Contralor
General de la República anuncia que se realizarán 1,580 auditorías o controles
específicos que abarcará a casos referidos al manejo de fondos durante la
pandemia y a otros tipos de ejecución presupuestal. Los megaoperativos de
control consisten en el despliegue masivo de auditores para realizar
actividades de control simultáneo.
El contralor general Nelson Shack Yalta anunció el despliegue de acciones de control
posterior que permitirán identificar las irregularidades cometidas por
funcionarios públicos durante la emergencia sanitaria COVID-19, así como en otros tipos de ejecución presupuestal en el
sector público, y determinar sus presuntas responsabilidades administrativas,
civiles o penales. Durante su presentación virtual ante la Comisión de
Descentralización del Congreso de la República, adelantó que las mencionadas
acciones ya se han iniciado.
En total se han programado hasta diciembre
próximo 1,580 servicios de control posterior, de los cuales 191 serán
auditorías de cumplimiento y 1,389 informes de control específico que se van a
desarrollar en Lima y en todas las regiones del país. “Hasta el mes de junio
solo vimos temas relacionados al COVID-19, pero a partir de agosto hemos
empezado a centrar nuestro foco de atención en el control posterior de dichos casos
y de otros referidos al uso de recursos públicos donde hemos identificado, como
resultado del control simultáneo, indicios de irregularidades en distintos
sectores y niveles de gobierno”, señaló Shack.
Asimismo, indicó que se continuará en paralelo con
el control a la emergencia sanitaria, hasta su culminación. Precisamente,
destacó que hasta la fecha la Contraloría General ha emitido un total de 10,006
informes, de los cuales 4,266 fueron de control concurrente, 1,772 visitas de
control, 4,002 orientaciones de oficio, 2 controles previos y 14 controles
posteriores, sobre sobre situaciones y alertas identificadas como resultados
del control COVID-19 en los gobiernos locales, el gobierno nacional y gobiernos
regionales.
De igual manera, el contralor general anunció
que a fines de setiembre se retomará el megaoperativo de control con enfoque
regional en Cajamarca (que se inició en marzo y quedó suspendido por el inicio
de la pandemia) y se iniciará una acción similar en Tumbes. Para octubre,
noviembre y diciembre están programados megaoperativos de control en Callao, Ucayali y Áncash,
respectivamente. Los megaoperativos de control consisten en el despliegue
masivo de auditores para realizar actividades de control simultáneo en las
entidades públicas de una determinada región, para evaluar, de forma oportuna e
integral, y alertar sobre el uso indebido de recursos públicos.
Durante la sesión parlamentaria, Shack Yalta
sustentó la importancia de que se apruebe el proyecto de ley N° 3292-2018/CGR
que propone incorporar como causales de vacancia y suspensión de autoridades
regionales y locales, tener una sanción administrativa firme de suspensión o
inhabilitación para el ejercicio de la función pública, como consecuencia del
Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) a cargo de la Contraloría
General, siempre que el plazo de la comisión impuesta sea igual o mayor al
periodo que le resta de su mandato. Puntualizó que dicha iniciativa sería aplicable
si el Congreso restituye previamente las facultades sancionadoras del organismo
superior de control.
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