Intervención se efectuará
mediante servicios de control simultáneo y posterior en entidades públicas.
Corrupción e inconducta funcional habrían ocasionado pérdidas de S/ 408
millones en la región, de acuerdo al cálculo de la Contraloría.
Durante
el Mega Operativo de Control Regional en Ucayali,
la Contraloría General de la República
intervendrá, mediante servicios de control simultáneo y posterior, el Gobierno Regional y 17 municipalidades
provinciales y distritales, a fin de reducir el impacto de la corrupción y la
inconducta funcional en estas entidades públicas. Para ello, mediante el
despliegue masivo de auditores, la Contraloría iniciará desde este lunes 23 de
noviembre esta estrategia integral anticorrupción, durante la cual se
supervisarán 26 unidades ejecutoras (entidades) del Gobierno Regional.
Entre
ellas, las direcciones de Educación, Salud, Agricultura, el Hospital Amazónico,
el Hospital Regional de Pucallpa-AIS; así como las redes de salud de Coronel
Portillo (N°1), Atalaya N°3 y de Aguaytía –San Alejandro (N°4), entre otros. Asimismo,
se intervendrán en el 100% de gobiernos locales (21 entidades), entre ellas las
municipalidades provinciales de Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad y Purús;
además en las 17 municipalidades distritales, de las cuales resaltan
Campoverde, Manantay, Neshuya, Sepahua, Tahuania, Yaronacohca, entre otras.
También
se intervendrán 32 entidades del gobierno nacional como EsSalud, Provías
Nacional, el Programa Nacional de Saneamiento Rural, entre otras. El mega
operativo fortalece la presencia del control en la región, y permitirá tener
una radiografía completa de la prestación de servicios y el uso de los recursos
públicos, a fin de contribuir a solucionar aquella problemática más relevante
para la ciudadanía. De acuerdo al cálculo realizado por la Contraloría para
disponer el inmediato despliegue del mega operativo en Ucayali, la región
habría perdido por la corrupción y la inconducta funcional más de S/408
millones.
Además,
se identificó que 876 funcionarios y servidores públicos habrían cometido
irregularidades administrativas, penales y civiles, entre los años 2016 y 2020.
El perjuicio económico causado por estos flagelos limita, y en algunos casos,
despoja de servicios básicos a la población. Según cifras del INEI, casi la
mitad de la población ucayalina no accede a servicios básicos de agua y
saneamiento, lo que ocasiona enfermedades y refleja la pobreza en la región. Por
ejemplo, el 56.4% de hogares no cuenta con agua potable, superando incluso el
promedio nacional (32.6%).
Mientras
que los hogares sin acceso a desagüé alcanza el 48.6%. Se identificó además que
el 53.7% de niños sufren de anemia, que conlleva a problemas en el desarrollo
físico y cognitivo de los menores. Muestra de ello es que solo un 4.8% de
escolares de secundaria comprenden lo que leen, y solo el 4.7% rinde en
matemáticas, de acuerdo al INEI. Ante ello, la gestión del contralor general, Nelson Shack Yalta, dispuso desplegar
todos los esfuerzos de la Contraloría en Ucayali, mediante la intervención
simultánea y focalizada en las principales entidades públicas que operan en la
región, con la participación masiva de auditores.
En
total se ejecutarán 373 intervenciones, de las cuales 325 serán servicios de
control (156 simultáneo, 135 posterior y 34 servicios relacionados). Además, 48
corresponden a acciones de integridad y transversales, es decir, jornadas de
capacitación en las entidades públicas, asistencia y supervisiones técnicas,
así como el control a obras paralizadas, entre otros, en los cuales se
requerirá la participación de la ciudadanía.
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