Campaña de uva inició con un crecimiento de 10.96%

“Cada día de protesta habría impedido la salida de unos 200 contenedores de productos, lo que representa una pérdida de unos US$ 10 millones por día. Recordemos que cada contenedor que se deja de movilizar tiene un valor de cerca de US$ 50 mil en promedio”, informó el gremio exportador.

 

La campaña de la uva inició con buen pie al ser exportada en octubre por US$ 80 millones 152 mil, 10.96% más respecto al mismo mes del 2019, sin embargo, existe una preocupación ante las medidas de fuerza en Ica –primera región productora– que afectaron el libre tránsito durante todo el mes de diciembre, informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX). Respecto al acumulado enero-octubre, los envíos ascendieron a US$ 546 millones 158 mil, presentando un crecimiento del 23% en comparación al mismo periodo del 2019. Ica lideró las ventas al exterior de este producto al sumar US$ 324 millones 064 mil (17.9%).

 

Además, fue su principal partida no tradicional al concentrar el 24.8% del total de estos despachos. Si bien el desempeño es positivo, el gremio empresarial alertó sobre una probable afectación por la paralización de trabajadores agrarios y bloqueo de carreteras, que se verá reflejado en los montos no solo de las uvas, sino de otros productos agroindustriales como los espárragos o paltas. “Cada día de protesta habría impedido la salida de unos 200 contenedores de productos, lo que representa una pérdida de unos US$ 10 millones por día. Recordemos que cada contenedor que se deja de movilizar tiene un valor de cerca de US$ 50 mil en promedio”, informó el gremio.

Otras regiones productoras de uva (a octubre) fueron Piura (US$ 128 millones 796 mil), que incrementó sus despachos en 16.6%; Lambayeque (US$ 24 millones 077 mil), que cayó en -2.4%; y La Libertad (US$ 17 millones 051 mil), también cerró a la baja con -16.3%. ADEX destacó la importancia de incidir en la apertura sanitaria de más mercados para esta fruta –Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa)- a fin de fomentar su internacionalización. Entre enero y octubre la uva peruana llegó a 48 destinos, EE.UU. lideró el ranking con US$ 242 millones 191 mil y un aumento del 40.93% (participación del 44.34%).

 

En el segundo puesto estuvo Países Bajos (US$ 68 millones 300 mil) al crecer 14.53% y representar el 12.51% de estos despachos. También destacaron Hong Kong (US$ 66 millones 688 mil), México (US$ 26 millones 653 mil) y China (US$ 25 millones 766 mil). Completaron el top ten Reino Unido, España, Colombia, Corea del Sur y Canadá. Solo China, en el quinto lugar, se redujo en -22.4%.

 

Cabe mencionar que la variedad más exportada es la Red Globe, sin embargo, también vienen posicionándose otras como Sweet Globe, Sugraone, Crimson, Thompson, Sweet Celebration, Jack Salute, Flame Seedless, Sweet Sapphire, entre otras. En el subsector agropecuario-agroindustrial, la uva ocupó el tercer lugar, solamente superado por la palta y el arándano (Data de enero a octubre).

Innovación y competitividad deben ser incluidas como políticas de gestión pública

Al gobierno regional lo está asesorando el Instituto Peruano de Economía (IPE), trabajándose todos los pilares de competitividad, explicó, añadiendo que esos pilares deben ser trabajados de manera conjunta con la universidad, la empresa y la sociedad civil, señaló el gobernador regional Manuel Llempén Coronel.

 

En la última sesión virtual de este año del Comité Regional de Empresa Estado y Sociedad Civil Organizada – CREEAS, el gobernador regional Manuel Llempén Coronel sostuvo que la innovación y competitividad deben ser políticas de gestión gubernamental, conciliando los grandes objetivos de la empresa, academia, sector productivo, Estado y sociedad civil. “Hay que alinearnos a lo que el Gobierno Central propone, pero conservando los pilares y principios de competitividad, especialmente en lo que concierne a innovación”, dijo.

 

Planteó seguidamente que al año 2030 La Libertad debe ser una región próspera, moderna, competitiva, sostenible y con servicios de calidad en salud y educación. Ese debe ser el horizonte. Al gobierno regional lo está asesorando el Instituto Peruano de Economía (IPE), trabajándose todos los pilares de competitividad, explicó, añadiendo que esos pilares deben ser trabajados de manera conjunta con la universidad, la empresa y la sociedad civil, añadió. “Creo que en La Libertad nosotros estamos en capacidad de realizar eso con el asesoramiento y apoyo del Gobierno Central para llegar a donde nos proyectemos”, precisó al intervenir ante el panel virtual, deseando a todos un feliz año 2021.

 

CREEAS es una alianza estratégica conformada por los principales líderes de la región La Libertad que facilita la unión de esfuerzos, voluntades y conocimientos entre las empresas, el Estado, la academia y la sociedad civil organizada., que promueve e implementa sinergias para conformar un ecosistema regional de innovación y emprendimiento que contribuya a la mejora de la competitividad de las organizaciones y la calidad de vida de la población.

