UPAO

domingo, 20 de octubre de 2019

Sociedad civil casagrandina exige recuperación de aportes urbanos

“Este proceso de entrega de áreas públicas no se ha culminado en Casa Grande y en los centros poblados Roma y Mocan todos los aportes urbanos la empresa azucarera los mantiene como de su propiedad. Responsabilizo de esta situación a las anteriores gestiones municipales”, manifestó Alberto Bailón Bustamante.

Mediante un documento ingresado a la municipalidad de Casa Grande, integrantes de la sociedad civil del distrito azucarero vienen exigiendo la recuperación de los aportes urbanos de los centros poblados Casa Grande, Roma y Mocan que debieron entregarse hace más de veinte años y actualmente están en posesión de la empresa agroindustrial Casa Grande.

“En el año 1988 la asamblea de delegados de la empresa Casa Grande acordó vender las casas a sus trabajadores por lo que fue necesario realizar el cambio de uso de los terrenos ya que la reforma agraria entregó los centros urbanos como tierras agrícolas. La ley de habilitaciones urbanas y el reglamento nacional de construcción consideran como aportes urbanos un mínimo de 13% del área habilitada (2% para salud, 2% educación y 9% para el desarrollo de la ciudad)”, señaló Alberto Bailón Bustamante, integrante del colectivo ciudadano.

“Este proceso de entrega de áreas públicas no se ha culminado en Casa Grande y en los centros poblados Roma y Mocan todos los aportes urbanos la empresa azucarera los mantiene como de su propiedad. Responsabilizo de esta situación a las anteriores gestiones municipales. Poco se ha hecho desde la municipalidad para recuperar estos espacios públicos que, en su mayoría, se encuentran abandonados”, precisó.

“No es posible que se haya hecho una inversión de 2 millones 300 mil soles en el Club Cooperativo, el mismo que todavía no se encuentra registrado a nombre del Estado, de nuestra municipalidad. No es posible que no se pueda hacer inversión en las instituciones educativas por que no cuentan con el respectivo saneamiento físico legal, por eso se perdió la oportunidad de contar con colegios emblemáticos en los distritos de Casa Grande y Santiago de Cao”, reiteró Bailón Bustamante.

“Es tiempo de sincerar el territorio y así generar mayores oportunidades, mejorando la calidad de vida de los casagrandinos. Los principales interesados en este proceso de recuperación deben ser las autoridades, por eso ingresamos información relevante para que puedan tomar decisiones informadas. Se trata de exigir a la empresa Casa Grande que entregue los aportes urbanos que mantiene como propios”, enfatizó.

“Faltan recuperar 28 bienes que han sido observados entre los cuales se tiene el Club Cooperativo, el local de la Policía Nacional de Casa Grande, el terminal terrestre  y todos los bienes de servicio públicos de los centros poblados y que representan aproximadamente 41 mil 340.09 metros cuadrados, asimismo, la empresa Casa Grande debe devolver a la municipalidad 138 mil 682.60 metros cuadrados para recreación pública de los cuales ya se ha solicitado 77 mil 490.73 metros cuadrados”, concluyó.

Perú: Solo el 65% de la PEA ha completado estudios secundarios

Programas educativos con tecnología ayudarían a reducir dicha brecha, según se dio a conocer durante el 30° Encuentro Empresarial del Norte. Gonzalo Galdós indicó que actualmente la tecnología se está incorporando a la educación a través de los dispositivos móviles, con enseñanza virtual y gestión de datos.

Para entender el problema del sector educación y cómo va incorporando el uso de tecnología en la educación, la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), reunió en el 30° Encuentro Empresarial del Norte, a los principales ejecutivos del país que vienen desarrollando programas educativos a través del uso de diversas estrategias y tendencias que van de la mano de las nuevas tecnologías de la información.

