Informe de la Contraloría General de la República señala que S/ 14 millones 877 mil 475 corresponden a las 27 auditorías de cumplimiento realizadas hasta el año pasado, mientras que S/ 1 millón 322 mil 455 fueron detectados en 17 servicios de control específico efectuados en la región.
Al cierre del año 2019, la Contraloría General de la República identificó S/ 16 millones 199 mil 931 de perjuicio económico al Estado en la región La Libertad como resultado de los servicios de control posterior que revelaron hechos de inconducta funcional y uso inadecuado de los recursos del Estado por parte de algunos funcionarios y servidores públicos. Este resultado de perjuicio económico fue producto de los informes de control posterior elaborado por la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control (SNC).
Así tenemos que S/ 14 millones 877 mil 475 corresponden a las 27 auditorías de cumplimiento realizadas hasta el año pasado, mientras que S/ 1 millón 322 mil 455 fueron detectados en 17 servicios de control específico efectuados en la región. Hasta el cierre del 2019, los servicios de control posterior realizados en la región La Libertad permitieron detectar a un total de 283 personas con presunta responsabilidad administrativa, penal y/o civil. En la región, se identificaron a 236 involucrados con presunta responsabilidad administrativa, así como a otros 30 con administrativa PAS.
También se detectaron a 77 personas con presunta responsabilidad civil y 88 con responsabilidad penal. La labor de la Contraloría en la región La Libertad durante el 2019 también se vio reflejada en los 1,063 informes de control simultáneo, los cuales buscan detectar, alertar y subsanar hechos que pongan el riesgo el correcto uso de los recursos públicos, lo que es uno de los pilares de la actual gestión que encabeza el contralor general Nelson Shack. A nivel nacional se emitieron 2,285 servicios de control posterior, 850 auditorías de cumplimiento y 557 servicios de control específico durante el 2019.
Producto de los informes de control se determinó un perjuicio de S/ 921 millones, de los cuales, S/ 793 millones fueron producto de auditorías de cumplimiento y S/ 128 millones por servicios de control específico. Los informes de control posterior permitieron encontrar a 8,081 personas con presunta responsabilidad administrativa, penal y civil.
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