lunes, 26 de mayo de 2008

LOS TERREMOTOS EN EL PERÚ (I Parte)

Frente a este tipo de acontecimientos se ha carecido de una estrategia y de una red institucional suficientemente aceitados como para prever los riesgos y minimizar los daños; aun cuando se cuente con un amplio panel de normas legales y estudios técnicos al respecto (incluyendo Mapas de Riesgo y Sistemas de Alerta Temprana).

Por: Lincoln Alayo Bernal (*)

Las siguientes apreciaciones incluyen algunos criterios que pudieran permitir un mejor abordaje de las afectaciones negativas generadas por eventos climáticos (heladas, sequías) u orográficos (terremotos) agudos. Se nutren no solo de las maneras con las cuales se ha estado administrando la respuesta del terremoto del 15 de Agosto del 2007, que envolvió a varias provincias de Ica, parte de los bordes marítimos de El Callao, determinadas zonas del sur de Lima y algunas localidades de la sierra central (Yauyos, Apurimac).

Se sustentan también en las experiencias acumuladas a raíz del Fenómeno de El Niño de 1997-1998, de los friajes del 2002-2003 y del 2006-2007 en la Región Sur Andina, del sismo de Moquegua del 2001 y de las sequías en Puno de los años ‘50 – ‘60 . El mensaje más categórico de las visiones recientes y de los testimonios pasados se traduce en tres puntos:
  • Primero: el Perú es reconocidamente un país vulnerable a regulares o irregulares acontecimientos telúricos o climáticos, que afectan negativamente la vida doméstica de sus pobladores y de los aparatos sociales o productivos que los rodean.
  • Segundo: en general, frente a este tipo de acontecimientos se ha carecido de una estrategia y de una red institucional suficientemente aceitados como para prever los riesgos y minimizar los daños; aun cuando se cuente con un amplio panel de normas legales y estudios técnicos al respecto (incluyendo Mapas de Riesgo y Sistemas de Alerta Temprana).
  • Tercero: una vez amortiguadas las emergencias más inmediatas o notorias, se ingresa a una conducta (pública y privada) relativamente conformista que no atiende las causas fundamentales de los daños calificados como “desastres”. Así, entonces, el círculo vicioso se mantiene a la espera del próximo zarpazo.
Calificación de “desastre”
Deben asumirse como “desastres” aquellas afectaciones negativas que por la gravedad del daño o por su amplia cobertura territorial perturban agudamente el desenvolvimiento de un grupo importante de comunidades. No todos los daños provocados por eventos climáticos (agudos o no) tienen esa categoría. Por lo tanto, las respuestas o movilizaciones de apoyo para amortiguar situaciones realmente desastrosas deben guardar las correspondientes escalas, para evitar su sub o sobre saturación.

En este tema, los medios masivos de comunicación juegan un rol clave; y son obviamente cruciales la solidez, la rapidez y la calificación de los daños; que debieran provenir de fuentes confiables. El terremoto de 1970 que tuvo su foco central en Ancash fue un desastre porque aniquiló prácticamente las infraestructuras de ciudades enteras (Yauyos, Huaraz) y mató a unas 70,000 personas; además de inducir la creación de un organismo especial, cuyo rango se acercaba a la de un Ministerio Sectorial: “Comité de Rehabilitación y Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el sismo (CRYRZA)”.

Finalmente esta entidad abrió su visión hacia el desarrollo y se transformó, a inicios del 72, en el Organismo de Desarrollo de la Zona Afectada por el Sismo (ORDEZA). Otro antecedente interesante por las lecciones que dejó fue el Fenómeno de El Niño que todavía mantiene varias cicatrices en el Norte y cuyo manejo tuvo un enfoque fuertemente centralista, que se expresó en la conformación de una Comisión Intersectorial de Atención al Fenómeno de El Niño (CEREN) y que prácticamente desplazó, en ese momento, a los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR) que debieron haber tenido un rol mucho más activo y decisorio que el que tuvo.

