Al iniciar, Acuña
Peralta dejó en claro que no respondería ninguna pregunta a la prensa, pues
consideraba que los funcionarios presentes eran los directos responsables e
involucrados en el tema de las subvenciones y que ellos eran los señalados a
aclarar el tema (bonita forma de lavarse las manos).
El
alcalde de Trujillo, César Acuña Peralta,
negó todos los cargos de la investigación publicada en la revista Poder desarrollada por la agencia INFOS, aunque no aclaró ninguno de los
puntos centrales de la referida denuncia pues se amparó en la supuesta
autonomía municipal. El controvertido alcalde “turista” (porque de los 7 días
de la semana 5 los pasa fuera de ciudad) se presentó junto a sus dos
principales funcionarios, el gerente general Luis Valdez Farías, el secretario general Francisco Falcón, y el regidor Dante
Chávez Abanto, presidente de la Comisión de Economía, para supuestamente
aclarar estas versiones.
Al
iniciar, Acuña Peralta dejó en claro que no respondería ninguna pregunta a la
prensa, pues consideraba que los funcionarios presentes eran los directos
responsables e involucrados en el tema de las subvenciones y que ellos eran los
señalados a aclarar el tema. El secretario Falcón se limitó a leer la ley que
faculta al municipio a tener un presupuesto dedicado a subvenciones, por su
parte el Gerente Luis Valdez aseguró que jamás fue buscado por quienes
investigaron el caso para dar su versión y que estudiaban las medidas legales
de respuesta a la publicación que consideró como difamación.
Agregó
que la norma si faculta a dar subvenciones a personas naturales, pero no
especificó si era una ordenanza o resolución de alcaldía que así lo disponía,
porque las directivas del MEF son claras, sólo a personas con personería
jurídica no públicas, según establece la denuncia. Eso sí en todo momento,
cuando se le hizo ver que las normas municipales creadas para el manejo de las
subvenciones colisionaban con las leyes generales de presupuesto, aseguró que
los municipios tienen suficiente autonomía para legislar en ese sentido.
Sobre
los financiamientos de más de 26 fiestas a los sindicatos municipales con
dinero proveniente de las subvenciones, dijo que estaba obligado a ellos por
pactos colectivos firmados desde antes de que ingrese a la gestión, aunque
aceptó que estos pactos no hablan de montos, dijo que de no haberlo hecho sería
enjuiciado sin aclarar el hecho que al destinar fondos de subvenciones sociales
para celebrar fiestas de aniversario ya de por si configuran un cambio de
uso en esos fondos.
Ante
la insistencia de la prensa, el regidor Dante Chávez aceptó que por acuerdo de
Concejo se aprobó encargar al alcalde el manejo de las subvenciones, dejando de
lado el rol fiscalizador, según dijo, por falta de tiempo “para ver subvención
por subvención”. Negó asimismo haber dado subvenciones a afiliados de su
partido político, diciendo que jamás se pide carnet para otorgarlas, a pesar
que el informe ha dado nombres de conocidos militantes de APP beneficiados con
grande sumas.
Finalmente
el gerente municipal confirmó que un equipo de fiscales había intervenido la
municipalidad y dijo estar llano a cualquier investigación, mientras los
regidores apristas permanecieron en silencio e inubicables todo el día, por su
lado los dirigentes de los sindicatos municipales se les vio entrar presurosos
a reunirse con el alcalde. Se sabe que uno de los fiscales, Carlos Avalos, tiene los casos más
mediáticos que involucran a varias altas autoridades, incluido Acuña Peralta,
pero hasta el momento no formaliza ninguno.
Lo
cierto de todo este quilombo, es que cada vez se complica más la actual situación
del controvertido alcalde de Trujillo, pues a este nuevo escándalo de las
subvenciones, se suman las denuncias anteriores que aún no han sido debidamente
aclaradas; como por ejemplo, el caso de las pistas nuevas deterioradas por las
lluvias; los famosos semáforos inteligentes por los cuales se pagó una
millonaria suma a una empresa española y hasta el momento no han sido instalados
y la actual investigación que tiene en el Ministerio Público por presunto
enriquecimiento ilícito y lavado de activos, entre otras perlas.
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