“No puede
haber una norma como lo que ha aprobado el Congreso que no contemple sanciones.
El funcionario que no presenta sus declaraciones juradas, falsea su información
o la altera para ocultar algo, debe ser sancionado y las sanciones tienen que
ser ejemplares”, precisó Nelson Shack Yalta.
El contralor Nelson Shack Yalta lamentó la observación del presidente Martín Vizcarra Cornejo a la autógrafa
de ley sobre declaraciones juradas de intereses de autoridades, servidores y
candidatos a cargos públicos, ante la necesidad de fiscalizar la información
que presentan los funcionarios públicos, por parte de la Contraloría General. Sostuvo
que, ante los recientes casos sobre presuntos conflictos de intereses en el
Estado, que han involucrado a funcionarios y autoridades al más alto nivel, es
necesario que sea la Contraloría, la encargada de fiscalizar la información que
contiene las declaraciones juradas presentadas por dichos funcionarios.
Asimismo, hacerlas públicas para que puedan ser
consultadas por la ciudadanía. “El tema de las declaraciones juradas de
intereses se está volviendo hoy en día más importante que nunca. De hecho, si
uno hace un recuento rápido de los últimos casos que han salido y que han
involucrado a las altas autoridades del Poder Ejecutivo, están muy relacionados
con los temas de conflictos de interés”, afirmó en diálogo con una radio local.
Si bien expresó su desacuerdo con la decisión del mandatario, Shack Yalta precisó
que la norma tal como fue aprobada por el Congreso de la República, tiene una
serie de imperfecciones o vacíos que deberían superarse.
Por ejemplo no haber aprobado el capítulo que
establece las sanciones, el cual haría posible la sanción a quienes no
presentan su declaración o alteran la información. “No puede haber una norma
como lo que ha aprobado el Congreso que no contemple sanciones. El funcionario
que no presenta sus declaraciones juradas, falsea su información o la altera
para ocultar algo, debe ser sancionado y las sanciones tienen que ser
ejemplares. Es una asignatura pendiente que esperamos el Congreso lo pueda
resolver lo más pronto posible”, anotó.
El contralor brindó estas declaraciones en
diálogo con una radio local, desde Piura, donde realiza una jornada de
supervisión de obras y servicios que se ejecutan en la región. De otro lado,
consultado sobre el proceso de elección de miembros del Tribunal Constitucional
(TC), consideró que la reciente aprobación del reglamento de dicho proceso ha
establecido un plazo demasiado corto (8 días) que hace material y técnicamente
imposible que la Contraloría General realice un análisis de los postulantes al
TC, como lo ha establecido recientemente la Comisión especial parlamentaria
encargada de evaluar a los candidatos a esta entidad de la magistratura.
“Hemos enviado formalmente una comunicación al
Congreso, porque están pidiendo que la Contraloría haga una ansiáis exhaustivo
de los posibles conflictos de interés de los postulantes, pero solo nos dan
ocho días, eso es material y técnicamente imposible”, refirió. También lamentó
la investigación en la que se ha visto involucrada la investidura del
Presidente de la República, debido a las recientes denuncias periodísticas
cuando se desempeñó como Gobernador de Moquegua.
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