Se compartirá información de estos casos con el Ministerio Público, adelantó el Contralor General de la República Nelson Shack Yalta. Los resultados de esta fiscalización se han obtenido aplicando sistemas informáticos que permiten el análisis masivo de datos, tecnología que viene implementándose para efectivizar la labor del control.
El contralor general, Nelson Shack Yalta, reveló que identificaron a 4,212 funcionarios y servidores públicos a nivel nacional quienes habrían recibido canastas de víveres, a pesar de que no se encontraban dentro de la población vulnerable durante el estado de Emergencia Sanitaria por COVID-19, puesto que sus ingresos netos fluctúan entre los S/ 1,200 y los S/ 10,000 mensuales.
En conferencia de prensa, Shack Yalta precisó que el cruce de información en línea del portal “Monitor de control y transparencia COVID-19” con la data de diversas entidades del Estado permitió conocer que 1,055 funcionarios y servidores públicos tienen ingresos netos que oscilan entre los S/ 1,200 y S/ 2,000 mensuales, otros 2,477 reciben entre S/ 2,001 y S/ 3,000, y 627 registran ingresos entre S/ 3,001 y S/ 5,000.
Los resultados de esta fiscalización se han obtenido aplicando sistemas informáticos que permiten el análisis masivo de datos, tecnología que viene implementándose para efectivizar la labor del control. El contralor general dijo que "sorprende que 53 funcionarios públicos que perciben ingresos netos mayores a los S/ 5,000 figuren en el registro de beneficiarios de canastas, las cuales nunca debieron recibir por no encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Incluso hay dos funcionarios que perciben ingresos superiores a S/ 10,001 mensuales”, detalló.
Estos funcionarios (con ingresos mayores a los S/ 5,000) laboran en 38 entidades públicas adscritas a los Gobiernos Regionales y al Gobierno Nacional. Precisamente, se detectó que diez de estos funcionarios laboran en las entidades del Gobierno Nacional. Entre ellas: Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Corte Superior de Justicia de Ica, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, Instituto Nacional Penitenciario – Sede Central – Administración Lima, Superintendencia Nacional de Registros Públicos.
También figuran funcionarios de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Universidad Nacional del Altiplano y la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Mientras que entre las entidades de nivel regional figuran: Gobierno Regional de Piura - UGEL Huancabamba, Gobierno Regional de Huancavelica – UGEL Churcampa, Región Loreto – Educación Mariscal Ramón Castilla.
Asimismo, el Gobierno Regional de Ucayali – Educación Coronel Portillo, Región Apurímac – Educación Cotabambas, Región Cajamarca Educación Cutervo, Sunarp, Sunat, entre otros. “Este número (4,212) va a ir creciendo porque este es el primer resultado de análisis de los funcionarios y servidores que han recibido canastas básicas pero que tienen haberes propios de planta, y falta ver qué ha ocurrido a los trabajadores CAS y los locadores de servicios, así como las contrataciones de los gobiernos locales”, mencionó.
A nivel de regiones, la mayor cantidad de funcionarios y servidores públicos beneficiados con la entrega de canastas de víveres se ubican en Lima con un total de 583 (14% del total). Le siguen las regiones de Loreto con 11% (482), Piura con 9% (370), Junín (252), Cusco (239), Huancavelica (219), Ayacucho (207), Áncash (203), La Libertad (200) y Apurímac (198).
Tomando en cuenta solo los 680 funcionarios que reciben ingresos mayores a S/ 3,000 mensuales y que recibieron su canasta de víveres, tenemos que la mayor cantidad está en Loreto con 100, de los cuales 97 reciben entre S/ 3,001 y S/ 5,000 y tres perciben entre S/ 5,001 y S/ 10,000; seguidos de 77 ubicados en Lima, de los cuales 72 ganan entre S/ 3,001 y S/ 5,000 y cinco perciben desde S/ 5,001 hasta S/ 10,000.
Shack Yalta anunció que la Contraloría General iniciará servicios de control posterior en los gobiernos locales que habrían distribuido canastas básicas familiares a funcionarios y servidores públicos a fin de determinar posibles responsabilidades. Además, adelantó que entregará al Ministerio Público la información sobre estos 4,212 funcionarios y servidores públicos que recibieron canastas de víveres para que, dentro de sus competencias, inicien las acciones que correspondan.
Mediante Decreto de Urgencia N° 033-2020 emitido en marzo pasado, el Poder Ejecutivo autorizó a un total de 1,874 Gobiernos Locales a efectuar la adquisición y distribución de bienes de primera necesidad de la Canasta Básica Familiar, a favor de la población en situación de vulnerabilidad. El portal “Monitor de control y transparencia COVID-19” de la Contraloría presenta información gráfica y sistematizada sobre el avance en la ejecución de la compra y distribución de canastas de víveres por parte de los 1,874 Gobiernos Locales a nivel nacional.
Esta plataforma virtual, ágil y sencilla, al cual se accede a través del portal web de la Contraloría www.contraloria.gob.pe, los ciudadanos pueden conocer, por ejemplo, sobre las canastas compradas, por comprar y en riesgo por región, el avance presupuestal por entidad y, además, evidencia si han publicado el registro de beneficiarios de las canastas. De esta forma, se promueve el control social y se transparenta la información sobre los recursos públicos.
También pueden acceder a la rendición de cuentas de las 1,874 municipalidades involucradas en la adquisición y distribución de canastas básicas familiares a los sectores vulnerables, donde se está invirtiendo S/ 234’202,560 millones. Al 8 de junio, la plataforma “Monitor de control y transparencia COVID-19” registró un total de 2’445,817 canastas compradas por las municipalidades distritales y provinciales a nivel nacional y solo estaba pendiente adquirir un total de 107,298. Solo 49,136 corren riesgo de no entregarse a familias vulnerables.
Del total de 1874 municipios que adquirieron y distribuyeron canastas de víveres, el 95% (1,787) cumplió con realizar el registro de sus beneficiarios al 30 de mayo del presente año y solo estaban pendientes 87 (5%).
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