En el marco de la supervisión se detectó que en áreas adyacentes o cercanas a proyectos de palma aceitera o cacao, los Gobiernos Regionales de Loreto y Ucayali vienen otorgando constancias de posesión y, posteriormente, títulos de propiedad, sin contar con la correspondiente clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor.
En un reciente informe, la Defensoría del Pueblo advierte las deficiencias del Estado para evitar la deforestación ilegal de la Amazonía peruana a causa de cultivos a gran escala. Así, solo entre los años 2010 y 2014, se reemplazaron 30,773 hectáreas de bosques amazónicos para cultivar palma aceitera y cacao en las regiones de Loreto, Huánuco, Ucayali y San Martín, lo que equivale a deforestar 23 estadios nacionales por día, durante dicho periodo. Asimismo, según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), solo la deforestación de 6,542 hectáreas de bosques amazónicos provocó al Estado peruano una pérdida del patrimonio forestal por S/ 242’589,760.00 con un costo adicional estimado para su restauración de S/ 134’229,956.
Sumado a ello, la expansión de los cultivos de palma aceitera y cacao también generó situaciones de conflictividad en torno a la posesión y propiedad de predios privados y tierras reclamadas por los pueblos indígenas. En el marco de la supervisión se detectó que en áreas adyacentes o cercanas a proyectos de palma aceitera o cacao, los Gobiernos Regionales de Loreto y Ucayali vienen otorgando constancias de posesión y, posteriormente, títulos de propiedad, sin contar con la correspondiente clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, es decir sin que la autoridad competente (Minagri) haya determinado las características naturales de la tierra. Posteriormente, estas propiedades son vendidas a las empresas titulares de los referidos proyectos, ampliando la deforestación hacia estas áreas.
De igual manera, el Gobierno Regional de Ucayali transfirió tierras de dominio público a favor de algunas empresas, sin contar con la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, la misma que solo es otorgada por el Minagri. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo identificó serios vacíos y deficiencias en la legislación que en materia agraria se viene aplicando, lo que origina que las empresas dedicadas a dichos cultivos actúen al margen de la ley. Situación que se debe –en gran medida– a la falta de adecuación del reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Por ello, el informe denominado “Deforestación por cultivos agroindustriales de palma aceitera y cacao: entre la ilegalidad y la ineficacia del Estado” plantea al Poder Ejecutivo corregir las deficiencias e iniciar los procedimientos administrativos sancionadores que correspondan. Así también la Defensoría solicita al Ministerio Público cumplir con los plazos legales de las investigaciones penales iniciadas al respecto.
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