La
norma no puede ser un refugio para la informalidad ni un salvavidas para la
ilegalidad. Expertos, autoridades y líderes indígenas plantean que la nueva ley
asegure trazabilidad, fiscalización y zonas intocables para proteger la vida y
el ambiente.
Especialistas,
autoridades y líderes indígenas coincidieron en un punto: la nueva Ley de
Minería Artesanal y de Pequeña Minería (Ley MAPE) no puede seguir siendo un
salvavidas para la ilegalidad. La norma debe ser una herramienta para ordenar
la actividad y cerrar definitivamente el paso a quienes contaminan ríos y
operan al margen de la ley. Ese fue el consenso en el seminario “Hacia una
ley de la minería pequeña y artesanal que contribuya al desarrollo sostenible
del país”, organizado por el Colegio de Abogados de Lima.
César
Ipenza Peralta
y Karina Cecilia Garay Tapia, del Observatorio de Minería Ilegal (OMI),
presentaron diez propuestas entregadas a la Comisión de Energía y Minas del
Congreso. La primera: diferenciar con claridad al minero artesanal del informal
y del ilegal. Garay Tapia explicó que esta actividad tiene dos caras: por un
lado, es sustento y dinamiza economías locales; por el otro, deja impactos
sociales, ambientales y legales. “Cada semana, en las zonas donde se practica,
aumentan los índices de criminalidad y de deforestación”, advirtió.
También
cuestionó lo fácil que resulta operar sin cumplir requisitos. “Un minero que
quiere formalizarse solo necesita inscribirse en el Reinfo y ya puede empezar a
trabajar. En cambio, si uno quiere abrir una simple tienda, la municipalidad
exige permisos y no deja abrir hasta que se cumplan. Con la minería no pasa lo
mismo. Necesitamos orden y reglas claras”, dijo. Para Ipenza, el control debe
concentrarse en las plantas de beneficio, donde se procesa el mineral. Si no se
fiscalizan, es imposible rastrear el origen del oro o frenar el uso de químicos
peligrosos. Se debe involucrar a la SUNAT y a la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) en ese trabajo.
El
viceministro de Energía y Minas, Henry Luna, puso la lupa sobre estas
empresas. Varias figuran entre los principales productores nacionales sin tener
minas propias, como Beta Dorada (octavo productor nacional), Paltarumi (décimo
lugar en solo un año de operaciones), Laitaruma, Caravelí o Paraíso. “¿De dónde
sacan el mineral? ¿Lo compran de manera lícita?”, preguntó, pese a que el
Estado debería tener las respuestas. Angela Grossheim, de la Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo y Energía, insistió en que se debe garantizar
la trazabilidad no solo del mineral, sino también de la maquinaria, los
combustibles, los insumos químicos y explosivos que alimentan la minería
ilegal.
Criticó,
además, que se haya reducido el presupuesto para enfrentar esta actividad
ilícita. “La nueva ley debe estar pensada para la pequeña minería, no para
encubrir a la ilegalidad”, dijo. El OMI también propuso que la Ley MAPE declare
zonas intangibles: áreas naturales protegidas, ríos, territorios indígenas y
sitios arqueológicos. Esos lugares deben ser intocables. El oro no puede valer
más que el agua o la vida, señaló Ipenza. La lideresa indígena Teresita
Irene Antazú López, del pueblo Yanesha, dio testimonio de lo que ocurre en
Madre de Dios, contó que las comunidades deben caminar una hora para encontrar
agua limpia, mientras los ríos están contaminados con mercurio.
“Los
mineros ilegales envenenan el agua y los peces. La gente ya no puede bañarse
porque la piel se les llena de ronchas”, denunció. Juvenal Silva, de la Sociedad
Zoológica de Frankfurt, añadió este dato: la minería ilegal ya afecta a 48
comunidades indígenas en la Amazonía, una quinta parte del territorio nacional.
“Lo que ayer era verde hoy es gris plomo”, dijo. Se deforestan miles de
hectáreas y se contamina el agua de cuatro millones de personas. Diana
Carolina Gonzales Delgado, congresista de Avanza País, señaló que el Reinfo
terminó siendo un refugio para la informalidad.
Como
resultado, se extraen minerales sin pagar impuestos, no se responde por los
daños ambientales, se contrata mano de obra en condiciones precarias y se
cometen delitos. Recordó que, en octubre pasado, representantes de los mineros
intentaron ampliar el Reinfo por cinco años más. Aunque su pedido no prosperó
como querían, sí se amplió por seis meses más una prórroga de medio año que
vence el 31 de diciembre de este año.
