Suponiendo que el Ministro de Educación Chang Escobedo haya sido el mejor estudiante de su Facultad de Ingeniería Industrial, hoy, seguramente, estaría trabajando como un gran jefe del aparato industrial del Perú, o más modestamente, dirigiría una gran fábrica de alcance nacional o latinoamericana.Por Miguel Salinas Guerra
En nuestro artículo "El empirismo pedagógico de un maestro que a fin de cuentas no lo es de vocación… " afirmamos que el sistema de selección de postulantes para estudios de pedagogía y de profesionales de otras carreras para convertirlos en maestros a través de una adiestramiento "metodológico" de seis meses, con el agravante de pasarlos directamente a los niveles IV y V de la nueva Carrera Pública Magisterial, no solamente vulneraba la propia Ley que con tanta bulla aprobó el Congreso y promulgó el Presidente García, sino que el sistema mismo constituye la expresión más vulgar del empirismo pedagógico, el desconocimiento de lo que significa la profesión docente.
Como todas las arbitrariedades que el gobierno aprista viene cometiendo no encuentran una oposición firme en ningún ámbito de la política de oposición, ni partidaria ni sindical y académica, se está perpetrando una nueva barbaridad contra la escuela pública y la profesión magisterial a través del DS 004-ED-2008, que reglamenta el proceso de evaluación docente para el nombramiento de maestros, usando el arbitrario criterio del "tercio superior" en rendimiento de los egresados de las facultades de educación y de los institutos pedagógicos, como los únicos que pueden postular a las plazas vacantes.
Con el objetivo de mantener en las peores condiciones económicas, sociales y profesionales a los más de 300 mil maestros en actividad y excluir a decenas de miles de maestros titulados de la carrera que han estudiado y aprobado, el criterio del tercio superior considera que los títulos otorgados "a nombre de la nación" son una simple estafa de las entidades académicas que los han refrendado; y que de nada han servido los años de preparación y aprobación de los requisitos académicos para obtener esos títulos.
¿Podrían aceptar este arbitrario y antijurídico criterio los ingenieros, médicos, contadores públicos, etc., si solamente se permitiera que postulen a un trabajo a quienes se hayan situado en el tercio superior? ¿Los títulos profesionales se otorgan en función del tercio superior o de un conjunto de requisitos que debe cumplir el graduando y que está fijado por la estructura curricular de las entidades formadoras de profesionales? La arbitrariedad del Ministerio de Educación es evidente.
Otro elemento a tener en cuenta es el criterio, también absurdo, que considera que los profesores con las mejores calificaciones durante sus estudios profesionales, serán, de hecho, los mejores docentes en las aulas; como decir también que los egresados de las facultades de Economía con los mejores calificativos se convertirán, de facto, en economistas de gran valía. Suponiendo que el Ministro de Educación Chang Escobedo haya sido el mejor estudiante de su Facultad de Ingeniería Industrial, hoy, seguramente, estaría trabajando como un gran jefe del aparato industrial del Perú, o más modestamente, dirigiría una gran fábrica de alcance nacional o latinoamericana.
Pero, lamentablemente para la educación del país, José Antonio Chang está fungiendo de Ministro de Educación y regentando el negocio educativo llamado Universidad San Martín de Porres, estafando a su propia vocación de Ingeniero Industrial. Todos los maestros que han egresado de las instituciones formadoras de docentes y han obtenido el título correspondiente están expeditos para enseñan en las aulas y para, en el peor de los casos impuestos por el neoliberalismo, participar en los concursos y evaluaciones en igualdad de condiciones. Lo contrario es una estafa al título profesional y los derechos adquiridos con él.
Pero hay otro problema que trasciende el empirismo pedagógico del Ministerio de Educación y del tristemente célebre Consejo Nacional de Educación, que, lo decimos nuevamente, hace de furgón de cola de la reforma educativa neoliberal en marcha: se trata de la falta de autoridad académica de las universidades e institutos superiores pedagógicos, pero también de dignidad. Su silencio da por cierta la hipótesis seudo pedagógica de que la mayor parte de sus egresados como docentes han recibido un título que no obedece a la preparación requerida; que han estafado a decenas de miles de jóvenes que estudiaron pedagogía.
A tanto llega la indignidad, la falta de probidad académica de las autoridades y profesores de la educación superior que se han prestado al juego arbitrario del Ministerio de Educación e inmediatamente han empezado a otorgar los certificados del tercio superior, cobrando a los desesperados maestros que pretenden trabajar en la docencia. Hay que resaltar, al respecto, la conducta digna de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (Iquitos), que no se ha sometido a los vulgares criterios del Ministerio de Educación.
Como durante el mandato fujimorista de los 90, no pocas autoridades universitarias guardan hoy la "prudencia" para no malquistarse con los nuevos neoliberales, en aras de la supuesta "calidad educativa".
Los maestros tienen el camino abierto de la Ley para recurrir al TC y al propio Poder Judicial en demanda al Estado por semejante atropello: la negación del título profesional legalmente obtenido y que el mismo Estado está obligado a proteger como bien cultural de la persona. El recurso de ampara que el SUTEP ha presentado debe ser tenido en cuenta y aprobado por los tribunales de la República.
Hay que advertir a aquellos maestros que se sienten superiores porque durante sus estudios profesionales han obtenido calificaciones que les sitúan en el tercio superior, están simplemente acomodándose a un sistema injusto de evaluación, abiertamente ilegal, al servicio, qué duda cabe, de una reforma educativa que busca convertir a la profesión docente en una carrera sometida a las leyes del mercado libre con el argumento falaz de que "los mejores" obtendrán los "mejores incentivos". Los decretos leyes 26011, 26012 y 26013 de 1992 (del fujimorismo) decían las mismas cosas. El fracaso, en términos de mejorar la educación peruana, será el resultado final de toda la estafa que el neoliberalismo aprista está vendiendo a quienes, por ignorancia o por intereses de clase, aceptan con entusiasmo.
