Señala que
esto generará impunidad de casos de corrupción y debilitamiento del Sistema
Nacional de Control. Esta situación, que ocurre hoy en día, ha significado
sanciones benignas o impunidad para los responsables, toda vez que el
funcionario infractor termina “sancionado débilmente” por quien lo nombró en el
cargo.
Ante el predictamen elaborado por la
presidencia de la Comisión de Fiscalización y Contraloría General del Congreso
de la República sobre la tipificación de las conductas infractoras en la
función pública que debería implicar el retorno de la capacidad de la
Contraloría General para sancionar administrativamente los casos de corrupción
e inconducta funcional se informa lo siguiente:
- Expresamos nuestra preocupación porque el predictamen que se pretende poner a votación distorsiona la finalidad de los proyectos de Ley presentados por la CGR en 2019 y 2020 para tipificar las conductas infractoras en una ley de acuerdo al fallo del Tribunal Constitucional
- La presidencia de la Comisión de Fiscalización no aceptó convocar a la CGR a una sesión, tal y como ha sido solicitado de manera formal el 20 de noviembre, para sustentar ante los miembros del grupo de trabajo los argumentos técnicos y jurídicos de nuestra institución.
- Ante ello, debemos alertar que con la desnaturalización en la que incurre el predictamen no se podrán sancionar inconductas de funcionarios y servidores que incumplan resoluciones, directivas, lineamientos, documentos de gestión u otros actos administrativos que involucran posibles perjuicios económicos o afectación de servicios públicos. Y como ejemplo, podemos citar aquellos asociados al incumplimiento de las disposiciones e informes técnicos vinculantes que emiten los órganos rectores de los Sistemas Administrativos, como OSCE, la Dirección Nacional del Presupuesto Público, la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, entre otros, así como directivas y procedimientos internos en materia de contrataciones públicas menores a 8 UIT’s llamadas menores cuantías.
- Se buscaría, además, eliminar la prevalencia del Proceso Administrativo Sancionador de la CGR sobre otros procesos administrativos, con lo que una entidad pública puede iniciar un proceso a un funcionario o servidor público para neutralizar las sanciones de la CGR. Esta situación, que ocurre hoy en día, ha significado sanciones benignas o impunidad para los responsables, toda vez que el funcionario infractor termina “sancionado débilmente” por quien lo nombró en el cargo.
- Asimismo, se propone que el reglamento de la nueva ley sea elaborado por el Poder Ejecutivo y aprobado mediante decreto supremo. Ello busca afectar la autonomía de la CGR consagrada por la Constitución y claramente representa un retroceso en la consolidación del Sistema Nacional de Control.
- Respecto al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA), el predictamen introduce cambios que no tienen amparo legal, como convertirlo en un Tribunal como institución adscrita a la CGR lo que dificultará la unidad de criterio y cumplimiento de las disposiciones que emita este Organismo Superior de Control, así como limitará la gestión administrativa, y de los distintos sistemas de información que interoperan para la correcta función de control. El TSRA es y ha sido un órgano resolutor con autonomía para sus decisiones jurisdiccionales. Ello también ha sido reconocido en la sentencia del Tribunal Constitucional.
Por todo lo expuesto, la propuesta de
predictamen debilita la autonomía de la labor de control y sanción de la
corrupción y la inconducta funcional y retrasa el principal objetivo del
proyecto de ley, generando incertidumbre y acrecentando la sensación de
impunidad en la ciudadanía. Consideramos indispensable que los miembros de la
Comisión deben ser informados adecuadamente para que se realice un debate
técnico.
Contraloría
General de la República
Lima, 10
diciembre de 2020
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