“Estuvimos reunidos y
nos explicaron de las observaciones encontradas, de carácter administrativo, y
hemos dispuesto las acciones correspondientes. Contraloría encontró
negligencias administrativas. No hubo actos de corrupción”, afirmó el
Presidente Regional de La Libertad.
El
gobernador regional de La Libertad, Manuel
Llempén Coronel dio a conocer que, atendiendo una intervención de la
Contraloría a la iniciativa privada del Proyecto
Virú Mar, está disponiendo la implementación de recomendaciones, el inicio
de acciones administrativas contra diversos funcionarios y autorizando para
que, de ser necesario, la Procuraduría inicie también acciones legales ante la
comisión de posibles ilícitos penales. “Nos pidieron el expediente de Virú Mar.
Dimos todas las facilidades para la auditoría de cumplimiento que hicieron de
este proyecto que inició el año 2014, cuando le dieron la aprobación”, señaló la
autoridad regional.
“Estuvimos
reunidos y nos explicaron de las observaciones encontradas, de carácter
administrativo, y hemos dispuesto las acciones correspondientes. Contraloría
encontró negligencias administrativas. No hubo actos de corrupción. Estoy
disponiendo ahora el inicio de procesos administrativos para el deslinde de
responsabilidades de los funcionarios y servidores comprendidos en las
observaciones”, manifestó. Cabe precisar que el Gobierno Regional, antes que la
Contraloría notifique los resultados de su intervención ya había adoptado
acciones administrativas, por ejemplo, para identificar incumplimientos de
obligaciones contractuales por parte del Consorcio Virú Mar.
La
Gerencia Regional de Vivienda y, Construcción y Saneamiento, designada como
órgano encargado de velar por la correcta ejecución del contrato suscrito con
el consorcio, informó a través de la resolución ejecutiva N° 125-2021 que
habría existido incumplimientos contractuales por parte del consorcio, por lo
que concluyó que debería notificarse la imputación de su incumplimiento a fin
de dar por resuelto el contrato, lo que se encuentra en análisis de la
respuesta para determinar la resolución contractual.
Esto
debido a que el consorcio realizó modificaciones sustanciales a lo convenido en
los contratos de desarrollo inmobiliario, como el cambio de la titularidad del
inversionista, sin contar con sustento técnico y legal para ello. Este proyecto
inmobiliario fue otorgado al Consorcio Virú Mar, integrado por las empresas
IKKA S.A.C., ECO S.A. y Santa Isabella S.A.C. Sin embargo, modificaron su
composición al integrar mediante venta de acciones a Corporación Valle Alto
S.A.C. y Stelmark S.A. consorciadas distintas a las establecidas en las
declaraciones de interés y adjudicación directa.
Durante
el periodo 2014, 2015 y 2016 se hizo la cesión de todos los derechos de la
empresa IKKA SAC, incluyendo el activo que le corresponden como integrante del
Consorcio Virú Mar, a una empresa distinta a la establecida en la Declaratoria
de Interés. También se advierte la falta de administración del contrato por un
periodo de tres años y dieciséis días, contabilizados desde la fecha en que se
elevó a escrituras públicas los referidos contratos, es decir desde el 5 de
abril de 2018.
El
informe de Auditoría de cumplimiento al Gobierno Regional La Libertad del
Órgano de Control Institucional (Contraloría) respecto a la adjudicación
directa, suscripción y ejecución contractual del proyecto de iniciativa privada
de inversión Proyecto Virú Mar”, se realizó en desde el periodo del 1 de
noviembre de 2007 al 21 de mayo del 2021. Indica que funcionarios del gobierno
regional, posterior a la adjudicación directa de la iniciativa privada
permitieron al consorcio Virú Mar que realice modificaciones sustanciales tales
como el cambio en la conformación del consorcio y titularidad del inversionista
sin contar con sustento técnico para ello.
De
esta manera se contraviene la normativa aplicable al proyecto en activos,
declaratoria de interés y adjudicación directa, dando lugar a la suscripción de
contratos y ocasionando que se transfiera 415,77 ha de terrenos para uso
agrícola de propiedad estatal a un tercero, valorizados en S/ 1 663 080 00,
afectando el principio de competencia que debe regir toda iniciativa privada,
toda vez que el consorcio proponente no cumplía lo establecido en la iniciativa
privada, adjudicación directa y normativa aplicable.
El
incumplimiento en la ejecución de los contratos de desarrollo inmobiliario y de
compraventa de bien inmueble para el desarrollo de proyecto inmobiliario con
compromiso de inversión del Proyecto Virú Mar, ha generado que no se logre la
finalidad del proyecto en el plazo y condiciones establecidas en los citados
contratos, afectando el principio de enfoque de resultados que debe regir en
toda iniciativa privada.
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