El terremoto del 15 de Agosto del 2007 es obviamente calificable como desastroso porque trajo al piso elevados porcentajes de las edificaciones de las ciudades de Chincha, Pisco, Ica, Tambo de Mora, Leoncio Prado y otros centros poblados de Ica, Lima, Apurimac y Ayacucho, que afectaron rudamente a más de 35,000 familias “damnificadas” (que implica la destrucción de sus viviendas), según el Instituto Nacional de Defensa Civil; y determinaron la muerte de alrededor de 600 personas.

Frente a esta desgracia, no sería justo eludir o diluir ahora las profundas secuelas negativas del friaje que afectan a miles de cultivadores y pastores pobres de varias zonas de Arequipa, Puno, Cusco, Ayacucho, Apurimac, Huancavelica. Tendrían que establecerse pautas equitativas para atender paralelamente las secuelas de este friaje con las emergencias que concentran nuestra atención desde el 15 de este mes.

Tipos de afectaciones o daños
Según la naturaleza del fenómeno climático u orográfico (frecuentemente agudizado o causado por el hombre cuando, por ejemplo, tala laderas lo cual determina la caída de huaycos), las afectaciones o perturbaciones pueden referirse a cinco aspectos clave:
  • Primero: muertes o daños a las personas.
  • Segundo: destrucción o debilitamiento de infraestructuras básicas (carreteras, puertos, puentes, centrales energéticas, sistemas de riego).
  • Tercero: destrucción o daños de viviendas.
  • Cuarto: destrucción o daños relacionados con infraestructuras y equipos relacionados con servicios sociales básicos (agua, luz, desagüe, unidades de atención a la salud y a la educación).
  • Quinto: destrucción o daños a la base económico – productiva (fábricas, almacenes, establecimientos comerciales o de servicios, tierras de uso agropecuario, plantel ganadero).
Este tipo de clasificación importa para definir las instituciones que efectivamente deben responder a sus correspondientes funciones, evitando abarcar otras (funciones) para las cuales no están (o no deberían estar) calificadas. La multiplicidad de ofertas desconectadas entre sí, independientemente de su encomiable sentido de solidaridad, complican la gestión racional de las emergencias y de la rehabilitación, especialmente cuando son muy poco significativas (en cantidades de bienes aportados, por ejemplo).

En el caso que estamos abordando, uno de los dilemas resaltantes es el de cómo articular las ofertas vertiginosas para la atención a la salud, que provienen concurrentemente del Ministerio de Salud, de EsSalud, de los Hospitales de Solidaridad (dependientes de la Municipalidad de Lima), de los Hospitales de las Fuerzas Armadas y de los Hospitales de Campaña proporcionados por algunas cooperaciones externas, así como de los propios Centros Hospitalarios Regionales y Locales (pese a que en su mayoritaria han quedado prácticamente inhabilitados).

¿Su desplazamiento ha contado con los elementales requerimientos de espacio, medicamentos, equipos y material de reposición?. ¿El colapso de una buena parte de los establecimientos de salud en la región no es por sí mismo una imprevisión grave; que además ha requerido un laborioso y costoso traslado de heridos a Lima? Igual ocurre con los voluntarios que acuden individualmente o enviados por entidades humanitarias civiles o religiosas, que, además de complejizar el funcionamiento de los esfuerzos para determinar quién hace que, donde y con quienes, compiten con los propios afectados en la dotación de habitáculos, comida y agua.

(*) Licenciado en Educación, Especialidad Ciencias Sociales, Maestría en Educación con Mención en Gestión Educativa de la Universidad Cesar Vallejo, Región La Libertad Trujillo – PERU Especialista en Defensa Civil Especialista en Gestión de Riesgo por mas de 20 años. Ex Bombero Voluntario y ex Director de Socorro de La Cruz Roja Peruana Filial Ancash a la fecha (2008) Director Académico del Centro de Capacitación y Prevención para el Manejo de Emergencias y Medio Ambiente S.O.S. Vidas Perú (www.sosvidasperu.org).

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