CAD: ESTRUCTURA DE LA ONA REFLEJA LOS LÍMITES DE LA VOLUNTAD POLÍTICA EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN

Para “Ciudadanos Al Día”, nueva institución no tiene autonomía administrativa, presupuestaria ni rendición de cuentas ante los ciudadanos Eficiencia en la lucha anticorrupción requiere evitar las condiciones propicias para la corrupción, transparentar los procesos y fortalecer los sistemas de control y sanción

Luego de analizar la norma que crea la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), la ONG “Ciudadanos al Día” (CAD) considera que, si bien la persona al frente de la institución es la adecuada -debido a sus credenciales jurídicas intachables-, la estructura de este nuevo ente no reviste las garantías necesarias y la autonomía que permita una adecuada función. “Según la norma, la ONA no tiene autonomía administrativa, presupuestaria ni rendición de cuentas ante los ciudadanos. Por ello, creemos que esta estructura de la ONA refleja los límites de la voluntad política en su lucha contra la corrupción”, señaló Juan Carlos Cortés, presidente del CAD.

Cortés, además indicó que debería tomarse en cuenta la experiencias internacionales que ya cuentan con organismos como estos, pero totalmente independientes de la esfera política. En este sentido CAD considera que además de la autonomía técnica y funcional que ya se le ha asignado a la ONA, está pendiente asegurar su autonomía administrativa y presupuestal (ser una unidad ejecutora), pues al estar adscrita a la PCM limitaría su independencia, su autonomía para la rendición de cuentas públicas frente a la ciudadanía y el Congreso (no solo frente al Gabinete) y su autonomía de gestión, es decir, no ser parte de la misma esfera política.

En el Boletín:”Sí a la lucha contra la corrupción, con transparencia y autonomía”, CAD identifica tres líneas de trabajo sobre las cuales se deben asentar la fiscalización y las cuales deben ser medidas para evaluar si la lucha contra la corrupción está siendo eficiente. La primera línea se refiere al entorno. Se debe generar un entorno en el que los procesos sean claros y sencillos y donde el ciudadano no “tenga que” dar coimas por recibir un servicio al cual tiene derecho, así como los funcionarios calificados y bien remunerados no “tienen que” aceptar y pedir estas coimas.

En el segundo rubro se tiene la transparencia, la misma que debe estar presente en todos los ámbitos de las instituciones públicas. Así, se debe garantizar información clara sobre los trámites que deben cumplir los ciudadanos y el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Finalmente tenemos la línea de la sanción. En este sentido, si bien se ha demostrado que los sistemas de sanción no sirven de nada si no se extirpan primero las conductas corruptas, es necesario fortalecer los sistemas de control y sanción que garanticen sanciones efectivas para los que incurren en actos de corrupción, procesos predecibles de sanción y control, así como igualdad ante la ley.