En La Libertad se supervisaron cuatro Centros de Salud Mental Comunitario y las Unidades de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones en los hospitales de Essalud y el Minsa. Se ha comprobado que el 80% de población afectada no recibe tratamiento y que más de 600 personas de diversas regiones se encuentran en calidad de institucionalizadas.
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la persistencia de los problemas y retos que representa la atención en salud mental en nuestro país debido, entre otras razones, a que el presupuesto asignado representa el 0.1% del presupuesto nacional y el 1% del total asignado al sector salud. La institución demanda un Plan Nacional que contemple cómo abordar la problemática también desde ministerios como los de Educación, Mujer, Trabajo e Interior, entre otros.
Se ha comprobado que el 80% de población afectada no recibe tratamiento y que más de 600 personas de diversas regiones se encuentran en calidad de institucionalizadas en distintos establecimientos del Minsa, EsSalud y la Beneficencia, porque llevan hasta 70 años de internamiento prolongado a pesar que dicho modelo ya no está amparado por la legislación vigente. En La Libertad existen nueve Centros de Salud Mental Comunitario (CSMC), de los cuales cuatro han sido supervisados por la Defensoría del Pueblo. Estos son: el CSMC San Crispín, CSMC El Porvenir, CSMC Florencia de Mora y el CSMC Virú.
Así también se supervisó a los hospitales Regional Docente de Trujillo (MINSA), Víctor Lazarte Echegaray, hospital Florencia de Mora (Essalud), los mismos que cuentan con Unidades de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones. El defensor del pueblo Walter Gutiérrez Camacho lamentó que sean pocos los hospitales generales del interior del país que cuentan con Unidades de Hospitalización y Atención de Salud Mental y Adicciones en el país, los cuales pese a que en las normas se reconoce un modelo de atención comunitario cercano al ciudadano, en la práctica subsisten internamientos prolongados que no garantizan la rehabilitación e inclusión social de las personas.
Malena Pineda, Jefa del Programa de Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo dijo que la nueva Ley de Salud Mental establece un marco de protección, prevención, rehabilitación e inclusión social de las personas con problemas de salud mental disponiendo la obligación de todo seguro público y privado de cubrir la atención de dicha especialidad entre sus planes. Esto incluye el tratamiento ambulatorio, el internamiento u hospitalización, así como el acceso a medicamentos y productos sanitarios adecuados y de calidad.
Cabe recordar que a fines de 2018 la Defensoría del Pueblo presentó el Informe Defensorial N°180: “El derecho a la salud mental. Supervisión nacional de la implementación del modelo de atención comunitaria y el camino a la desinstitucionalización”, que dio cuenta de la supervisión a 122 establecimientos y servicios de salud mental en 25 regiones del ámbito nacional. La Defensoría destaca como avances en materia de salud mental que las normas internas hayan dejado de lado el modelo de internamiento prolongado para dar paso a servicios de salud mental comunitarios y ambulatorios; así como la aprobación de una ley que garantice el marco internacional de respeto de derechos.
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