Son incapaces de haber elaborado una ordenanza para unificar estos criterios, ni para un nuevo Plan de Rutas, pero si han hecho una para favorecer a la empresa Ícaro, causante de la muerte de dos inocentes niños y el poner en grave riesgo de salud a otras tres familias. ¿Y para los ciudadanos? ¿Qué?Por: Enrique Benites Delgado
El accidente originado por la empresa de transportes Ícaro, ha destapado un festín de trámites administrativos dentro de la Municipalidad Provincial de Trujillo, y la forma irresponsable de manejar el sector transporte de nuestra ciudad. A tanto ha llegado que se creó un Ordenanza para favorecer a la mencionada empresa. Recordemos, en el año 2006, esta empresa solicita su autorización para circular, la cual le es denegada ante la existencia de la Ordenanza Nº 10-2006-MPT, en la que establece, Tercera Disposición Final: “queda suspendido por cuatro años el otorgamiento de nuevos permisos de operación”.
En la Sexta Disposición Final dice: “La vigencia del permiso de operación será modificada de acuerdo a lo que estipule el Plan Regulador de Rutas que será aprobado mediante ordenanza”. Está clarísimo que no debería entrar ningún vehículo más, menos aún una empresa. El espíritu de esta ordenanza era evitar que el parque automotor se sobresature y evitar mayor desorden en la ciudad. Han pasado más de dos años y aún no aprueban el Plan Regulador de Rutas. Con todo esto, es mayor el agravante del favoritismo en que han incurrido.
La actual gestión, trató de ayudar a esta empresa festinando trámites a nivel de Subgerencia, ante la incapacidad de hacerlo a ese nivel acuerdan que tenía que modificar la Ordenanza Nº 10-2006-MPT, y así lo hicieron. Aprobaron a nivel de Consejo la Ordenanza Nº 23-2007-MPT que permitía el ingreso de nuevas unidades. Ante la protesta y después del contundente paro del sector transporte en contra de esta actitud descarada, no publican la ordenanza; a pesar de eso, y en esos días, el Alcalde firma la Resolución de Alcaldía Nº 1739, queriendo modificar un artículo de la ordenanza en mención.
Con esto demuestra un total desconocimiento de la normatividad municipal, pues una Resolución de Alcaldía es de menor jerarquía, por lo tanto no podía modificarla y, ante la amenaza de un nuevo paro, la tuvo que anular. Es más, recuerden que ante este hecho manifestó estar “indignadísimo” pues lo habían inducido a “cometer tremendo error” y que “sancionaría” al asesor que lo indujo a esto. Claro, no paso nada. Para colmo dijo: “por qué se preocupan si la Resolución 1739, no colisiona con la ordenanza Nº 23 porque todavía no está publicada” ¿Entonces para que la firmó?
Esto fue denunciado en artículo publicado el 8 de noviembre del 2007, Agencia de Noticias Pressperú.com. Pasado el tiempo la ordenanza fue publicada ante la negativa del regidor Daniel Salaverry, pero con la firma de dos regidores del partido del señor Acuña, permitiendo con esto la entrada de la empresa Ícaro. Es falso cuando el regidor Ríos Gutti dice que fue: “para desmonopolizar el trasporte” ¿cuál monopolio, señor, si son más de 33 empresas de transporte de microbuses, y cada una de ellas está conformada por un sin número de propietarios?
El actual Gerente Municipal quiere hacerse pasar como el “ordenador”, como el “recto” y “corregir” estos actos. El Alcalde dice “no me presionarán” después que el firmó esa Resolución de Alcaldía espuria. Control Interno tiene la obligación de investigar quién ordenó la elaboración de la ordenanza 23, y quién la hizo, pues es está claro que fue para favorecer a la empresa Ícaro. Que se investigue el por qué de la demora en la entrega del estudio “origen y destino” para lo que se recibió un fondo de 250,000 dólares del Banco Mundial.
Debería haberse entregado un programa o software que permitía que con la alimentación de datos como la densidad poblacional, calidad de vías de acceso, si la zona es comercial o no y otras variables arrojarían automáticamente las rutas alternativas. Que se informe a cuantos trabajadores se han capacitado para poder llevar adelante el estudio, y muchas cosas más, pues el convenio así lo estipula, etc. Actualmente la policía Nacional no puede imponer papeletas de tránsito establecidas por la municipalidad por la incompatibilidad y/o cruce de numeración entre las que se imponen a los taxis y a los micros.
Son incapaces de haber elaborado una ordenanza para unificar estos criterios, ni para un nuevo Plan de Rutas, pero si han hecho una para favorecer a la empresa Ícaro, causante de la muerte de dos inocentes niños y el poner en grave riesgo de salud a otras tres familias. ¿Y para los ciudadanos? ¿Qué? Asimismo, debe terminar de una vez por todo el enfrentamiento estéril del municipio con la Policía Nacional que a nada bueno conduce y, por último, que el Alcalde asuma su nivel de autoridad y dejar las actitudes de insultos y eterno candidato a no se sabe qué cosa. Por todo ello es necesario declarar en emergencia al sector transporte de nuestra ciudad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario