Ahora los docentes jubilados ya han perdido el 50% de su capacidad adquisitiva con el que se retiraron del servicio activo, lo peor es que gobiernos insensibles están permitiendo que a los jubilados como a los docentes se los está empujando a vivir una extrema pobreza y ya no se puede tolerar la injusta distribución de los recursos nacionales.
Por: Amaro Rodríguez Santillán
Los ladrones de los dineros públicos desde Presidentes de la República, Presidentes del Consejo de Ministros, ministros, parlamentarios del Congreso de la República, Gobernadores Regionales, alcaldes provinciales, distritales, de centros poblados, regidores y funcionarios de las entidades públicas civiles y militares, con el robo sistemático, mediante sobrevaloraciones, coimas y otras modalidades delictivas, retrasan nuestro desarrollo.
El robo descarado genera un drenaje del dinero del pueblo por rufianes de cuello y corbata, enquistado en la administración pública, además de sabotear el desarrollo de nuestra patria, contribuyeron a condenar a la pobreza a los jubilados que en su oportunidad con su trabajo honesto, contribuyeron al crecimiento económico del Perú conducidos por empresarios emprendedores menos delictivos.
Ahora los docentes jubilados ya han perdido el 50% de su capacidad adquisitiva con el que se retiraron del servicio activo, lo peor es que gobiernos insensibles están permitiendo que a los jubilados como a los docentes se los está empujando a vivir una extrema pobreza y ya no se puede tolerar la injusta distribución de los recursos nacionales.
Promover la correcta administración de la justicia en el Perú, con gran número de jueces y fiscales probos, sería el inicio de un proceso revolucionario como lo consideró el recordado Alfonso Barrantes Lingán, porque con poquísimos magistrados que demuestran una justa administración de la justicia, los cimientos de la corrupción sufren un fuerte sismo renovador que incrimina a malos jueces fiscales y empresarios encubridores.
Necesitamos parlamentarios con visión justiciera que elaboren y aprueben leyes, entre otras, una que tipifique el robo de los dineros públicos como acto de traición a la patria, al mismo tiempo de elaborarse un proceso especial para someterlos a un juicio sumario, sin atender leguleyadas que amparen la corrupción y confisquen los bienes dolosamente adquiridos incluyendo las de los testaferros.
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