Tras supervisión a la
Línea 100, se recomendó capacitar más al nuevo personal a fin de que puedan
identificar todos los tipos de violencia. A nivel nacional, de un universo de
179 llamadas, se evidenció que el 65% fueron atendidas de manera inmediata y
solo el 35% tuvo que realizar la llamada en más de una oportunidad ante la
saturación del servicio.
La
Defensoría del Pueblo realizó una
supervisión a los servicios brindados por la Línea 100 y el Servicio de
Atención Urgente (SAU) durante el estado de emergencia sanitaria a raíz del COVID-19, con el fin de evaluar la
actuación de estos servicios frente a las denuncias o hechos de violencia que
han recibido y/o atendido durante este periodo en las distintas regiones del
país. Para dicha inspección, la Defensoría del Pueblo realizó diversas llamadas
a la Línea 100 a fin de supervisar los casos de violencia económica, física y
sexual, psicológica, entre otras.
A
nivel nacional, de un universo de 179 llamadas, se evidenció que el 65% fueron
atendidas de manera inmediata y solo el 35% tuvo que realizar la llamada en más
de una oportunidad ante la saturación del servicio. En la supervisión, también
se advirtió que, durante los meses de cuarentena, la demanda del servicio de
orientación de la Línea 100 en La Libertad se incrementó hasta en un 300%, pues
en el 2019 se registraron 2675 llamadas entre marzo y octubre, mientras que en
el mismo periodo del año 2020 se registraron 6,645 llamadas, según el Boletín
Estadístico del Programa Aurora.
En
la mayoría de los casos, el personal de la Línea 100 instó a la persona que
llamaba a realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades y además
brindó orientación sobre los medios probatorios que se podían presentar en la
denuncia o durante el proceso, para que la misma sea debidamente fundamentada
y/o aceptada. En el marco del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se
celebra este 25 de noviembre, la Defensoría
del Pueblo recomendó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables crear
un protocolo de atención para las mujeres víctimas de violencia que contemple
las acciones a seguir en casos de emergencia.
Dichas
emergencia se entiende que se dan ya sea por desastres naturales, temas
sanitarios o durante conflictos armados. Asimismo, se ha solicitado diseñar un
curso o taller de inducción para el nuevo personal y para los que realizan
trabajo remoto, que les permita reconocer todos los tipos de violencia,
contemplados tanto en la Ley N° 30364 –“Ley para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar”, así como en el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 –
2021.
Finalmente,
se ha recomendado realizar talleres de sensibilización para el personal a cargo
de los servicios de atención a fin de reforzar y actualizar sus conocimientos
en el abordaje y asesoría de los casos de violencia contra las mujeres.
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