La Cámara de Comercio
de La Libertad (CCLL) señala los riesgos que se han generado a partir de la
emisión del D.S. 001-2022/MTPE. El gremio empresarial cuestiona que no se sabe
con exactitud cuántas empresas de tercerización hay en el país y a cuántos
trabajadores ocupa.
El
Gobierno nuevamente ha emitido una norma D.S. 001-2022/MTP que, por sus
inconsistencias, vacíos y vulneración a los principios constitucionales
particularmente a los de jerarquía normativa, resulta normando más allá de la
Ley de Tercerización, y de lo resuelto por el Tribunal Constitucional al respecto, según la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL). Es evidente que dicha
norma no debió emitirse sin la opinión técnica de los sectores de economía,
trabajo y producción y del sector privado, incluyendo la de los propios
trabajadores.
El
gremio empresarial cuestiona que no se sabe con exactitud cuántas empresas de
tercerización hay en el país, a cuántos trabajadores ocupa, cuáles son los
sectores que mayoritariamente cuentan con este tipo de contratación o en qué
áreas desarrollan su trabajo. De otro lado, al introducir un término como
‘núcleo del negocio’, trasciende la Ley de Tercerización. Esta norma genera
desconcierto, pues no resulta clara y deja un amplio margen de ‘interpretación’
(que no debiera) que permite a autoridades administrativas aplicarla según sus
propios conocimientos y opiniones, violando el principio de predictibilidad.
Siendo
así, el DS en referencia pone en riesgo cientos de contratos, pues al no
tenerse una definición clara, sistémica y coherente, no solo se cuestiona la
legitimidad de esta norma, supuestamente reglamentaria de la Ley de
Tercerización, sino que, de ser aplicada, se hará con ánimo político y no
técnico, afectando a miles de familias peruanas, de acuerdo a la CCLL. En la
práctica, esta norma, contraviniendo un principio básico del derecho de la
jerarquía normativa, afecta a los emprendedores que, de buena fe, y al amparo
de la ley, tienen empresas legítimamente constituidas.
Esto
debido a que ahora pueden ser
cuestionadas, porque podría interpretarse que cualquier actividad podría
resultar dentro de aquellas ‘actividades nucleares’, cuando en la ley no
existen restricciones sobre este punto. En tal sentido, los trabajadores que
laboran dentro de empresas que brindan servicios de tercerización corren el
riesgo de perder sus empleos o pasar a la informalidad, con todos los nocivos
efectos que eso conlleva, de acuerdo a la CCLL. Asimismo, el gremio empresarial
afirma que la citada norma afecta a las empresas, que pueden ver incrementados
sus costos de producción, e incluso a las mismas instituciones del Estado que
requieren de servicios de terceros.
Se
está contraviniendo el fin básico de la tercerización, que es una forma de
organización empresarial por la cual una empresa principal encarga o delega el
desarrollo de una o más partes de su actividad principal a una o más empresas
tercerizadoras que le proveen de obras o servicios vinculados o integrados a la
misma. Por el contrario, la nueva norma, al restar flexibilidad, expone a los
ciudadanos a un nuevo incremento en las tarifas de servicios básicos como luz,
agua, telefonía y de muchos otros que son de primera necesidad para miles de
familias peruanas.
El
error parte de dar por sentado que todas las empresas abusan de los contratos
de tercerización en detrimento de los derechos de los emprendedores y los
trabajadores; lo cual no se ajusta a la realidad, pero en donde sea el caso,
podría ser subsanado mediante una adecuada supervisión y no llegando a los
extremos que propone el decreto. Por todo lo mencionado y teniendo en cuenta
que esta norma, emitida en el actual contexto se convierte en un elemento más
de inestabilidad económica y social, exhortamos al Gobierno a que tome las
medidas correctivas necesarias para no agravar la situación de miles de
peruanos.
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