Frank
Almanza, fiscal coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia
Ambiental, alertó sobre posible influencia de estas mafias en la política,
porque “todo aquel que tiene poder económico busca poder político”. Cuestionó
también la falta de recursos logísticos para enfrentar esa actividad ilegal que
se sigue expandiendo bajo el amparo del Reinfo.
El fiscal
superior coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental
(FEMA), Frank Almanza, se sumó a las voces que consideran muy
posible que los mineros ilegales financien a políticos en las elecciones
generales, regionales y municipales del 2026. “Todo aquel que tiene poder
económico busca poder político. Así que no sería extraño que el dinero de la
minería ilegal financie candidaturas”, respondió Almanza a la pregunta de si
creía que el avance de la minería ilegal perturbaría las próximas elecciones.
No solo
el fiscal Almanza piensa así. Según un estudio de Ipsos, el 70 % de peruanos
dijo que esta actividad financiará la próxima campaña electoral, mientras que
el 82 % señaló que este grupo tiene actualmente influencia en el Congreso y los
gobiernos regionales. Según el fiscal, ahora que se aproximan las elecciones,
los candidatos a diputados, senadores y presidente deben plantear soluciones
claras sobre esta situación. “Debería ser un punto imprescindible en el debate
de las campañas”, señaló Almanza.
Para
Almanza, lo importante en este momento es que el problema de la minería ilegal
ha sido visibilizado. Nadie puede decir que no sabía, y la población ya está
sensibilizada. El fiscal refirió que las fiscalías ambientales persiguen los
delitos de minería ilegal y realizan acciones de interdicción, como la
destrucción de maquinaria, dragas, tracas (explosivos) y retroexcavadoras. Sin
embargo, precisó que el número de maquinaria en Puerto Maldonado, por ejemplo,
es muy alto.
Para el
fiscal, lo más importante para enfrentar a los mineros ilegales es identificar
a los que están detrás de las organizaciones dedicadas a la minería ilegal.
Para eso, dijo, es relevante contar con trabajo de inteligencia operativa, una
búsqueda que conduzca a ellos. “Si solo intervenimos a los que están al lado de
una máquina, capturamos al peón. Esa es la parte que falta. A partir de allí se
podría empezar a hacer un trabajo serio”. Almanza también consideró que el Registro
Integral de Formalización Minera (Reinfo) se ha convertido en un escudo
para operar ilegalmente.
Recordó
que, desde el 2012, menos del 2 % se ha formalizado y que actualmente hay más
de 80,000 Reinfo, de los cuales 60,000 están suspendidos. “Pero estar
suspendido no les impide operar. Y la norma —el Decreto Legislativo 1351, con
una disposición complementaria final— dice que basta con tener el Reinfo para
estar exonerado de delitos. Es una exención de responsabilidad. Nos hemos
opuesto a que se siga prorrogando”, explicó. Pese a eso, las fiscalías hacen
esfuerzos para perseguir los delitos contra el medio ambiente.
Sin
embargo, no tienen la logística que hace falta. Almanza precisó que necesitan
camionetas 4x4 para la sierra; deslizadores y chalupas para la selva; chalecos
antibalas, ropa adecuada, botas con punta de acero, linternas, videocámaras,
chalecos salvavidas, cuchillos de supervivencia, machetes, carpas y bolsas de
dormir. “Pero el presupuesto para este año ha sido cero. Para Pataz sí se abrió
presupuesto, pero solo después de la tragedia”, concluyó.