El objetivo de este pedido, es el de dilucidar la veracidad de los hechos imputados y se identifique a los responsables. Indica, además, que la propia experiencia de los últimos años ha demostrado que inclusive estos mecanismos de adquisición previstos en la Ley de Contrataciones del estado han sido afectados por la corrupción.
Con oficio N° 076-2020-MPT/A, el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, solicitó ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – La Libertad, su intervención para que investigue un presunto negociado de obras de mantenimiento en los parques de la ciudad de Trujillo. En su cuenta personal de Facebook la autoridad señaló, por otra parte, que hizo similar solicitud ante la Contraloría General de la República. “Que se esclarezcan los hechos y el peso de la justicia caiga sobre quien corresponda”, escribió en la red social.
En el oficio presentado al Ministerio Público, hace referencia a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento, en los que se establece información respecto a los procesos de selección (licitaciones y concursos públicos), adquisiciones directas y adquisiciones de menor cuantía, debiendo estos regirse por el principio de transparencia, lucha contra la corrupción y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos. A fin de que se respete el principio de transparencia, que debe caracterizar a toda gestión pública, y habiendo tomado conocimiento por los medios de prensa, la autoridad edil pide se efectúen las investigaciones, pesquisas y diligencias necesarias.
El objetivo de este pedido, es el de dilucidar la veracidad de los hechos imputados y se identifique a los responsables. Indica, además, que la propia experiencia de los últimos años ha demostrado que inclusive estos mecanismos de adquisición previstos en la Ley de Contrataciones del estado han sido afectados por la corrupción. Por ello indica que para el resguardo de los recursos públicos no solo basta un procedimiento especial de adquisición sino que resulta necesario un rígido sistema de control y fiscalización, tanto a nivel de la propia entidad adquirente (control previo), como en el máximo órgano de control, a cargo de la Contraloría General de la República, y el Ministerio Público.
En cualquier caso, ambos sistemas de control tienen como principal propósito garantizar el principio de oportunidad. Ningún mecanismo de adquisición será válido si no se respetan los principios de eficiencia, transparencia y trato igualitario, señala en el documento cursado al Ministerio Público con fecha 11 de febrero.
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