La propuesta de inhabilitación profesional a los funcionarios corruptos del Poder Judicial, Ministerio Púbico y a los abogados mafiosos que se prestan a favorecer la corrupción, les alcanzaría la sanción de inhabilitación en el ejercicio profesional además de las sanciones específicas por delitos cometidos y del Colegio de Abogados.
Por: Amaro Rodríguez Santillán.
El alentador mensaje a la nación del Presidente Martín Vizcarra Cornejo llenó la expectativas del pueblo que demandó en las calles de los pueblos del Perú una lucha frontal contra la corrupción, que hizo metástasis como un cáncer y se infiltró en las instituciones que representan los poderes del Estado y con particulares interesados en las corrupción, que obliga la reforma del OCMA para hacerlo mediante concurso público.
El primer Mandatario de la Nación reconoció la importancia del periodismo de investigación, como lo hizo Gustavo Gorriti y Roxana Cueva para obtener los audios que fueron los detonantes para desencadenar las primeras acciones de identificación a corruptos del Poder Judicial articulados con autoridades de otros poderes públicos e instituciones, para mantener oculta la red mafiosa que lucraba con la corrupción.
Los corruptos al observar lo que sucede a sus compinches, inmediatamente pondrán barbas en remojo, en un intento de no sufrir las mismas consecuencias, porque con las medidas disuasivas de la reforma Judicial, la remoción del Consejo Nacional de la Magistratura y aplicación nuevas medidas previstas, se contendrá casi de inmediato la corrupción y algunos magistrados y abogados se alejaran del mundo del hampa.
La propuesta de inhabilitación profesional a los funcionarios corruptos del Poder Judicial, Ministerio Púbico y a los abogados mafiosos que se prestan a favorecer la corrupción, les alcanzaría la sanción de inhabilitación en el ejercicio profesional además de las sanciones específicas por delitos cometidos y del Colegio de Abogados.
La declaración jurada obligatoria para todas las autoridades y funcionarios que manejan recursos públicos, en otras de las medidas anunciadas por el Presidente Vizcarra, estaría avalada por la reforma Judicial. La ejecución de la reforma estaría respaldada por el pueblo vía referéndum, porque no soporta más corrupción.
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