Investigación contralora determina inasistencias injustificadas y cobro indebido de sus honorarios. En las investigaciones efectuadas por la OCMA, se corroboró que el Juez Emiliano Arturo Ramos Álvarez no fue a laborar cinco días consecutivos, y para justificar su inasistencia presentó un certificado médico falso.
La Jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Mg. Mariem V. De La Rosa Bedriñana, propone ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), destituir a Emiliano Arturo Ramos Álvarez del cargo de Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo, de la Corte Superior de Justicia de Junín, por inasistir a desempeñar sus funciones aduciendo afectación en su salud; cuando en realidad se encontraba de viaje en Colombia.
En las investigaciones efectuadas por la OCMA, se corroboró que el Juez Ramos Álvarez no fue a laborar cinco días consecutivos, y para justificar su inasistencia presentó un certificado médico falso. Además, al verificar el Cuaderno de Control de Asistencias de los Jueces Especializados del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), se observa que firmó su asistencia, pretendiendo hacer ver que sí asistió a sus labores con total normalidad, percibiendo indebidamente el pago de sus honorarios; lo cual constituye inconducta funcional.
La resolución también señala que, el Juez, al abandonar injustificadamente sus labores durante cinco días, expuso al quebrantamiento de las audiencias con reos en cárcel programadas en ese distrito judicial, así como las diligencias, por lo que se tuvo que designar provisionalmente a una magistrada para que se haga cargo del despacho, y evitar la frustración de las mismas.
Cabe resaltar que, hasta que se resuelva en definitiva la situación jurídica del citado magistrado, la Jefatura Suprema consideró ineludible, dictar de manera simultánea una medida cautelar de suspensión preventiva en el cargo. Al respecto, la Jefa de la OCMA recalca que este Poder del Estado, tiene como una de sus funciones, promover la transparencia y las buenas prácticas entre los magistrados y servidores, para lo cual desarrolla políticas destinadas a efectuar un control respecto del cumplimiento de los deberes, en relación al horario de trabajo.
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