Durante su ponencia denominada “El aprendizaje del mañana”, el presidente ejecutivo de Futura Schools, Gonzalo Galdós, indicó que actualmente la tecnología se está incorporando a la educación a través de los dispositivos móviles, con enseñanza virtual y gestión de datos para facilitar el acceso a la información y el aprendizaje. Asimismo, destacó el desarrollo de incubadoras a gran escala como una importante dimensión de la educación para enseñar a formar empresa desde las aulas.
Para alcanzar tal desarrollo, el CEO de Silabuz.com, Alonso Mujica Troncoso, expuso las cifras que revelan la brecha que existe en dicho sector. “El 65 % de la PEA en el Perú solo ha completado estudios secundarios, y no es porque no quieran aspirar a una educación superior, sino que no tienen las oportunidades. En Latinoamérica menos del 1% de colegios enseñan ciencias de la computación, en comparación a EE.UU. donde al menos el 40% de colegios las enseña”, manifestó.

Frente a este panorama, expuso que Silabuz es una plataforma que pretende enseñar ciencia y tecnología a adolescentes entre 12 y 17 años con el objetivo de que puedan desarrollar sus propias ideas y transformarlas en proyectos. Finalmente, la sesión ‘El futuro de la educación y la salud’ contó con la participación del gerente de la vertical de Educación de Lenovo Latinoamérica, Samir Estefan, quien planteó que primero debemos analizar nuestra realidad para luego poder aplicar la tecnología a la educación de manera acertada, o cómo aplicarla para mejorar la metodología con la que se viene trabajando.

Pocos jueces y fiscales honestos remecen estructura corrupta en justicia

La Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera, ha sido muy enfática el afirmar que esa decisión de separar al Fiscal Supremo Pablo Sánchez quien realiza investigaciones, no son atribuciones de la Junta de Fiscales Supremos sin haber sido delegadas y lo que pretenden es declarar la nulidad de todo lo actuado en las investigaciones.

Por: Amaro Rodríguez Santillán

La entronizada y  endémica corrupción en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, como administradores de la justicia en el Perú, a manera de cáncer en metástasis cada vez más enmarañada en beneficio de mafias, pero por el trabajo honesto de pocos fiscales y jueces a manera de sismo, remeció la estructura del Poder Judicial y causó temor entre los magistrados corruptos.

El Poder político se suma al poder económico, sus operadores los congresistas, actúan sin distinción de banderas partidarias, se articulan fuertemente para mantener la sombra de impunidad mediante el blindaje de los actos corruptos que afecten a sus intereses, dejando de lado el interés nacional en privilegio de sus propios intereses.

Para alegría de los que creemos que los cambios para alcanzar una justa administración de justicia en el Perú continuarán, ha sido el pronunciamiento de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, ante el acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos de separar al Fiscal Supremo Pablo Sánchez, encargado de investigar a otros Fiscales Supremos como presuntos actores en actos de corrupción.

La Presidenta del Ministerio Público ha sido muy enfática el afirmar que esa decisión de separar al Fiscal Supremo Pablo Sánchez quien realiza investigaciones, no son atribuciones de la Junta de Fiscales Supremos sin haber sido delegadas y lo que pretenden es declarar la nulidad de todo lo actuado en las investigaciones contenidas en 20 carpetas durante más de un año de trabajo.

El pueblo peruano necesita conocer a un mayor número de jueces y fiscales, quienes con sus decisiones ajustadas a la normatividad vigente, puedan convencer al pueblo peruano que la justicia es igual para todos, eliminando la impunidad la que secularmente imperó en nuestra patria, la justicia era para quien pueda comprarla, bastante indigno, pero lamentablemente en términos generales fue una realidad.

Aprueban Reglamento y modificación al TUPA del Depósito Municipal de Vehículos

Próxima semana comienza a trabajar la primera grúa de la Municipalidad Provincial de Trujillo para seguir ordenando el transporte en la ciudad. “Vamos a aprobar los costos a través de una resolución de alcaldía y el martes o miércoles podrán estar operando las grúas, sobre todo en el centro histórico”, señaló alcalde Daniel Marcelo Jacinto.

