Segundo semestre se iniciarán diversos servicios de control posterior para determinar responsabilidades durante emergencia COVID-19. Nelson Shack Yalta, ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, señaló que en la actual coyuntura de emergencia por la COVID-19 se necesita establecer conductas infractoras tipificadas en la ley.
El contralor general, Nelson Shack Yalta, formuló un llamado al Congreso de la República para debatir y aprobar el proyecto de ley que tipifica las conductas infractoras de los funcionarios y servidores públicos a quienes la Contraloría determine responsabilidad administrativa funcional como resultado del control posterior, ya que ello permitirá aplicar sanciones severas a los responsables de casos de corrupción y disminuir la sensación de impunidad que ahora se refleja por la imposibilidad de ejercer la facultad sancionadora del máximo ente del Sistema Nacional de Control.
Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, señaló que en la actual coyuntura de emergencia por la COVID-19 se necesita establecer conductas infractoras tipificadas en la ley que sean mucho más precisas y rigurosas, así como sanciones más severas. “La inconducta funcional no sólo genera un perjuicio económico al Estado, sino que además genera graves afectaciones al servicio público, por ejemplo, ocasiona un servicio de salud deficiente y la consecuente pérdida de vidas humanas. Estamos en una situación de emergencia, donde no hay espacio para la ineficacia y la ineficiencia”, enfatizó.
También aclaró que mientras más demore en aprobarse esta ley, no se podrá sancionar a los responsables de hechos irregulares durante la emergencia sanitaria, debido a que la ley no es retroactiva y recién se aplicará a hechos ocurridos luego de su publicación. Adelantó que una vez aprobada dicha iniciativa legislativa se implementarán una serie de cambios en la Contraloría, ya que el nuevo Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) significará una transformación digital total, el cual incluirá el uso de firmas, notificaciones, expedientes, mesa de partes y audiencias de forma virtual, propiciando el “cero papel” y procesos más céleres.
Al cierre del mes de junio, la Contraloría General publicó 6,543 informes como parte de la “Estrategia de Control a la Emergencia Sanitaria COVID-19”, orientados a garantizar el buen uso de los recursos públicos destinados a la atención de la población y contención de la enfermedad en el país. De los 6,543 informes publicados, 2,895 corresponden a orientaciones de oficio, 2,670 a informes de control concurrente y 971 a visitas de control. Estos informes se realizaron en cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 31016 que establece medidas para el despliegue del control simultáneo durante la emergencia sanitaria.
“Con todas las cosas que se están apreciando se van a generar, en el segundo semestre, cientos de servicios de control específico y ahí se van a identificar nombre por nombre, funcionario por funcionario, las responsabilidades administrativas, civiles y penales que corresponden”, comentó. Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización, Shack dio detalles de los informes de control realizados a casos emblemáticos como el programa Reactiva Perú, la adquisición y entrega de canastas básicas familiares a hogares vulnerables, así como a la compra de tabletas para escolares y docentes de zonas rurales como parte del programa “Aprendo en Casa – Cierre de Brecha Digital”.
En el informe se detectaron riesgos que podrían afectar la entrega de los equipos en los plazos establecidos, la conectividad adecuada de los mismos, entre otros aspectos. Al respecto, consideró importante que el Ministerio de Educación (Minedu), conforme lo ha expresado, está considerando las recomendaciones realizadas por la Contraloría en el Informe de Hito de Control N° 5876-2020-CG/EDUNI –SCC para garantizar que la entrega de las tabletas se de en los plazos establecidos y que funcionen adecuadamente para los profesores y docentes.
Por otro lado, consultado en la Comisión de Fiscalización y Contraloría sobre la investigación que viene llevando a cabo el Órgano de Auditoría Interna a las declaraciones juradas del ex contralor y actual presidente de dicha comisión, Shack indicó que ese proceso se realiza con plena autonomía por parte del órgano competente, y resaltó que las investigaciones de la Contraloría se realizan sin distinciones. Como se sabe, el Órgano de Control inició un servicio de control posterior ante los hechos presuntamente irregulares y publicará oportunamente sus conclusiones.
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