La Contraloría
General de la República pondrá en marcha los Mega Operativos de Control
Regional en cinco regiones del país durante el segundo semestre del año. Para
ello, desplegará una gran cantidad de auditores para detectar hechos de corrupción
o inconducta funcional que afecten el desarrollo de Áncash, Arequipa, Callao, Ucayali y Tumbes, así
como velar por el uso correcto de los recursos públicos, informó el contralor
general Nelson Shack Yalta.
Durante la presentación del Informe de Gestión
2019 en la sesión virtual de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del
Congreso, precisó que se está elaborando el programa de trabajo para realizar
estos operativos en las regiones seleccionadas. “Haciendo un gran esfuerzo,
vamos a poder iniciar estas actividades y, en modo alguno, poder concluirlo
este año”, dijo a los parlamentarios, a quienes recordó que existen pedidos
para realizar estos operativos de control en todas las regiones del país.
Explicó que ejecutar un Mega Operativo de
Control Regional demanda cuatro meses de trabajo, desde que se interviene y
movilizan los recursos humanos y técnicos de la Contraloría hasta que se
concluyen los informes de control, además que se ejecutarán todos los servicios
que brinda el máximo ente del Sistema Nacional de Control en cada región. Además,
precisó que la Contraloría inició los Mega Operativos de Control en Cajamarca
debido a que se trata de una región mediana en la que se iba a realizar un
proyecto piloto y porque esa región registra uno de los mayores niveles de
pobreza pese a disponer de recursos provenientes del canon minero.
“El Mega Operativo se suspendió ante la
declaración del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19, por lo que
esperamos retomar y concluir este compromiso en el mes de octubre”, adelantó. Shack
Yalta recordó que las pérdidas ocasionadas por la corrupción en el Perú suman
S/ 23 297 millones en el 2019, de los cuales S/ 13 670 millones corresponden a
instancias del Gobierno Nacional y S/ 9 626 millones a instancias del Gobierno
Subnacional (gobiernos regionales y locales).
Durante su presentación en sesión virtual de
Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, el contralor Nelson Shack
reveló que con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se convocará
una consultoría para establecer una metodología del cálculo de daño patrimonial
y extra patrimonial que ocasiona la corrupción en el país. “Esto debe terminar
el primer cuatrimestre del 2021”, estimó. El Contralor General puso énfasis en
reiterar el apoyo del Congreso para debatir y aprobar las iniciativas enviadas
por la Contraloría como el proyecto de ley que expande la modalidad de control
concurrente a las principales obras, bienes y servicios.
Señaló que esto ayudará a evitar problemas de
inconducta funcional o corrupción en el futuro. También reiteró que en el
Congreso está pendiente de discusión y aprobación del proyecto de ley que
tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa
funcional. Un total de S/ 921 millones de perjuicio económico y más de 8,000
servidores públicos con responsabilidad fueron detectados en servicios de
control posterior realizado por la Contraloría en el 2019.
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