El Concejo Municipal de Trujillo aprobó los proyectos de ordenanza del Reglamento para la administración y funcionamiento del Depósito Municipal de Vehículos (DMV) de la MPT y modificar el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) creando el Procedimiento administrativo de liberación de vehículos internados en el DMV, costos, requisitos y plazos. Fue en sesión extraordinaria dirigida por el alcalde provincial Daniel Marcelo Jacinto, donde después de debatirse ambos puntos de agenda fueron aprobados por unanimidad. El Reglamento aprobado tiene 20 artículos, dos disposiciones complementarias transitorias y dos complementarias finales.

El DMV funciona en la parte posterior del Terrapuerto de Trujillo y no estaba en las mejores condiciones, sobre todo en seguridad. Estaba enrejado y saturado. Allí ingresaron ladrones y robaron autopartes, también personas con armas a recuperar sus vehículos. La gestión anterior compró cerros de arena y gravilla que se quedaron en este lugar. Se trasladó todo eso a otro local edil que se conoce como “rellenito” y se demolieron construcciones existentes para ampliar el uso del DMV.

“Se le está mejorando para que reúna condiciones mínimas”, explicó Daniel Marcelo. Agregó que se tomó la decisión de construir un depósito más seguro y siguiendo recomendaciones técnicas. Es un proyecto integral con iluminación incluso bajo sistema de paneles solares porque por allí no hay redes eléctricas. Se está incluyendo SS.HH, entre otros. Este local tiene un área de 18,584.99 m2 y todo será destinado como depósito municipal ya que solo se estaba utilizando menos de 5 mil m2. Para fin de año debe quedar debidamente terminado.
Allí se ha llevado vehículos de la periferia de comisarías como El Alambre y La Noria que estaban en la vía pública. También irán los vehículos que son intervenidos en operativos y aquellos que estén abandonados en las calles durante mucho tiempo. Para el caso del DMV el burgomaestre indicó que no se contaba con el instrumento legal que permitiera su funcionamiento desde que llegan hasta su salida y que esto es parte de lo proyectado para seguir ordenando la ciudad respecto al transporte público y privado

“Lo ideal es que no vayan carros al depósito, pero dadas las circunstancias, en que hay muchos conductores reacios a acatar las normas ediles y se burlan de la autoridad estacionándose en zonas rígidas o cometiendo otras infracciones, es que se tiene que aplicar estos mecanismos que la ley prevé”, dijo. Señaló que hay conductores que pagan su papeleta a las pocas horas de recibirlas o al día siguiente cancelando solo el 50% del total y que esto se debe a que estas unidades son sus herramientas de trabajo y las necesitan.

Paralelo a eso, la próxima semana deben estar saliendo las grúas que trasladarán los vehículos infractores al DMV. “Vamos a aprobar los costos a través de una resolución de alcaldía y el martes o miércoles podrán estar operando las grúas, sobre todo en el centro histórico que es donde más se vulnera las zonas rígidas”, añadió. Sobre este tema indicó que la municipalidad ha implementado como grúa un vehículo que estaba inoperativo, que ya está listo para entrar en servicio y que hay otra unidad que se viene terminando de arreglar. 

Según lo previsto, el servicio de remolque de grúa por vehículos menores tiene un costo  de S/ 90, por vehículo liviano S/ 106  y por vehículo pesado S/ 120. Al respecto, sostuvo que el servicio de una grúa particular es mucho más caro. “Hemos pedido que se usen tarifas sociales. No vamos a lucrar. Solo se busca cubrir los costos o gastos operativos de chofer, ayudante, combustible y uso de máquina”, expresó. En tanto que el servicio de guardianía por internamiento diario del vehículo tendrá los siguientes costos: por vehículo menor S/ 6, liviano S/ 8 y pesado S/ 16.

Perú sede de la XXXI Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS

El evento reunió a los titulares y representantes de 20 EFS miembros plenos de la OLACEFS entre las cuales figuran Argentina, Bolivia, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

El contralor general Nelson Shack Yalta anunció que el Perú será sede de la edición XXXI Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), a realizarse en el año 2021, y reunirá a las autoridades de las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) de la región. El Contralor General del Perú, en su calidad de presidente de la OLACEFS, lideró la LXX Reunión del Consejo Directivo y la XXIX Asamblea General Ordinaria de la Organización Regional, que se realizó en la ciudad de San Salvador, capital de El Salvador, del 15 al 18 de octubre.

