La seguridad no ha sido una política pública en el Perú

Su gestión enfocará su atención en los 130 distritos con las tasas más altas de victimización, trazándose la meta de colocar 1 policía por cada 450 habitantes. “La seguridad no ha sido una política pública en el Perú. Ahora vamos a trabajar con línea de base e indicadores de resultado”, mencionó el titular del Interior Carlos Basombrío.

En la sesión vespertina del segundo día del CADE Ejecutivos 2016, el Ministro del Interior, Carlos Basombrío, destacó que en los primeros cuatro meses del Gobierno, se ha roto la inercia con importantes logros en lucha contra el crimen organizado y sentado bases para mejorar la seguridad ciudadana. En su ponencia el ministro mostró los principales indicadores con los que se comprometerá su gestión en los próximos dos años. Entre los principales, se encuentran incrementar de 13 a 25% el número de ciudadanos que denuncien delitos, aumentar el número de policías en 37,600 a 42,000 en las comisarías, y reducir de 14.8 a 10.5% las víctimas de robo.

Asimismo, destacó que el principal objetivo será recuperar la confianza de la sociedad en la PNP, con la difícil meta de convertirla en la mejor institución pública hacia el Bicentenario, aumentando su índice de confianza a 45%. En ese sentido, Basombrío puso énfasis en la composición de nuevos esquema de asignación de recursos materiales y humanos. Su gestión enfocará su atención en los 130 distritos con las tasas más altas de victimización, trazándose la meta de colocar 1 policía por cada 450 habitantes. “La seguridad no ha sido una política pública en el Perú. Ahora vamos a trabajar con línea de base e indicadores de resultado”, mencionó.

Previamente se desarrolló un conversatorio sobre narcotráfico y corrupción a cargo del economista Raúl Salazar, el analista político Fernando Rospigliosi y la Presidenta Ejecutiva de DEVIDA, Carmen Masías. La presidente de DEVIDA expuso los resultados positivos que políticas integrales han generado en Valle del Monzón, que en el 2012 presentaba 12 mil hectáreas de coca. La participación de las instituciones nacionales e internacionales y la apuesta por el cambio de parte de las empresas ha permitido que se reduzca el espacio cocalero. 

En cuatro años, 5 mil caseríos han dejado la coca, siendo reemplazada por la siembra de café, cacao y otros productos. Para Masías esto demuestra que se debe encontrar un modelo con la participación de agrónomos, administradores, psicólogos, entre otros especialistas que trabajen en el desarrollo integrado. Por su parte, Salazar sostuvo que las propuestas a favor de la legalización de las drogas deben identificar algunas tareas complementarias, como por ejemplo plantear que la ONU establezca protocolos para comercialización, similares como a los que existe para el alcohol,  el tabaco o las armas. 

“La erradicación es inefectiva e inconveniente mientras exista demanda. Simplemente esta se trasladaría a otros lugares, ocasionando los mismos daños sociales y ecológicos”, sostuvo Salazar. “Es inmoral que mantengamos un sistema que favorece al crimen organizado”, sostuvo el economista. Por su parte, Fernando Rospigliosi criticó la medida del gobierno de aumentar la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona del VRAEM pues la solución tiene que ser abordada por investigación criminal y no por la fuerza. 

“Somos el primer exportador de cocaína porque incautamos muy poco. No se incauta ni el 10% de la cocaína que se produce”, expresó. Asimismo, criticó la inmunidad e impunidad de nuestros políticos, mientras que en países como Colombia o Brasil ya se ha avanzado en este tipo de políticas.