Gremio empresarial
solicita medidas de prevención, inversión pública suficiente, así como
voluntad política amplia y sostenida para combatir este flagelo. Se requiere la
revisión de la política migratoria actual, a fin de que regule debidamente el
ingreso de ciudadanos extranjeros a nuestro país.
Ante
los constantes hechos de violencia e inseguridad registrados en nuestra región,
incluso durante la emergencia, la Cámara
de Comercio de La Libertad (CCLL) demanda al Gobierno central acciones
concretas que permitan disminuir el accionar delictivo de las bandas
organizadas y criminalidad común, puesto que ponen en riesgo a la población. El
gremio empresarial considera que la inseguridad ciudadana es un problema
multisectorial que requiere de un conjunto de políticas que incluyan
principalmente medidas de prevención, reformas institucionales tanto en el
Ministerio del Interior y la PNP, inversión pública suficiente, así como
voluntad política amplia y sostenida para combatir este flagelo.
De
igual forma, se requiere la revisión de la política migratoria actual, a fin de
que regule debidamente el ingreso de ciudadanos extranjeros a nuestro país,
sobre todo de aquellos que ya cuenten con antecedentes policiales en sus países
de origen, pues el inadecuado control ha agravado la situación de inseguridad
en nuestro país y región. Además, el cobro de cupos y extorsiones es un
problema que se ha incrementado notoriamente en los últimos tiempos y que
afecta en gran medida a los micro y pequeños empresarios, quienes son los blancos
preferidos de las organizaciones criminales.
Es
preciso indicar que, según información de la Policía Nacional del Perú, en La
Libertad, de enero a mayo de 2022, se han reportado 628 casos de extorsión y
1,804 robos. Además, según la última Encuesta Nacional de Victimización de
Empresas del INEI (2018), a nivel nacional, 28 de cada 100 empresas fueron víctimas
de algún tipo de delito, 14 de cada 100 empresas sufrieron robos o hurtos y 8
de cada 100 empresas, intentos de robo, estafa o fraude. Considerando que,
Trujillo y otras cuatro provincias de La Libertad se encuentran en emergencia
por la inseguridad, y no se han visto mejoras, es necesario elaborar programas
de prevención del delito.
En
estos programas no solamente deben participar los tres niveles de Gobierno,
sino que deben estar basados en estudios con rigor científico que garanticen su
eficacia; es decir, en base a estrategias que ya hayan sido aplicadas con éxito
y que puedan replicarse adecuándolas a nuestra propia realidad. También es
importante tener en cuenta que la desarticulación de bandas demanda un paciente
trabajo de inteligencia con la suficiente dotación de recursos y una estrategia
bien articulada entre las instituciones del Estado competentes.
Asimismo,
urge fortalecer la institucionalidad de la Policía Nacional del Perú y promover
la continuidad de los altos mandos policiales. Estos deben ser elegidos de
acuerdo a los perfiles establecidos para cada uno de los cargos, donde la
experiencia, así como una impecable trayectoria profesional y personal sean
criterios primordiales.
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