“Hoy,
las mismas fuentes de agua que se defendieron a capa y espada están
contaminadas”, advirtió José de Romaña, director del Instituto Peruano de
Cambio Climático (IPCH). El problema no se limita a La Libertad. En Tambogrande
(Piura), así como en Cajamarca y Celendín, la minería ilegal avanza disfrazada
de “formalización”.
El río Moche
atraviesa hoy una de sus peores crisis ambientales. Según un estudio de la Universidad
Nacional de Trujillo (UNT), el agua en algunos tramos del cauce ya no es
apta ni para el consumo humano ni para el riego agrícola, debido a la presencia
de metales pesados como arsénico, cadmio y plomo. La Autoridad Nacional del
Agua (ANA) y la Gerencia Regional del Ambiente de La Libertad
confirmaron en un informe técnico que la contaminación avanza sin control,
producto de la minería ilegal que opera al margen de la ley y con la pasividad
del Estado.
Lo que
hace décadas las comunidades defendieron con marchas y protestas —el agua
limpia para vivir y cultivar— hoy se encuentra amenazado por relaveras sin
remediar, pasivos ambientales desbordados y descargas tóxicas que han
acidificado los suelos agrícolas. “Hoy, las mismas fuentes de agua que se
defendieron a capa y espada están contaminadas”, advirtió José de Romaña,
director del Instituto Peruano de Cambio Climático (IPCH). El problema
no se limita a La Libertad. En Tambogrande (Piura), así como en Cajamarca
y Celendín, territorios que alguna vez alzaron la voz para defender sus
ríos y lagunas, la minería ilegal avanza disfrazada de “formalización”.
Las
consecuencias son similares: agua contaminada, suelos degradados, ganadería
afectada y comunidades que ya no confían en las promesas de desarrollo. La
expansión de la minería ilegal no solo responde a su carácter clandestino, sino
también a la incapacidad del Estado para imponer autoridad. Según un estudio
del Centro Wiñaq, el 70,2% de peruanos cree que el Congreso respalda la
minería ilegal porque recibe financiamiento o busca capital electoral. Así, lo
que debería combatirse desde la institucionalidad termina legitimándose desde
el poder político, consolidando economías criminales que hoy tienen poder
económico e influencia política en varias regiones del país.
El avance
de esta actividad no se explica únicamente por su carácter ilegal. También
responde a la falta de liderazgo de las autoridades nacionales para enfrentar
la ilegalidad, y a que las instituciones estatales han sido incapaces de
implementar políticas que frenen la expansión de la minería ilegal y garanticen
alternativas de desarrollo para las comunidades. El vacío de autoridad ha
dejado el campo libre a las economías ilegales que, poco a poco, se están
convirtiendo en grupos con poder económico e influencia política en varias
regiones.
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