jueves, 27 de agosto de 2015

FISCALÍA INTERVIENE CAMPAMENTO MINERO ILEGAL EN ZONA DE SELVA DE PUNO

Operativo permitió destruir maquinaria valorizada en más de 1 millón 800 mil nuevos soles. El operativo fue dirigido por los fiscales especializados en materia ambiental de Puno, Óscar Jiménez Chura y Federico Chávarry Cuneo, quienes se trasladaron hasta la zona ubicada a más de siete horas de viaje desde la ciudad de Masiapo.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno, en coordinación con la Policía Nacional, asestó un duro golpe a la minería ilegal al destruir equipos utilizados para la explotación minera informal valorizados en más de 1 millón 800 mil nuevos soles, en la zona denominada “Santiago Pampa”, en el poblado de Masiapo de la provincia de Sandia. En la intervención se pudo constatar la existencia de un campamento minero donde yacían motores de vehículos acondicionados para succionar agua, combustible, mangueras y aceite.

Además, se halló escondidos entre la espesura de la vegetación cuatro volquetes de carga, dos de los cuales no contaban con placa de rodaje; además de un cargador frontal y dos retroexcavadoras, que fueron destruidos por miembros de la División de Seguridad Contra Minas. En total, fueron destruidos siete máquinas, dos edificaciones para lavado de material conocidas como “Chutes” y seis motores.

El operativo fue dirigido por los fiscales especializados en materia ambiental de Puno, Óscar Jiménez Chura y Federico Chávarry Cuneo, quienes se trasladaron hasta la zona ubicada a más de siete horas de viaje desde la ciudad lacustre, lugar donde previamente se realizó un minucioso trabajo de seguimiento, investigación y planificación. La Fiscalía pudo constatar que el agua con la que se lavaba el mineral era vertida sin ningún tratamiento al río Inambari, contaminando sus aguas con metales pesados.

Un promedio de 15 mineros ilegales abandonaron la zona ante la presencia de las autoridades. El Ministerio Público recordó que realizar actividades de exploración, extracción, explotación u otros actos similares de recursos minerales, metálicos o no metálicos sin contar con autorización, causando alteración o daño al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, es un delito sancionado hasta con ocho años de prisión.

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