La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Paola Bustamante Suarez, afirmó que su sector brindará todo el apoyo para que la justicia imponga el máximo castigo a los responsables de la sustracción ilegal de dinero de cuentas del Banco de la Nación, pertenecientes a usuarios de los programas Juntos y Pensión 65. Tras reiterar su indignación y rechazo frente a este tipo de hechos, la titular del MIDIS manifestó el compromiso sectorial de acompañar a los usuarios afectados en el proceso de recuperación de su dinero, lo cual se hará gracias al seguro que protege las cuentas de las usuarias y usuarios de Juntos y Pensión 65.
La ministra Bustamante explicó que los programas sociales adscritos al sector cuentan con mecanismos de transparencia y control que se desarrollan de manera permanente. En el caso de Pensión 65, detalló que se tiene sistemas tecnológicos que permiten recoger casa por casa información nominal de sus usuarios y supervisar en línea el trabajo de campo de los promotores. En Juntos, se ha dotado a todo el personal del programa con equipos tecnológicos, como tablets, que facilitarán la atención de las consultas de las usuarias sobre su situación y permanencia en el programa.
Asimismo, se podrá registrar en forma automática el cumplimiento de corresponsabilidades, lo que conlleva mayor eficiencia y veracidad en la toma de información. En otro momento, la máxima autoridad del MIDIS detalló que desde enero de 2014 los programas Juntos y Pensión 65 remitieron documentos al Banco de la Nación, luego de recibir reclamos de usuarios que señalaban que cuando iban a los cajeros del Banco de la Nación se les indicaban que no tenían dinero en sus cuentas.
“El Banco de la Nación recibió casos de Pensión 65 y Juntos, iniciándose a partir de ahí investigaciones que concluyeron con la devolución del dinero a los usuarios”, indicó. Cabe recordar que tras las investigaciones del Banco de la Nación se encontró responsabilidad en algunos de sus funcionarios (cajeros), procediendo a efectuar las denuncias penales por el delito contra la administración pública (peculado agravado) contra trabajadores involucrados de las agencias de Cajamarca, Bambamarca y Cajabamba, quienes posteriormente fueron despedidos por falta grave y se les inició proceso administrativo.
“Tenemos un millón 300 mil usuarios y 1,600 millones que se transfieren al sistema financiero a través del Banco de la Nación para hacer los pagos respectivos. Estamos implementando en todos los programas sociales mecanismos mayores de supervisión y garantizamos total seguridad a nuestros usuarios”, subrayó la ministra Bustamante.
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