El riesgo detrás del
uso inadecuado de esta figura fue advertido en más de una ocasión por nuestra
institución. Por ello, su configuración y límites sigue siendo materia de un
extendido debate constitucional que debiera ser concluido por el Tribunal
Constitucional, señala parte de este pronunciamiento.
Frente
a la crisis institucional generada por la decisión del Congreso de la República
de vacar al expresidente Martín Vizcarra
Cornejo, la Defensoría del Pueblo señala lo siguiente:
1.-
La democracia constitucional es el sistema político que peruanas y peruanos
hemos decidido conjuntamente construir. Este sistema se basa en dos principios
esenciales: la división y control del poder, y la garantía y pleno ejercicio de
los derechos fundamentales de las personas. Por tanto, todas las decisiones y
acciones de los poderes del Estado deben estar en armonía con estos principios.
2.-
La decisión del Congreso de vacar al Presidente de la República se ha realizado
en base a una interpretación extensiva de la Constitución. El riesgo detrás del
uso inadecuado de esta figura fue advertido en más de una ocasión por nuestra
institución. Por ello, su configuración y límites sigue siendo materia de un
extendido debate constitucional que debiera ser concluido por el Tribunal
Constitucional. No obstante, tras la notificación y publicación de esta
decisión en el diario El Peruano, todas las autoridades deben respetar el
procedimiento sucesorio previsto en la Constitución.
3.-
La actual situación nos confronta ante dos graves riesgos: la concentración del
poder y la seria afectación de los servicios públicos que debe garantizar el
Estado. En este punto, conviene recordar que, nuestro país aun se encuentra en
una gravísima crisis sanitaria, que no debe ser en absoluto ignorada por
nuestras autoridades. Hay que reiterar que el ejercicio del poder político se
legitima solo si a través de este se garantizan y protegen los derechos
fundamentales. Asimismo, no puede dejarse de lado que nos encontramos en un
proceso electoral en marcha, cuyo desarrollo libre y transparente debe ser
garantizado por las nuevas autoridades.
4.-
En línea con lo anotado, el Poder Ejecutivo debe dar señales inmediatas y
concretas de que garantizará la separación de poderes, y evitará que las
decisiones y acciones de gobierno se confundan con las del Poder Legislativo.
Para ello, deberá designar un gabinete independiente, técnico con experiencia y
con capacidad política para conducirse y relacionarse de manera autónoma con el
Legislativo. De este modo, se garantizará el principio de gobernabilidad y
cooperación entre poderes.
5.-
Con relación a la crisis sanitaria que atravesamos, el nuevo gobierno debe
minimizar los efectos de una eventual segunda ola, así como tomar todas las
medidas para garantizar el acceso a una vacuna segura y eficaz para toda
la población. Para ello es indispensable asegurar la continuidad del personal
de la gestión de la crisis sanitaria y evitar paralizar las acciones contra el
COVID-19, pues de lo contrario, se perderían muchas vidas humanas.
6.-
Evitar la concentración del poder y garantizar los derechos fundamentales de
las personas no solo es tarea del Poder Ejecutivo, sino también del Congreso.
Por ello, nuestra institución, exhorta al Parlamento a evitar la aprobación de
leyes sin el cumplimiento riguroso del procedimiento legislativo, lo cual
supone contar previamente con los dictámenes de comisiones, atender criterios
técnicos y respetar el principio deliberativo, promoviendo la máxima
participación de todos los actores implicados.
7.-
Finalmente, la Defensoría del Pueblo exhorta a todos los poderes e
instituciones públicas a conducirse estrictamente por lo establecido en la
Constitución Política. En este momento de crisis, tanto la ciudadanía y líderes
políticos deben actuar con la máxima prudencia colocando por delante el interés
nacional. En el marco de sus competencias, nuestra institución cumplirá su
papel de contrapeso del Poder Ejecutivo y Legislativo, y de garante de los
derechos fundamentales.
Lima, 10 de noviembre
de 2020
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