Las
resoluciones emitidas por la OCMA en los dos casos antes citados, son
concluyentes en señalar que ambos ex magistrados investigados atentaron
gravemente contra la respetabilidad del Poder Judicial al admitir demandas de
amparo y otorgado medidas cautelares en forma irregular, señaló la Dra. Ana María Aranda Rodríguez.
La Jefa Suprema de la Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial (OCMA-PJ), doctora Ana
María Aranda Rodríguez, propuso ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la destitución de los ex
jueces Wenceslao Vladimiro Portugal Cerruche
y Ricardo Raúl Castro Belapatiño,
ambos de la Corte Superior de Justicia
de Ucayali (CSJU), luego de haber culminado los procedimientos
disciplinarios seguidos contra los referidos investigados, quienes se
encuentran con medida de suspensión preventiva en el cargo.
En el caso del investigado Portugal Cerruche, la OCMA
comprobó en la Visita Judicial Extraordinaria efectuada al Juzgado Mixto de
Campo Verde de la referida Corte, que venía admitiendo demandas de amparo y
otorgado medidas cautelares en forma irregular, entre otros casos, se destaca
la medida cautelar otorgada indebidamente a la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Emprendedores con el propósito
que se le reconozca como entidad autorizada para emitir cartas fianzas, en
respaldo de las obligaciones de sus socios frente a cualquier entidad del
Estado.
De otro lado, en el caso del investigado Castro Belapatiño,
en la investigación realizada por la OCMA se comprobó que irregularmente había
tramitado una demanda de amparo y otorgado una medida cautelar a favor de una
empresa con sede en Lima y que el objeto de dicho proceso judicial era
suspender los efectos jurídicos de actos administrativos emitidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Las
resoluciones emitidas por la OCMA en los dos casos antes citados, son
concluyentes en señalar que ambos investigados atentaron gravemente contra la
respetabilidad del Poder Judicial.
Además, agrega que su inconducta comprometió la dignidad
del cargo por contravenir el deber de impartir justicia de manera imparcial. Por
esa razón, la doctora Aranda Rodríguez, manifestó que ante hechos de tal
gravedad la única medida disciplinaria que corresponde aplicar es la
destitución.
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