 

“Este es un esfuerzo sin precedentes en La Libertad y en el país”, dijo Llempén, pidiendo permiso para cumplir con otras actividades de gestión y agradeciendo el tiempo y dedicación de cada uno de los integrantes de este proyecto cuya visión es trascender a los gobiernos de turno y a las personas para lograr el desarrollo sostenible de la región y su población. CREEAS busca que La Libertad alcance estándares internacionales de competitividad y calidad de vida de la población.

 

Ello se espera alcanzar mediante el desarrollo de las principales líneas de investigación y desarrollo tecnológico relacionadas a las principales cadenas y sectores productivos estratégicos para genera ciencia, tecnología e innovación, así como bienes y servicios de alto valor agregado.

OCMA sancionó a 2,932 jueces y auxiliares que incurrieron en faltas durante 2020

En el caso de magistrados, 115 fueron propuestos ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para sus destituciones; 80 están con medidas cautelares suspendidos de sus funciones; 350 amonestados, y 300 multados; estos últimos por faltas menores.

 

La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) presidida por Mariem De La Rosa Bedriñana, impuso un total de 2,932 sanciones entre jueces y auxiliares jurisdiccionales a nivel nacional, por diversas faltas que cometieron en el ejercicio de sus funciones durante el presente año. Según la información que se encuentra publicada en el portal web de la OCMA, a la fecha, 845 sanciones fueron para magistrados, y 2,087 para auxiliares jurisdiccionales.

 

En el caso de magistrados, 115 fueron propuestos ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para sus destituciones; 80 están con medidas cautelares suspendidos de sus funciones; 350 amonestados, y 300 multados; estos últimos por faltas menores. El portal institucional también indica que, 111 auxiliares jurisdiccionales fueron propuestos ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) para sus destituciones;

 

49 se encuentran con medidas cautelares suspendidos de sus funciones; 1,237 amonestados, y 690 multados, estos últimos por faltas menores. Cabe precisar que los jueces contralores y el personal adscrito a las labores disciplinarias en la OCMA sede central, así como en las ODECMA del país, efectuaron tales acciones durante el flagelo de la pandemia por el Covid-19, en estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

Contraloría reitera disposición del control concurrente para acompañar despliegue de vacunas

Contralor Nelson Shack Yalta expresa preocupación por demora en la toma de decisiones de compra. Enfatizó que la principal preocupación de la Contraloría General de la República es conocer cómo se va a desplegar los procedimientos logísticos (cadena de frío, criterios de distribución, entre otros) para proceder con la adquisición.

 

La Contraloría General de la República reitera a las autoridades del Poder Ejecutivo, su apoyo con la realización del control concurrente al proceso de compra de vacunas contra la COVID-19 y así contribuir a que las medidas adoptadas por el gobierno tengan éxito, señaló el contralor Nelson Shack Yalta. Sin embargo, recordó que hace tres meses, apenas se emitieron los dispositivos que autorizaron la compra de las vacunas, el máximo ente del Sistema Nacional de Control ofreció el apoyo del control concurrente a los entonces representantes del Poder Ejecutivo, ya que la disponibilidad de las vacunas es algo prioritario y debe preocupar a todos los peruanos.

 

“Al igual que todos los peruanos, estamos sumamente preocupados por la disponibilidad real y oportuna de las vacunas. Todos los funcionarios públicos debemos ser conscientes de que lo más importante es salvar la vida de la gente y tenemos que hacer todo lo necesario para lograr ese cometido”, indicó. Asimismo, manifestó que el proceso de compra de las vacunas contra la COVID-19 es muy complejo y en su momento se emitieron dispositivos específicos orientados a levantar observaciones legales, ya que la normatividad de contrataciones no estaba diseñada para comprar, en el marco de una emergencia, una vacuna que no existía en su momento.

Shack Yalta enfatizó que la principal preocupación de la Contraloría General de la República es conocer cómo se va a desplegar los procedimientos logísticos (cadena de frío, criterios de distribución, entre otros) para proceder con la adquisición de las vacunas. “Varios informes de control han reiterado las precariedades de los sistemas de cadena de frio actualmente existentes en distintos hospitales”, acotó, aunque recordó que en diciembre se publicó un Decreto de Urgencia N° 131-2020 que otorga recursos a la adquisición de cadena de frío para fortalecer los puntos de almacenamiento y conservación de la vacuna.

 

En ese sentido, el titular de la Contraloría reiteró que el control concurrente es una modalidad de control que ayuda a detectar situaciones de riesgo para evitar perjuicios económicos futuros y graves afectaciones a los servicios públicos. Así se expuso en las recientes reuniones sostenidas con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez y la presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli, y se reiterará en próximas reuniones con el Ministerio de Salud. Mientras que para el próximo año se tiene previsto realizar servicios de control posterior para determinar si hay responsabilidades en la demora de la compra de la vacuna contra la COVID-19.