Esta paralización se mantendrá hasta que se
restablezca el Estado de Derecho y sea seguro volver a trabajar: hoy, la
violencia, no los deja trabajar. Lamentablemente, la decisión tomada en favor de la
vida de los trabajadores, significa pérdidas para el sector y el país.
En vista de la violencia desatada en las regiones de La Libertad e Ica, en donde una turba de manifestantes -que muchos de ellos no
son trabajadores agrarios-, toman por asalto las carreteras, incendian
ambulancias, hieren policías, destruyen instalaciones de empresas agrícolas e
impiden el libre tránsito y derecho al trabajo que tienen todos y cada uno de
los peruanos, las empresas miembro de la Asociación
de Gremios Agrarios Productores del Perú (AGAP) que se encuentran en dichas
zonas se ven obligadas a suspender temporalmente sus operaciones a fin de
proteger la vida e integridad de sus trabajadores.
Esta paralización
se mantendrá hasta que se restablezca el Estado de Derecho y sea seguro volver
a trabajar: hoy, la violencia, no los deja trabajar. Lamentablemente, la decisión tomada en favor de la
vida de los trabajadores, significa pérdidas para el sector y el país. “Por un
sólo día que paramos operaciones en ambas regiones, calculamos que 100 mil
trabajadores pierden sus ingresos, lo que pone en riesgo el sustento de igual
número de familias en medio de la situación de crisis económica y sanitaria por
la que atraviesa el país. Esto, además, repercutirá en las decenas de miles de
empleos indirectos que dependen de la continuidad de las actividades
agroindustriales”, afirman.
Asimismo, invocan a la paz social y el diálogo en el
país, así como al restablecimiento del orden público, la seguridad y el libre
tránsito en las regiones de La Libertad e Ica. Hacen un llamado al Gobierno y
al Congreso de la República a no comprometer el futuro del país ante la
violencia de unos pocos, y a trabajar en una nueva ley agraria que asegure una
mejora en la calidad de vida del trabajador dependiente del agro, la
sostenibilidad de la agroindustria formal y que permita generar más empleos
formales para los trabajadores y trabajadoras del campo en el país.
Finalmente, reiteran su pedido a no ceder a la presión
de la minoría que, con actos de violencia, deslegitima el derecho a la
protesta, así como también deslegitima el pedido de muchos trabajadores del
campo que han visto vulnerados sus derechos laborales durante muchos años por
culpa de empresas tramposas.
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