UPAO

jueves, 3 de diciembre de 2020

Bermúdez: Hemos ordenado investigación sobre muerte de persona en La Libertad

"Ya el ministro del Interior ha tomado las medidas necesarias y queremos llamar a las voceras y voceros (de las bancadas), a todas las personas, a los medios de comunicación, a la calma. Estamos viviendo momentos difíciles y nuestra voluntad es que el país se calme un poco", expresó ante la representación nacional.

 

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia, informó que el Gobierno ha ordenado una investigación y un pedido para que el Ministerio Público realice las pesquisas sobre el fallecimiento de una persona en Chao, región La Libertad. Refirió que según información preliminar a la que ha tenido acceso, el suceso no estaría relacionado con la protesta de los agricultores; sin embargo, dijo que al tomar conocimiento de la situación se ha ordenado la inmediata investigación y solicitado la participación del Ministerio Público.

 

La titular de la PCM lamentó la muerte ocurrida en el norte del país y aseguró que ya se están tomando las acciones para esclarecer el caso. "Ya el ministro del Interior ha tomado las medidas necesarias y queremos llamar a las voceras y voceros (de las bancadas), a todas las personas, a los medios de comunicación, a la calma. Estamos viviendo momentos difíciles y nuestra voluntad es que el país se calme un poco", expresó ante la representación nacional en un alto del debate, tras su presentación en el Congreso.

 

Bermúdez Valdivia reconoció que existen muchas demandas en el país y que en el caso del reclamo de los agricultores, una comitiva del Ejecutivo estuvo ayer en la región Ica para conversar con los trabajadores de este sector. En ese sentido, indicó existen acuerdos previos en el proceso de encontrar soluciones a su petitorio. "Reitero, lamentamos; ningún peruano debe morir y menos en estas circunstancias, entonces  esperemos por favor la información oficial, el Ministerio Público ya está al tanto de la situación y el Ministerio del Interior ya está en la zona", concluyó.

Gobernador ofrece mediar entre trabajadores, agroexportadoras y Gobierno Nacional

Tras conocer la muerte del trabajador agroindustrial y seis heridos, Manuel Llempén Coronel puntualizó: “debió agotarse el dialogo. Una vida es lo más preciado que puede haber”. El paro, que comenzó en Ica, es para reclamar mejores condiciones laborales y la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria.

 

Lamentando la muerte de un trabajador durante las protestas de hoy en Virú, donde tomaron la Panamericana en varios de sus tramos, el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, reiteró su voluntad de escuchar sus reclamos y ser su interlocutor ante la empresa privada y el Gobierno Nacional para encontrar una solución lo más pronto posible. Por la mañana, Llempén había adelantado que esperaba dialogar con los representantes de los trabajadores para escuchar sus demandas y ser mediador en esta difícil circunstancia por la que pasaban las regiones agroexportadoras del país.

 

Por la tarde, tras conocer la muerte del trabajador agroindustrial y seis heridos, puntualizó “debió agotarse el dialogo. Una vida es lo más preciado que puede haber”. El paro, que comenzó en Ica, es para reclamar mejores condiciones laborales y la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. El gobernador indicó que tiene conocimiento que en Ica los trabajadores del campo son contratados a través de empresas de servicios especiales (services), por temporadas, y son éstas las que no están reconociendo los derechos laborales. “Creen que es la empresa la que no cumple, pero pareciera que son las services las que no lo hacen”, dijo.

En el caso de La Libertad, estos contratos los realizan las empresas agropexportadoras directamente reconociendo el pago de dos gratificaciones y compensación por tiempo de servicios (CTS). Me gustaría escuchar a los trabajadores para conocer más. La pregunta es ¿por qué quieren que se derogue la Ley de Promoción Agraria? ya que el año pasado se modificó y ahora se les reconoce sus derechos, añadió. “Hasta donde se me informó, en La Libertad se está cumpliendo con estos pagos, lo que al parecer no ocurre en otros lugares. Estoy presto a conversar con los trabajadores, quiero conocer exactamente qué es lo que reclaman o si hay algo que desconozco”, expresó.

 

Señaló que el sector empresarial agrario debe reconocer todos los derechos laborales y todos los servicios de salud que le corresponde a los trabajadores. Los agroexportadores deben cumplir con un requisito indispensable para vender su producción en el extranjero, pagar a los trabajadores todos sus derechos. Caso contrario, no les compran. Precisó que el sector empresarial agrario debe reconocer todos los derechos laborales y todos los servicios de salud que les corresponde a los trabajadores. “Estaré al lado de ellos si no se está cumpliendo eso. Todos los peruanos tenemos los mismos derechos”, remarcó.

