Encuentran responsabilidad penal en 16 funcionarios de Cultura por Richard Swing

Recomendó al titular del sector disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan. Al Procurador Público del Ministerio de Cultura iniciar las acciones legales penales contra los funcionarios involucrados.

 

La Contraloría General de la República evidenció que el Ministerio de Cultura efectuó pagos indebidos por el monto de S/ 155,400.00 a un único proveedor que no contaba con la especialidad, el perfil y la experiencia debida para la ejecución de actividades motivacionales y otros servicios desde el 2018 al 2020. Asimismo, se identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en 16 funcionarios y servidores públicos de la mencionada entidad por hechos irregulares que beneficiaron indebidamente al proveedor, afectando la transparencia de las contrataciones del Estado, así como la finalidad pública prevista.

 

Por los hechos detectados que forman parte del informe de control, la Contraloría recomendó al Procurador Público del Ministerio de Cultura iniciar las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos; y al titular de la entidad disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan. El informe también será puesto de conocimiento del Ministerio Público. Asimismo, se recomendó poner en conocimiento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) los resultados del informe respecto a las actuaciones del proveedor para los fines que correspondan.

 

De acuerdo al Informe de Control Específico N° 025-2020-2-5765-SCE, el Ministerio de Cultura contrató al proveedor Richard Cisneros Carballido, a través de nueve órdenes de servicios por la suma total de S/ 175,400.00. Según la comisión de control del OCI del Ministerio de Cultura, las áreas usuarias elaboraron y aprobaron términos de referencia con requisitos que no se adecuaban al objeto de la contratación. El informe señala asimismo que las contrataciones y pagos efectuados a favor del proveedor, se hicieron por servicios de ejecución de actividades motivacionales para mejorar el rendimiento laboral personal y social de los servidores del Ministerio de Cultura.

 

Asimismo, la organización y ejecución de eventos de integración institucional para los colaboradores de la entidad, ejecución de eventos organizados por la Oficina General de Recursos Humanos, intervención en actividades culturales para promover el uso de los espacios culturales del Gran Teatro Nacional, y otros. En el informe de control se señala, entre otros aspectos, que dentro de las actividades que debió realizar el proveedor Richard Cisneros, fue la elaboración de un directorio de librerías que contenga piezas musicales, con pertinencia cultural.

Sin embargo, este requerimiento resultó incongruente porque las actividades que debió efectuar el referido proveedor no guardaba correspondencia con el perfil requerido en el que solo se solicitó “experiencia en la elaboración de eventos, actividades teatrales, musicales o de entretenimiento”, no habiéndose solicitado a un especialista o técnico en música. Además, se consignaron actividades que son funciones propias al Ministerio de Cultura y no se estableció el perfil mínimo requerido para la contratación, conforme lo señala su propia norma interna.

 

Por ejemplo, no se estableció el nivel académico requerido, es decir se omitió definir si el servicio debía ser prestado por un técnico, un profesional o un especialista. También se comprobó que en el año 2019 se fraccionó una contratación con la finalidad de evadir el procedimiento de selección que, por el monto correspondía a una adjudicación simplificada, en aplicación de la Ley de Contrataciones. En estas contrataciones las áreas usuarias otorgaron conformidad, pese a que el proveedor Richard Cisneros Carballido, en algunos casos no acreditó el cumplimiento de la prestación del servicio.

 

Por ejemplo, en el año 2018, se detectó que este proveedor presentó el Informe N° 003-2018-RJCC, a través del cual debió entregar un diagnóstico para la “propuesta de difusión y promoción del uso de las salas” del Ministerio de Cultura, sin embargo, en el expediente de la contratación no se evidencia el mencionado diagnóstico, que supuestamente debió servirle de base para su propuesta de promoción. Además, debió entregar un video de intriga, grabada con drone, con una historia de la entidad (Ministerio de Cultura) pero el área usuaria, es decir la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional (OCII), manifiesta que no cuenta con el referido material audiovisual.

 

A pesar de esta situación irregular, la Secretaría General otorgó la conformidad de este servicio a través del documento N° 12091-2018, ocasionando que se desembolse indebidamente a favor del proveedor Richard Cisneros por S/ 7,000.00, conforme lo evidencia el comprobante de pago N° 24699 del 17 de diciembre del 2018. Los resultados del informe se encuentran publicados en el Portal Institucional www.contraloria.gob.pe, sección Transparencia e Informes de Control.