Informe de Contraloría General de la República revela que el 42% tienen deficiencias en distribución y 32% tuvieron demoras en compra de productos. Estos hechos se vienen advirtiendo como resultado de los servicios de control realizados en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 en La Libertad.
La Contraloría General en La Libertad supervisó los procesos de compras, almacenamiento y entrega de las canastas de víveres de primera necesidad a familias vulnerables en 31 municipalidades de la región, de los cuales el 29% tienen deficiencias en los productos adquiridos. Los auditores advirtieron que los productos adquiridos por nueve municipalidades (29% del total), presentan las diferencias en el peso de los productos adquiridos, la falta de registro sanitario, falta de inocuidad, ausencia de fecha de vencimiento, entre otros.
Estos hechos se vienen advirtiendo como resultado de los servicios de control realizados en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, con la participación de más de 50 auditores que se han desplegado a 8 municipalidades provinciales y 23 distritales de la región La Libertad. El acompañamiento realizado por los auditores de la Contraloría permitió detectar diversas deficiencias que fueron comunicadas a las autoridades ediles con el fin de que adopten las medidas correctivas inmediatas necesarias para darle mayor transparencia a la compra y adquisición de canastas de víveres.
Los hechos detectados están asociados principalmente a las deficiencias en la distribución de canastas que se presentaron en 13 municipios (42% del total), tales como la falta de padrones de beneficiarios, padrones desactualizados, ausencia de actas de entrega, personal edil sin equipos de protección, entre otros. En segundo lugar, se ubicó la demora en los procesos para adquirir los víveres, lo que se reflejó en un total de 10 municipalidades, que representan el 32% del total de entidades ediles supervisada.
En este grupo se encuentran las municipalidades que demoraron en la convocatoria de procesos, demora en la elección del proveedor e incumplimientos de proveedores en la entrega de productos. También se detectó que seis municipalidades (19% del total) tienen deficiencias en la fase de almacenamiento, debido principalmente al uso de locales inadecuados, sin documentación respectiva o sin personal debidamente protegido, para almacenar los víveres antes de ser distribuidos.
El servicio de control a la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 consistió en el desplazamiento del control en municipalidades provinciales y distritales de las 25 regiones del país, con la finalidad de acompañar y supervisar que las autoridades dispongan prioritariamente la adquisición de esta ayuda, el almacenamiento y su distribución hacia las familias que lo necesitan. La labor de los auditores, entre otros aspectos, también consistió en recordar a las autoridades ediles y funcionarios a cargo de los procesos de adquisición y distribución de canastas el cumplimiento de los lineamientos establecidos Contraloría, los cuales son de conocimiento público.
De acuerdo a las recomendaciones emitidas, los municipios deben garantizar la consistencia y coherencia entre las adquisiciones realizadas y el volumen de productos entregados a las familias beneficiarias. Del mismo modo, todos los recursos públicos asignados a los Gobiernos Locales deberán estar orientados a la contratación de bienes que coadyuven con esta finalidad y no serán destinados a difundir propaganda o publicidad orientada a persuadir a la población para favorecer a autoridades u organización política en particular.
Asimismo, los auditores de la Contraloría están apoyando a las autoridades ediles a ingresar la información de sus actividades en la “Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública en la Emergencia Sanitaria COVID-19” que implementó el máximo ente del Sistema Nacional de Control. En las visitas del Mega Operativo de Emergencia Sanitaria 2020 se pudo comprobar que muchas entidades municipales no cumplieron con este requisito establecido.
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