 

Al cierre de edición, el gobernador y diversas autoridades abordaban este tema en la Casa de Gobierno, donde Llempén esperaba a los representantes de los trabajadores. Por otra parte, adelantó que el próximo 8 de diciembre se realizará un GORE Ejecutivo en la región Ayacucho y que los gobernadores de las regiones agroexportadores aprovecharán para llevar a debate este tema ante el presidente de la República y el gabinete ministerial.

ADEX lamenta muerte de trabajador agrario y propone Mesa de Diálogo

“Urge el restablecimiento de la paz y orden en el país. El descontrol no llevará a nada positivo. Se sigue perjudicando a los pasajeros y población enfrenta problemas de desabastecimiento”, señaló Erick Fischer Llanos. Las necesidades en el país son múltiples, por eso se debe hallar un equilibrio que permita la fluidez de la inversión privada.

 

El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Erik Fischer Llanos, lamentó la muerte de un trabajador del sector agro en el norte del país y pidió a todos respetar y preservar la vida y la salud, por lo que solicitó priorizar el diálogo. “Nada justifica esa pérdida, entendemos la posición de los trabajadores y la labor de la PNP, pero la violencia debe cesar de donde venga”, manifestó. En ese sentido, planteó la creación de una Mesa de Trabajo con la participación de los trabajadores, empleadores, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo para llegar a acuerdos equilibrados y con sustento técnico en beneficio de todos.

 

“Urge el restablecimiento de la paz y el orden en el país, no podemos permitir que se pierdan más vidas. El descontrol no nos llevará a nada positivo. Se sigue perjudicando a los pasajeros y la población enfrenta problemas de desabastecimiento de alimentos, bienes intermedios y materia prima porque la Panamericana sigue bloqueada.  Esto no debe seguir escalando, se debe llegar cuanto antes a una solución”, solicitó. Respecto a la Mesa de Trabajo, dijo que es importante escuchar a todas las partes, incluidas las empresas que son las generadoras de empleos.

 

Las necesidades en el país son múltiples, por eso se debe hallar un equilibrio que permita la fluidez de la inversión privada. De nada sirven las normas -prosiguió- si no hay empresas que puedan crear empleos. Ese debe ser el objetivo a priorizar. El marco jurídico es perfectible y se deben abrir los espacios de diálogo con el propósito de abordar el tema desde un punto de vista técnico. Recordó que los empresarios agroindustriales invierten con una proyección de al menos cinco años y acceden a créditos a largo plazo, por lo que cambiar la ley de la noche a la mañana no es lo mejor.

“Es fundamental asegurar la sostenibilidad del sector para garantizar los puestos de trabajo”, acotó el líder gremial. Luego de precisar que los trabajadores agrarios formales tienen los beneficios que ofrece el régimen general como CTS, vacaciones, gratificaciones, seguro de salud, utilidades y bonificaciones, opinó que quienes incumplan la ley deben ser sancionados por Sunafil (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral) para lo cual debe ser fortalecida, a fin de ejecutar apropiadamente las actividades de fiscalización.

 

Fischer puntualizó que las empresas formales tienen certificaciones y son auditadas permanentemente, mientras las informales trabajan libremente e incurren en malas prácticas, perjudicando la imagen del sector que es uno de los motores de la economía nacional.  “Adicionalmente compiten deslealmente con las formales que cumplen con la normatividad”, expresó. Fue claro al rechazar las services y comentó que su contratación no exime a las empresas de sus obligaciones y deben ser solidarias en el cumplimiento y supervisión. Si no actúan apropiadamente, tendrían que ser sancionadas por las autoridades quienes deben aplicar los controles apropiados.

 

“El Estado debe auditarlas (services), por eso regresamos a la necesidad de fortalecer Sunafil. Es importante que las empresas con la necesidad de contratarlas acudan a las formales registradas en el Ministerio de Trabajo y de esa forma puedan ofrecer empleos de calidad”, concluyó.

Detectan perjuicio económico por más de S/ 161 mil en compras de canastas

Contraloría General de la República identificó presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa en 27 funcionarios y ex funcionarios de la Municipalidad de Trujillo. Los resultados de los controles posteriores fueron notificados al titular de la MPT para el inicio de las acciones legales y administrativas correspondientes.

 

La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico por S/ 161,076.00 en la Municipalidad Provincial de Trujillo debido a la compra de canastas de alimentos destinadas a comerciantes informales y trabajadores del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT) durante la emergencia sanitaria por COVID-19, adquisición que se hizo al margen de la normativa y sin que se justificara la necesidad, ni la finalidad pública.

 

En los informes de Servicio de Control Específico N° 037-2020-2-0424-SCE y Servicio de Control Específico N° 038-2020-2-2048-SCE, se identificó, además, la presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa de 27 ex funcionarios, funcionarios y autoridades de la comuna de Trujillo, incluyendo al ex alcalde, el actual burgomaestre y los 14 regidores provinciales.

 

El primer informe señala que la Municipalidad de Trujillo dispuso la compra de 500 canastas para comerciantes informales de los principales mercados del distrito de mismo nombre sustentando la finalidad pública del gasto en los Decretos Supremo N°008-2020-SA y N°044-2020-PCM, en los que se declara la Emergencia Nacional y Sanitaria a nivel nacional por la COVID-19. Según la comisión auditora, estas normas no contemplan la adquisición de canastas para comerciantes ambulantes.

 

Asimismo, se encontró inconsistencia en dicho requerimiento, puesto que al contrastar la información solo se identificaron a 200 personas que calificaban para recibir los alimentos, según el análisis socioeconómico de la comuna trujillana. El informe, que tuvo un periodo de evaluación del 21 de marzo al 18 de agosto de 2020, señala que la compra de canastas se hizo por contratación directa, contraviniendo la normativa de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas.

Tampoco cumplió con la regularización de la contratación directa en el tiempo establecido por Ley de Contrataciones (10 días hábiles), obligando a la entidad a reconocer la deuda a modo de indemnización al proveedor, ocasionando un perjuicio por S/ 68,100,00. El segundo informe, con periodo de evaluación del 25 de marzo al 27 de julio, precisa que la MPT adquirió 624 canastas para el personal del SEGAT por sus servicios prestados durante la cuarentena por la COVID-19, pese a que el D.U N°014-2019 prohíbe la entrega de beneficios adicionales a su remuneración.

 

Además, se evidenció que el beneficio se extendió a gerentes, subgerentes y administrativos. Cabe precisar que, estas canastas fueron adquiridas por contratación directa sin sustento legal y a un proveedor que se encontraba sancionado por el Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE), por lo que está impedido para contratar con el Estado. El pago al contratista contó con la aprobación del consejo municipal y ocasionó un perjuicio económico de S/ 92,976.00.

 

Posteriormente, la comuna trujillana adquirió 411 canastas adicionales a la esposa del proveedor sancionado sin contar con la participación de las áreas correspondientes para su contratación y recepción (área legal y almacén general). A la fecha se viene tramitando el pago de estos víveres, a través de un reconocimiento de deuda, lo que podría ocasionar un perjuicio por S/ 61,239.00

 

Los resultados de los controles posteriores fueron notificados al titular de la Municipalidad de Trujillo para el inicio de las acciones legales y administrativas correspondientes contra los exfuncionarios y funcionarios involucrados. El informe se encuentra en la página web www.contraloria.gob.pe (Sección: Transparencia e Informes de Control).

Defensoría: Municipalidad de casa grande debe garantizar a población acceso al agua

Más de 2000 familias del centro poblado Roma y de la urbanización Víctor Raúl no cuentan con el servicio de agua potable hace dos meses. La situación es grave considerando esta problemática y la pandemia por el COVID-19, donde el servicio de agua resulta fundamental para hacer frente a la enfermedad, en salvaguarda de la salud pública.

                                     

La oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad exhortó a la Municipalidad Distrital de Casa Grande, en la provincia de Ascope, a realizar gestiones inmediatas para garantizar el derecho al acceso al agua potable de los pobladores del centro poblado Roma y de la urbanización Víctor Raúl, quienes no cuentan con agua desde hace más de dos meses. Cabe resaltar que son más de 2000 familias del centro poblado Roma y de la urbanización Víctor Raúl las que no cuentan con agua desde hace más de dos meses, debido a que las motobombas se encuentran malogradas y hasta ahora no han sido reparadas, impidiendo que miles de pobladores reciban el servicio de manera regular.

 

La situación es grave considerando esta problemática y la pandemia por el COVID-19, donde el servicio de agua resulta fundamental para hacer frente a la enfermedad, en salvaguarda de la salud pública de la población. En ese sentido, la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad remarcó que las autoridades locales tienen la responsabilidad de garantizar el servicio de agua para la población, por lo que en este caso la autoridad debe poner en operatividad el sistema afectado. Ante esta situación, la comuna distrital indicó que a través de su Gerencia de Infraestructura y Transporte se encuentra realizando acciones para viabilizar la operatividad de los pozos tubulares.

Los representantes de la Municipalidad Distrital de Casa Grande señalaron que para lograr el acceso al agua han iniciado el diálogo con una empresa a fin de concretar la donación de tres pozos tubulares. No obstante, la institución defensorial recordó que conforme a lo establecido en la Ley Marco de la Gestión de los Servicios de Saneamiento, los gobiernos locales en materia de saneamiento tienen la responsabilidad de planificar e implementar inversiones para el cierre de brechas en el acceso al agua y financiar y cofinanciar la reposición y mantenimiento de la infraestructura de saneamiento del ámbito rural.

 

Finalmente, la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad pone a disposición, para cualquier queja o consulta sobre los servicios públicos, la línea de emergencia 945988011 o el correo odlalibertad@defensoria.gob.pe.