Evento que se llevó a cabo en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), tuvo como objetivo capacitar a los asistentes sobre los alcances de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Sistema Integrado de Administración Financiera, Gobierno Local (SIAF-GL) del MEF.
Con la participación de sólo seis alcaldes se realizó el último jueves, 11 de septiembre, el taller para alcaldes "Acceso a la información en poder del Estado" organizado por el Consejo de la Prensa Prensa (CPP) con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Sin embargo, a pesar de la importancia del tema, llamó la atención que solamente los alcaldes distritales de Chicama, Mirtha Sánchez Zafra; de Casa Grande, Ricardo Vásquez Cerquín; de Quiruvilca, Walter Díaz Ramos; de Curgos, Santos Ríos Caipo; de Pataz, Juan Carlos La Rosa Toro Gomez y de Laredo, Miguel Chávez Castro, asistieran.
El evento, que se llevó a cabo en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), tuvo como objetivo capacitar a los asistentes sobre los alcances de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Sistema Integrado de Administración Financiera, Gobierno Local (SIAF-GL) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los expositores fueron Samuel Abad Yupanqui, ex Defensor del Pueblo Adjunto; William León Huertas, representante en La Libertad de la Defensoría del Pueblo y Juan Carlos Lapeyre, miembro del equipo SIAF-GL del MEF.
Ellos incidieron en la obligación de las instituciones del Estado de brindar acceso a la información que obra en su poder. Samuel Abad Yupanqui, resaltó que cualquier persona, incluso los menores de edad, puede pedir información sin necesidad de expresar para que sea la requiere. "Muchas veces esto genera confusiones entre las autoridades quienes piensan que la información la solicitan para fastidiar, criticar o fiscalizar. No importa para que, hay un derecho ciudadano a pedir la información", señaló.
"Todas las entidades públicas deben acatar esta ley, el Congreso está tratando de escaparse y eso no debe ser", acotó. Abad Yupanqui enfatizó en la necesidad de que la información que se otorga en cumplimiento de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sea cierta, actual, precisa y completa. El ex Defensor del Pueblo Adjunto precisó que la información debe entregarse en el plazo determinado por ley y respetando el costo que suponga el pedido.
"El procedimiento para solicitar la información debe figurar en los TUPAs de las municipalidades, donde deben figurar los costos y los plazos legales", manifestó. Para el representante en La Libertad de la Defensoría del Pueblo, William León Huertas, el denominado "derecho de trámite" que algunas instituciones establecen en su TUPA como requisito para acceder a la información es una restricción al derecho de acceso a la información. "Ese derecho de trámite o derecho de búsqueda no está estipulado en la norma de Transparencia y Acceso a la información por lo que recomendamos dejar sin efecto este cobro", señaló.
León Huertas reveló que en la municipalidad distrital de Guadalupe se cobraba diez nuevos soles por el FUT (Formulario Único de Trámite) y un sol por cada copia fedateada, lo cual está prohibido por ley porque de acuerdo al artículo 127 de la Ley Nº 27444, el servicio de fedateado es gratuito.
Con la participación de sólo seis alcaldes se realizó el último jueves, 11 de septiembre, el taller para alcaldes "Acceso a la información en poder del Estado" organizado por el Consejo de la Prensa Prensa (CPP) con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Sin embargo, a pesar de la importancia del tema, llamó la atención que solamente los alcaldes distritales de Chicama, Mirtha Sánchez Zafra; de Casa Grande, Ricardo Vásquez Cerquín; de Quiruvilca, Walter Díaz Ramos; de Curgos, Santos Ríos Caipo; de Pataz, Juan Carlos La Rosa Toro Gomez y de Laredo, Miguel Chávez Castro, asistieran.
El evento, que se llevó a cabo en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), tuvo como objetivo capacitar a los asistentes sobre los alcances de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Sistema Integrado de Administración Financiera, Gobierno Local (SIAF-GL) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los expositores fueron Samuel Abad Yupanqui, ex Defensor del Pueblo Adjunto; William León Huertas, representante en La Libertad de la Defensoría del Pueblo y Juan Carlos Lapeyre, miembro del equipo SIAF-GL del MEF.
Ellos incidieron en la obligación de las instituciones del Estado de brindar acceso a la información que obra en su poder. Samuel Abad Yupanqui, resaltó que cualquier persona, incluso los menores de edad, puede pedir información sin necesidad de expresar para que sea la requiere. "Muchas veces esto genera confusiones entre las autoridades quienes piensan que la información la solicitan para fastidiar, criticar o fiscalizar. No importa para que, hay un derecho ciudadano a pedir la información", señaló.
"Todas las entidades públicas deben acatar esta ley, el Congreso está tratando de escaparse y eso no debe ser", acotó. Abad Yupanqui enfatizó en la necesidad de que la información que se otorga en cumplimiento de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sea cierta, actual, precisa y completa. El ex Defensor del Pueblo Adjunto precisó que la información debe entregarse en el plazo determinado por ley y respetando el costo que suponga el pedido.
"El procedimiento para solicitar la información debe figurar en los TUPAs de las municipalidades, donde deben figurar los costos y los plazos legales", manifestó. Para el representante en La Libertad de la Defensoría del Pueblo, William León Huertas, el denominado "derecho de trámite" que algunas instituciones establecen en su TUPA como requisito para acceder a la información es una restricción al derecho de acceso a la información. "Ese derecho de trámite o derecho de búsqueda no está estipulado en la norma de Transparencia y Acceso a la información por lo que recomendamos dejar sin efecto este cobro", señaló.
León Huertas reveló que en la municipalidad distrital de Guadalupe se cobraba diez nuevos soles por el FUT (Formulario Único de Trámite) y un sol por cada copia fedateada, lo cual está prohibido por ley porque de acuerdo al artículo 127 de la Ley Nº 27444, el servicio de fedateado es gratuito.
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