La Contraloría General de la República reitera
a las autoridades del Poder Ejecutivo, su apoyo con la realización del control
concurrente al proceso de compra de vacunas contra la COVID-19 y así contribuir a que las medidas adoptadas por el
gobierno tengan éxito, señaló el contralor Nelson
Shack Yalta. Sin embargo, recordó que hace tres meses, apenas se emitieron
los dispositivos que autorizaron la compra de las vacunas, el máximo ente del
Sistema Nacional de Control ofreció el apoyo del control concurrente a los
entonces representantes del Poder Ejecutivo, ya que la disponibilidad de las
vacunas es algo prioritario y debe preocupar a todos los peruanos.
“Al igual
que todos los peruanos, estamos sumamente preocupados por la disponibilidad
real y oportuna de las vacunas. Todos los funcionarios públicos debemos ser
conscientes de que lo más importante es salvar la vida de la gente y tenemos
que hacer todo lo necesario para lograr ese cometido”, indicó. Asimismo,
manifestó que el proceso de compra de las vacunas contra la COVID-19 es muy
complejo y en su momento se emitieron dispositivos específicos orientados a
levantar observaciones legales, ya que la normatividad de contrataciones no
estaba diseñada para comprar, en el marco de una emergencia, una vacuna que no
existía en su momento.
Shack Yalta
enfatizó que la principal preocupación de la Contraloría General de la
República es conocer cómo se va a desplegar los procedimientos logísticos
(cadena de frío, criterios de distribución, entre otros) para proceder con la
adquisición de las vacunas. “Varios informes de control han reiterado las
precariedades de los sistemas de cadena de frio actualmente existentes en
distintos hospitales”, acotó, aunque recordó que en diciembre se publicó un
Decreto de Urgencia N° 131-2020 que otorga recursos a la adquisición de cadena
de frío para fortalecer los puntos de almacenamiento y conservación de la
vacuna.
En ese
sentido, el titular de la Contraloría reiteró que el control concurrente es una
modalidad de control que ayuda a detectar situaciones de riesgo para evitar
perjuicios económicos futuros y graves afectaciones a los servicios públicos.
Así se expuso en las recientes reuniones sostenidas con la presidenta del Consejo
de Ministros, Violeta Bermúdez y la
presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli,
y se reiterará en próximas reuniones con el Ministerio de Salud. Mientras que
para el próximo año se tiene previsto realizar servicios de control posterior
para determinar si hay responsabilidades en la demora de la compra de la vacuna
contra la COVID-19.
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