Sobre el caso del proyecto habitacional Los Álamos, Los Brillantes de Mansiche, Los Brillantes de Santa Inés I y Los Brillantes de Santa Inés II en la ciudad de Trujillo, igualmente se señala en el informe que se ha encontrado indicios razonables de presunta responsabilidad penal en Jorge Aparicio y otros ex servidores.
La Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el congresista Eduardo Espinoza Ramos (UPP), aprobó por mayoría los informes finales sobre los casos de presuntas irregularidades en las que habrían incurrido funcionarios del Banco de Materiales (Banmat) y efectivos de la Policía Nacional que custodiaban un sector del Parque de la Reserva. Seguidamente, anunció la entrega de todo lo actuado al Poder Judicial y al Ministerio Público como contribución al proceso que se desarrolla en esas instancias.
En lo que concierne al primer caso, se señala que se ha podido determinar que no existe justificación ni sustento legal técnico para el cobro de una comisión de gestión del Fondo Revolvente por 74 millones de nuevos soles por cuanto no se ejecutó ninguna acción para acreditar una efectiva cobranza. Señala responsabilidades de quien fue gerente general de la entidad, Jorge Aparicio Delgado a quien sindica de haber actuado con dolo al fraguar los estados contables del Ejercicio Económico 2006.
Asimismo, por distribuir utilidades inexistentes entre cesantes y cesados, con lo cual se habría beneficiado económicamente. En forma similar acusó a otros ex funcionarios. Sobre el caso del proyecto habitacional Los Álamos, Los Brillantes de Mansiche, Los Brillantes de Santa Inés I y Los Brillantes de Santa Inés II en la ciudad de Trujillo, igualmente se señala en el informe que se ha encontrado indicios razonables de presunta responsabilidad penal en Aparicio y otros ex servidores por la presunta comisión del delito contra la administración pública-negociación incompatible con el cargo.
En el documento se manifiesta la existencia de delitos de peculado, estafa, anomalías e irregularidades como el caso de haberse otorgado créditos a clientes que no sustentaron el ingreso mínimo exigido para calificar como sujeto de crédito, y a trabajadores del Banmat que no reunían los requisitos establecidos. Del análisis del documento de levantamiento del secreto bancario se concluyó que los funcionarios, encabezados por Aparicio, habían incurrido en el delito de enriquecimiento ilícito, de acuerdo a la tipificación en el Código Penal.
En el documento se recomienda a la actual administración, entre otros aspectos, que proceda a iniciar los procesos judiciales pertinentes para los contratos irregulares suscritos con aquellos beneficiarios que no cumplían con los requisitos para acceder al beneficio y proceder al cobro de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
Los congresistas Hildebrando Tapia (UN) y Carlos Raffo (GPF) se abstuvieron de votar después de solicitar la aceptación de las observaciones del congresista Rafael Yamashiro (UN), en el entendido de que podrían afectarse a las empresas privadas sin que tengan responsabilidad. También se abstuvo el parlamentario Jorge Rafael Foinquinos (AP).
En el caso de supuestos cobros sobrevaluados por personal de seguridad perteneciente a la Policía Nacional del Perú que prestaba servicio en el Circuito Mágico de Agua del Parque de la Reserva, el informe, que también fue aprobado por mayoría, determinó que los tres policías, que actuaron como coordinadores, habrían incurrido en delito contra la fe pública y peculado.
En consecuencia, se recomendó remitir al Ministerio Público todo lo actuado en la comisión, para que de acuerdo a sus atribuciones, investigue en profundidad las irregularidades señaladas y posibles delitos en los que se habría incurrido. En el informe también se responsabiliza a la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA) de haber incumplido el convenio marco entre la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional.
Esto generó que el servicio de seguridad policial se haya efectuado de manera informal y sin que se haya establecido el número, la tarifa de los servicios requeridos en cada día de la semana. Cabe recordar que la Comisión de Fiscalización y Contraloría inició la investigación del caso a raíz de la denuncia periodística de que malas autoridades de la comuna limeña habrían sobrevaluado las boletas de varias decenas de policías que prestaban servicio en el Parque de Reserva para fines ilícitos.
La Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el congresista Eduardo Espinoza Ramos (UPP), aprobó por mayoría los informes finales sobre los casos de presuntas irregularidades en las que habrían incurrido funcionarios del Banco de Materiales (Banmat) y efectivos de la Policía Nacional que custodiaban un sector del Parque de la Reserva. Seguidamente, anunció la entrega de todo lo actuado al Poder Judicial y al Ministerio Público como contribución al proceso que se desarrolla en esas instancias.
En lo que concierne al primer caso, se señala que se ha podido determinar que no existe justificación ni sustento legal técnico para el cobro de una comisión de gestión del Fondo Revolvente por 74 millones de nuevos soles por cuanto no se ejecutó ninguna acción para acreditar una efectiva cobranza. Señala responsabilidades de quien fue gerente general de la entidad, Jorge Aparicio Delgado a quien sindica de haber actuado con dolo al fraguar los estados contables del Ejercicio Económico 2006.
Asimismo, por distribuir utilidades inexistentes entre cesantes y cesados, con lo cual se habría beneficiado económicamente. En forma similar acusó a otros ex funcionarios. Sobre el caso del proyecto habitacional Los Álamos, Los Brillantes de Mansiche, Los Brillantes de Santa Inés I y Los Brillantes de Santa Inés II en la ciudad de Trujillo, igualmente se señala en el informe que se ha encontrado indicios razonables de presunta responsabilidad penal en Aparicio y otros ex servidores por la presunta comisión del delito contra la administración pública-negociación incompatible con el cargo.
En el documento se manifiesta la existencia de delitos de peculado, estafa, anomalías e irregularidades como el caso de haberse otorgado créditos a clientes que no sustentaron el ingreso mínimo exigido para calificar como sujeto de crédito, y a trabajadores del Banmat que no reunían los requisitos establecidos. Del análisis del documento de levantamiento del secreto bancario se concluyó que los funcionarios, encabezados por Aparicio, habían incurrido en el delito de enriquecimiento ilícito, de acuerdo a la tipificación en el Código Penal.
En el documento se recomienda a la actual administración, entre otros aspectos, que proceda a iniciar los procesos judiciales pertinentes para los contratos irregulares suscritos con aquellos beneficiarios que no cumplían con los requisitos para acceder al beneficio y proceder al cobro de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
Los congresistas Hildebrando Tapia (UN) y Carlos Raffo (GPF) se abstuvieron de votar después de solicitar la aceptación de las observaciones del congresista Rafael Yamashiro (UN), en el entendido de que podrían afectarse a las empresas privadas sin que tengan responsabilidad. También se abstuvo el parlamentario Jorge Rafael Foinquinos (AP).
En el caso de supuestos cobros sobrevaluados por personal de seguridad perteneciente a la Policía Nacional del Perú que prestaba servicio en el Circuito Mágico de Agua del Parque de la Reserva, el informe, que también fue aprobado por mayoría, determinó que los tres policías, que actuaron como coordinadores, habrían incurrido en delito contra la fe pública y peculado.
En consecuencia, se recomendó remitir al Ministerio Público todo lo actuado en la comisión, para que de acuerdo a sus atribuciones, investigue en profundidad las irregularidades señaladas y posibles delitos en los que se habría incurrido. En el informe también se responsabiliza a la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA) de haber incumplido el convenio marco entre la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional.
Esto generó que el servicio de seguridad policial se haya efectuado de manera informal y sin que se haya establecido el número, la tarifa de los servicios requeridos en cada día de la semana. Cabe recordar que la Comisión de Fiscalización y Contraloría inició la investigación del caso a raíz de la denuncia periodística de que malas autoridades de la comuna limeña habrían sobrevaluado las boletas de varias decenas de policías que prestaban servicio en el Parque de Reserva para fines ilícitos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario