ACUERDOS DE INTERNOR MODIFICARÍAN POLÍTICAS DE ESTADO SOBRE MINERÍA

El presidente regional de Cajamarca, Jesús Coronel Salirrosas, quien entregó la carpeta con la agenda minera al Presidente del Consejo, en representación de sus homónimos de Tumbes, Lambayeque, Piura, Amazonas, San Martín, La Libertad y Ancash dijo que esperan respuestas de Gobierno Central

Las propuestas obtenidas de la XX Junta Interregional del Norte y Oriente (Internor), realizada en Cajamarca, y traducidas en la agenda minera: “Por una minería descentralizada, ambientalmente, limpia e inclusiva” siguen esperando respuestas del Gobierno Central, luego que fueran presentadas al Presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo Gálvez y ministros de Estado, durante la LXXVIII reunión del Acuerdo Nacional que trató sobre minería y desarrollo sostenible.

El presidente regional de Cajamarca, Jesús Coronel Salirrosas, quien entregó la carpeta con la agenda minera al titular de la PCM, en representación de sus homónimos de Tumbes, Lambayeque, Piura, Amazonas, San Martín, La Libertad y Ancash, valoró la concepción descentralista del Acuerdo Nacional, en la perspectiva de promover temas trascendentales para el país, como la minería y desarrollo sostenible, y expresó su confianza en el Ejecutivo, para la aprobación e incorporación de las propuestas de la Internor en las políticas de gobierno.

Coronel Salirrosas aclaró que las modificaciones normativas recientes, respecto a la actividad minera, son insuficientes (Ley de Pasivos Ambientales, cierre de minas, ampliación de funciones al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN), pues, se mantiene la desconfianza en la capacidad estatal para hacer cumplir la normativa eficazmente. “Se requiere modificaciones para una mayor eficiencia y eficacia de la administración pública, en la regulación de este sector”, dijo.

En ese sentido, explicó que la Internor planteó, al Gobierno Central, las siguientes políticas públicas: Implementación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), que permitirá desarrollar la capacidad prospectiva del Estado peruano; participación de un representante del gobierno regional respectivo en los comités especiales de privatización; los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) deben ser aprobados, con opinión del gobierno regional concerniente; adecuar los parámetros y normas actuales a la conservación del medio ambiente y estándares internacionales.

Planteó: un plan integral y financiado para la remediación de los pasivos mineros existentes; participación de los gobiernos regionales en el diseño del Ministerio del Ambiente; hacer efectiva la descentralización de competencias de la pequeña minería artesanal asignada a los gobiernos regionales y la transferencia de recursos para atender, adecuadamente, esta función; autorizar a que los gobiernos regionales puedan suscribir acuerdos con las empresas mineras, para ejecutar carreteras y otras obras públicas, y que puedan ser incluidas como gasto por las empresas mineras, en el marco de la Ley de Minería.

Que en los contratos de concesión debe establecerse que las empresas mineras promoverán la conformación de empresas locales y regionales, el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, y el respeto a la cultura y costumbres de la población rural y de las comunidades campesinas; que el Ejecutivo solicite facultades para aprobar la Ley de Aguas; los gobiernos regionales puedan tomar crédito externo y ser avalados por el Gobierno Central, cuando haya un flujo de pagos provenientes del canon minero.

También que se transfiera a los gobiernos regionales la facultad de fijar las tarifas de agua para uso agrícola, minero, industrial y, en general, la que no sea de consumo humano, para ser usadas, exclusivamente, para el análisis de la cantidad y calidad de las aguas, así como para la ejecución de obras encaminadas a mejorar la gestión de aguas y cuencas.

Finalmente, enfatizó que las políticas mineras, al igual que todas las políticas públicas, deben basarse siempre sobre principios y valores éticos, y deben formularse y ejecutarse, a través de los más amplios mecanismos de participación ciudadana. Por su parte el premier Jorge del Castillo se comprometió a analizar las propuestas presentadas por la Internor al Acuerdo Nacional, a fin de modificar las políticas de Estado sobre minería.