“Lo que no debemos dejar de vigilar es qué tipo de inmuebles se están alquilando y cómo se atiende de manera racional y austera esa necesidad, garantizando el buen servicio al ciudadano y el correcto uso de los recursos públicos”, agregó el Contralor General durante audiencia pública desarrollada en la ciudad de Trujillo.
Desde Trujillo, el Contralor General Nelson Shack Yalta se pronunció sobre el alquiler de oficinas para las instituciones públicas y anunció que propondrá establecer una Política Nacional de Infraestructura en la Administración Pública, con el fin de establecer los criterios técnicos necesarios para el alquiler de inmuebles destinados al funcionamiento de entidades y prestación de servicios públicos. Adelantó que la próxima semana sostendrá una reunión sobre el particular con el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas.
Señaló que esta medida es necesaria toda vez que en el país anualmente se invierten más de S/ 500 millones al año en alquileres de este tipo, cifra que este año se estima ascenderá a S/ 576 millones, y que si bien actualmente la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento justifican que los alquileres se autoricen por la modalidad de contratación directa –que permite la contratación con un determinado proveedor– ello no justifica que se realicen sin límites o con precios sobrevalorados, en zonas fastuosas, o que se pretendan incluir las adecuaciones de los locales, ya que esta última acción requiere un proceso competitivo que no corresponde a la contratación directa.
Informó, también, que muchas sedes de instituciones públicas carecerían del Certificado de Defensa Civil y por tanto requieren realizar adecuaciones y reforzamientos para garantizar la integridad y vida de sus trabajadores y público usuario, por lo que este aspecto debe ser considerado en la Política Nacional de Infraestructura. “Debemos considerar que hoy en día tenemos instituciones que han crecido operativamente y que requieren descentralizar sus servicios”, sentenció Shack Yalta.
“Lo que no debemos dejar de vigilar es qué tipo de inmuebles se están alquilando y cómo se atiende de manera racional y austera esa necesidad, garantizando el buen servicio al ciudadano y el correcto uso de los recursos públicos”, agregó el Contralor General. En ese sentido, informó que ya se han acreditado comisiones de auditoría para revisar los casos denunciados sobre presuntas sobrevaloraciones o alquileres onerosos en entidades públicas, en donde se revisará si se realizaron las tasaciones y comparaciones de costos, entre otros aspectos necesarios para la elaboración del expediente técnico que habría sustentado la contratación directa.
Asimismo, que se ha dispuesto que el Sistema Nacional de Control, por medio de los Órganos de Control Institucional (OCI), haga el seguimiento de casos similares en otras entidades públicas, a nivel nacional. El Contralor hizo este anuncio durante la Audiencia Pública Regional “La Contraloría te Escucha” donde se registró la participación de más de 210 ciudadanos, de los cuales 76 solicitaron hacer uso de la palabra para presentar denuncias o reclamos respecto a presuntas inconductas funcionales, casos de corrupción o mal funcionamiento de servicios públicos.
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