas, lubricación, engrase, limpieza, lavado y desinfección de vehículos; además de tiendas de venta de repuestos y actividades conexas al sector automotriz, como por ejemplo los servicios de inmatriculación de placas de circulación” se puede leer en el documento dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas.
En ese sentido, el presidente del  Comité Gremial de Transportes y sus proveedores  de la Cámara de Comercio de La Libertad, Ranieri Mannucci Tapia, señaló que las autoridades deben reconocer  que el parque automotor no  solo necesita combustible para mantenerse activo, sino que requiere de otros servicios para no dañar sus unidades y verse obligados a paralizar sus labores.

“Lamentablemente, en la actualidad el transporte en general está haciendo uso de estos servicios de forma clandestina e informal, incrementando las probabilidades de contagios, al hacerlo sin ninguna medida de bioseguridad y eso es lo que queremos evitar”, subrayó Mannucci Tapia. Por su parte, el presidente de la CCLL, Hermes Escalante Añorga, sostuvo que la solicitud realizada a la PCM se sustenta también en el hecho de que las empresas del sector automotriz atienden en sus instalaciones a un grupo reducido de personas.

Sin embargo, los empresarios se comprometen a implementar y cumplir con los protocolos de sanidad que se establezcan para evitar la propagación de la COVID-19. El líder del gremio empresarial mencionó que la semana pasada, la CCLL también solicitó a la PCM que dentro de las actividades de la primera fase de la reactivación económica se incluyera al servicio notarial y registral.

“Estas actividades son transversales y de suma importancia para garantizar la operatividad de las empresas, y finalmente han sido incluidas como se requirió, por lo que esperamos que este nuevo pedido sea atendido por el Poder Ejecutivo”, precisó Escalante Añorga. Es importante destacar que el sector automotor representa más del 12% del PBI nacional, siendo además una importante fuente generadora de empleo directo e indirecto, absorbiendo cerca del 7% de la PEA a nivel nacional y generando más del 15% de total de ingresos tributarios recaudados.

Contraloría lanza convocatoria para seleccionar Monitores Ciudadanos de Control

Voluntarios realizarán control social virtual remoto durante el aislamiento social y visitas presenciales a entidades después de culminar este período. La convocatoria es abierta y a nivel nacional, priorizando la selección en 800 distritos del país, donde se requieren jóvenes voluntarios que realicen el control social.

La Contraloría General de la República ha iniciado la convocatoria para seleccionar cerca de 4,000 ciudadanos voluntarios a nivel nacional, quienes cumpliendo los requisitos, puedan ser acreditados como Monitores Ciudadanos de Control (MCC) para apoyar la verificación del uso de los recursos públicos, de forma remota o presencial, durante y después del aislamiento social obligatorio por el COVID -19, vigilancia de las obras públicas, así como de las contrataciones de bienes y servicios públicos, durante y después que concluyan las medidas de aislamiento social por el COVID-19.

La convocatoria es abierta y a nivel nacional, priorizando la selección en 800 distritos del país, donde se requieren jóvenes voluntarios que realicen el control social mediante veedurías ciudadanas en línea (en forma virtual) durante el aislamiento social obligatorio y de visitas presenciales una vez finalizada las restricciones. Los ciudadanos voluntarios comprometidos con el desarrollo de su comunidad, realizarán el control social mediante las veedurías ciudadanas, pueden ingresar al portal www.contraloria.gob.pe, sección Participación Ciudadana, y realizar la preinscripción en el formulario virtual. El plazo vence este viernes 8 de mayo del 2020.

Los preseleccionados serán capacitados y acreditados como Monitores Ciudadanos de Control para apoyar la vigilancia del buen uso de los recursos públicos. ¡La ciudadanía de la mano con la Contraloría! En el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID – 19, la Contraloría General requiere un mayor número de Monitores Ciudadanos de Control para reforzar el control social en las municipalidades distritales ubicadas en las regiones de Lima (111 entidades), Áncash (86), Arequipa (79), Junín (75), Ayacucho (67), Huancavelica (62) y Apurímac (50), entre otras.

Actualmente, existen 2,985 Monitores Ciudadanos de Control a nivel nacional que vienen realizando control social, coadyuvando al control gubernamental de obras públicas, procesos o procedimientos para las contrataciones de bienes y servicios públicos e intervenciones que involucran recursos públicos en las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control. Mayor información en el portal institucional www.contraloria.gob.pe o escribiendo al correo electrónico: monitorciudadano@contraloria.gob.pe.

Número de municipalidades donde se reforzará cobertura de Monitores Ciudadanos de Control

Presentan “Protocolo para el culto religioso en tiempos de la pandemia”

El presente Protocolo se aplicará cuando el Gobierno indique que se ha terminado la cuarentena y solamente donde se haya levantado la misma, por indicación expresa de la Autoridad Competente, acatando las normas establecidas para este tiempo de pandemia.

La Conferencia Episcopal Peruana comunica a todos los fieles y a las personas de buena voluntad que ha elaborado el “Protocolo para el culto religioso en tiempos de la pandemia”, a tener en cuenta en la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos, así como en las reuniones y actividades de las parroquias, atendiendo a las fases que se indican en el mismo. Este documento recoge las experiencias de algunas Conferencias Episcopales de Europa y América Latina y se encuentra en total sintonía con las disposiciones de higiene y bioseguridad que ha emitido el Gobierno y las autoridades sanitarias que manejan la Emergencia por el COVID-19.

El presente Protocolo se aplicará cuando el Gobierno indique que se ha terminado la cuarentena y solamente donde se haya levantado la misma, por indicación expresa de la Autoridad Competente, acatando las normas establecidas para este tiempo de pandemia. El Consejo Permanente, desea enfatizar que este Protocolo es un subsidio para los Obispos, el cual será aplicado, teniendo en cuenta que cada Obispo en su jurisdicción tiene la autoridad competente y plena para determinar el inicio de su aplicación y para normar más al detalle este documento, si lo ve oportuno.