APRODEH: SENTENCIA SOBRE CASO LA CANTUTA MARCA UN “PRECEDENTE IMPORTANTE”

Miguel Jugo Viera, director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), consideró por ello que esta sentencia se convierte entonces en un antecedente crucial para una eventual sentencia judicial contra Fujimori, en los casos de violaciones a derechos humanos.

La sentencia contra el ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Gral. EP (r) Julio Salazar Monroe, por la matanza de La Cantuta, marca un precedente importante en el proceso al ex presidente Alberto Fujimori, sostuvo la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). Su director ejecutivo, Miguel Jugo Viera, dijo que la sentencia contra los integrantes del grupo Colina, reconoce que las violaciones a derechos humanos no se aplicaron en forma aislada, sino de modo sistemático y en forma permanente en dicho gobierno (1990-2000).

Consideró, por ello, que esta sentencia se convierte entonces en un antecedente crucial para una eventual sentencia judicial contra Fujimori, en los casos de violaciones a derechos humanos. “Existió planificación, la creación de un destacamento operativo, que fue el grupo Colina que se desarrolló en un marco de violaciones a derechos humanos. No se trató de una decisión que tomó Martín Rivas, sino de una planificación, una logística y política llevada adelante por Fujimori y la cúpula que gobernó el país, en esa época”, argumentó.

Subrayó que las condenas, dictadas en la víspera por la Primera Sala Anticorrupción de Perú, abren el camino para los próximos juicios que enfrenta el ex presidente Fujimori, y devuelven la esperanza a los familiares de las víctimas sobre violaciones a derechos humanos. “Ellos vuelven a sentir que la justicia piensa en ellos y que por fin están recibiendo comprensión”, refirió.

En ese sentido, dijo que las sentencias emitidas en la víspera confirman la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordena reparar económicamente a los familiares de las víctimas en el caso La Cantuta. En la víspera la Primera Sala Penal Anticorrupción, presidida por la magistrada Inés Villa Bonilla, dictó sentencia contra los integrantes del grupo Colina acusados por haber perpetrado la matanza de nueve estudiantes y de un profesor de la Universidad La Cantuta, en julio de 1992.

El ex jefe del desactivado Servicio Nacional de Inteligencia, Julio Salazar Monroe fue condenado a 35 años de prisión, por el delito de homicidio calificado y desaparición forzada, mientras que a Gabriel Orlando Vera Navarrete, José Alarcón Gonzáles y Fernando Lecca Esquén, se les aplicó una pena de 15 años.