Contralor General de la República sostuvo que esta situación debe impulsar, entre otros aspectos, cambios en los reglamentos para la ejecución de obras a fin de “eliminar o limitar, por ejemplo, el triángulo colusorio que forman un funcionario público deshonesto, un contratista corruptor y un supervisor que apaña estos procesos”.
El Contralor General de la República, Nelson Shack Yalta, aseguró que la corrupción y la inconducta funcional generaron pérdidas por 23,000 millones de soles respecto al presupuesto ejecutado el 2019, de acuerdo a un estudio elaborado por ese organismo de control. Sostuvo que el Perú tiene un problema de corrupción, no de casos aislados, sino de una corrupción estructural, que ha penetrado todo el sistema público.
“Hemos terminado el estudio respecto a cuánto pierde el Perú por corrupción anualmente y solo en el 2019 se estima que ascendería a más de 23,000 millones de soles respecto del presupuesto anual ejecutado, esa sería la pérdida que habríamos tenido todos los peruanos por problemas de inconducta funcional y corrupción”, indicó. Ese monto, según explicó, equivale aproximadamente al 15% de la ejecución neta del Presupuesto del Sector Público del año pasado.
Sostuvo que esta situación debe impulsar, entre otros aspectos, cambios en los reglamentos para la ejecución de obras a fin de “eliminar o limitar, por ejemplo, el triángulo colusorio que forman un funcionario público deshonesto, un contratista corruptor y un supervisor que apaña estos procesos”. En ese sentido, recalcó que las investigaciones de la Contraloría se realizan sin importar la función o el nivel jerárquico porque "la ciudadanía tiene que ver que, caiga quien caiga, la corrupción no puede seguir operando”.
Consultado sobre el programa Reactiva Perú, que otorga garantías del Estado a créditos bancarios, indicó que el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) iniciará un control en esa entidad para verificar si han velado por el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos a los beneficiarios de los préstamos.
Sostuvo que han pedido al Ministerio de Economía y Finanzas conocer las medidas que toman a fin de garantizar que se cumpla el objetivo del programa, que es promover el financiamiento de empresas para que cumplan con pagos y obligaciones de corto plazo, asegurando la continuidad de la cadena de pagos. Asimismo, adelantó que la Contraloría acompañará la ejecución del nuevo programa del Ejecutivo denominado “Arranca Perú”.
El objetivo es propiciar un adecuado uso de los recursos para impulsar la inversión pública en los sectores de Transportes, Vivienda, Agricultura y Trabajo. El contralor general consideró importante que la segunda etapa de Reactiva Perú se focalice en las microempresas, que son las que más requieren del apoyo del Estado, y se cumplan obligaciones con trabajadores.
Shack Yalta, asimismo, indicó que próximamente se estarán acreditando diversas comisiones de auditores para supervisar el nivel de cumplimiento del rol de supervisión que realizan los organismos reguladores sobre el mercado privado. “No podemos intervenir sobre el sector privado, el Sistema Nacional de Control tiene un ámbito exclusivo sobre el sector público, sin embargo, ello no limita que también supervisemos el trabajo de los reguladores y esa es una nueva estrategia de control, que junto con la del covid-19, vamos a desarrollar desde julio próximo”, mencionó.
Finalmente, Shack Yalta refirió que en el marco de la ley que establece el control simultáneo durante la emergencia por el covid-19, la Contraloría desarrolló más de 5,500 informes de control, en los cuales se han identificado situaciones adversas e irregularidades que han sido comunicados a las respectivas entidades para las medidas correctivas inmediatas.
Ahora, señaló, empezará la etapa de control posterior, es decir se identificarán individualmente a los funcionarios responsables de las distintas irregularidades en la vía administrativa, civil y penal, a propósito de la información que han obtenido.
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