El evento reunió a los titulares y representantes de 20 EFS miembros plenos de la OLACEFS entre las cuales figuran Argentina, Bolivia, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Durante la apertura de la LXX Reunión Ordinaria del Consejo Directivo, el presidente de la OLACEFS aprovechó la ocasión para solidarizarse con los colegas de la Contraloría del Ecuador por la situación ocurrida durante el fin de semana.

"Exhorto a los participantes a aprovechar al máximo los conocimientos a exponerse en esta sala, reiterando que el propósito fundamental es que los mismos puedan ser replicados dentro de sus instituciones en la medida que sus marcos regulatorios les permitan, esperando que los mayores beneficios que puedan generarse en materia de transparencia e integridad pública, impacten positivamente en la ciudadanía”, dijo Shack Yalta. Mientras que la LXX Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS tuvo como objetivo abordar los temas relacionados con las actividades de los Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo durante el 2019.

Además, en la reunión se detallaron los reportes de la Comisión de Participación Ciudadana (CPC), la Comisión de Evaluación del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras de Superiores e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR), la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG), entre otros órganos técnicos de la OLACEFS. La XXIX Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS tuvo por objetivo fortalecer los avances de la fiscalización pública y lucha contra la corrupción, intercambiar conocimientos y experiencias sobre los asuntos de interés en común y consolidar los lazos de cooperación existentes.
Así también, constituye el espacio en donde los diversos órganos técnicos que conforman la OLACEFS presentan sus informes de actividades de gestión. Los temas técnicos que se desarrollaron durante la Asamblea General fueron: la aplicación y validez jurídica de firmas electrónicas y documentos electrónicos en el proceso de la auditoría; y el mejoramiento de la gestión de la integridad institucional, relevancia en las EFS y en el sector público. Además de presidir la Asamblea General, la Contraloría General del Perú tuvo a cargo la moderación del tema sobre mejoramiento de la gestión de la integridad institucional.

Asimismo, la coordinación y desarrollo del “Panel sobre Integridad pública como mecanismo para fortalecer la lucha contra la corrupción”. El Contralor Shack rindió un informe de las actividades realizadas en 2019 y destacó el Concurso de Investigación Regional 2019, actividad desarrollada en conjunto entre la Presidencia de la OLACEFS y el Comité de Asesoría Jurídica (CAJ), presidido por la EFS de El Salvador. En el caso de la Comisión de Participación Ciudadana (CPC), presidida por la CGR del Perú.

Se destacaron los avances en el Plan Operativo Anual (POA) al tercer trimestre del 2019, donde el mayor avance se registra en la implementación de una estrategia de difusión efectiva de los resultados de la CPC (81.6%), seguido de promover la participación de la ciudadanía en los procesos de fiscalización y la implementación de laboratorios de innovación pública. En materia de la estrategia de comunicación con stakeholders externos, se realizó un análisis estratégico, se elaboró un diagnóstico y recomendaciones del sitio web de la OLACEFS y la sección de Auditorías Coordinadas.

También se elaboró un mapeo de 114 actores clasificados según su grado de involucramiento con la OLACEFS, y se diseñaron análisis de estrategias por categorías de actores y estructura organizativa, para su implementación. Shack Yalta también suscribió, en representación de la Contraloría General del Perú, un convenio marco de cooperación interinstitucional con la Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala, representada por su titular Edwin Salazar.

El objetivo del referido convenio es establecer el marco general para facilitar y desarrollar la cooperación interinstitucional entre las EFS de Guatemala y Perú, en materias de interés común, a través del intercambio de información, desarrollo de programas de investigación, colaboración, asesoría y asistencia técnica con miras al logro de sus fines. Asimismo, la Contraloría del Perú firmó un convenio marco con la EFS de Belice, con el fin de facilitar y desarrollar la cooperación interinstitucional con miras al logro de fines comunes a través de la colaboración, asesoría y asistencia técnica.