“Con mucho esfuerzo, las empresas consiguen recursos y de repente cuando sacan sus productos muebles, conservas u otras posibilidades de producción, aparece otra empresa y empieza a vender por debajo del costo, pues cuenta con el financiamiento de dinero sucio”, reveló el Presidente de Devida, Rómulo Pizarro Tomassio.La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), entidad especializada y adscrita a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), reportó el año pasado 1,554 operaciones sospechosas, que permitieron al Ministerio Público judicializar 53 casos. Así lo informó el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Rómulo Pizarro Tomassio, quien mencionó que el presente año, al 31 de enero, se registraron 108 reportes, mientras que en el 2006 llegaron a 1,179.
“Es destacable este trabajo”, dijo, tras explicar que en función a estos reportes el Ministerio Público realiza las denuncias correspondientes para judicializar los respectivos casos. Al respecto, mencionó que la Fiscalía en enero ha presentado ocho denuncias. En el 2006, la cifra alcanzó los 41 casos. Pizarro expresó su preocupación por este tema, pues las operaciones sospechosas son indicios de competencia desleal que se realiza contra la pequeña, mediana y gran empresa legalmente constituida.
“Con mucho esfuerzo, las empresas consiguen recursos y de repente cuando sacan sus productos muebles, conservas u otras posibilidades de producción, aparece otra empresa y empieza a vender por debajo del costo, pues cuenta con el financiamiento de dinero sucio”, reveló. Por esta razón, pidió al sector empresarial colaborar brindando información a las autoridades en las acciones de control que se vienen realizando para la prevención del lavado de activos.
Los bingos, casas de cambio, de empeño y préstamos, hipódromos y sus respectivas agencias, empresas o personas dedicadas a la compraventa de vehículos, embarcaciones y aeronaves, así como los negocios de comercio de antigüedades, joyas y objetos de artes, entre otras, están obligadas a informar permanentemente ante la Unidad de Inteligencia Financiera. “Pedimos que nos apoyen en este tema. Nadie quiere que un negocio legal pueda quebrar porque tiene competencia hecha por dinero ilegal o del narcotráfico”, enfatizó.
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