miércoles, 30 de enero de 2013

MUNICIPALIDAD DE CASA GRANDE SERÁ DISTINGUIDA POR CONADIS

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Es la única municipalidad en la región que ha implementado políticas efectivas de inserción laboral de las personas con discapacidad. Por ese motivo, el alcalde de Casa Grande, Alejandro Navarro Fernández y su equipo serán distinguidos como “empresa inclusiva” que está promocionando la inserción laboral de personas con discapacidad.

La Municipalidad Distrital de Casa Grande es la única institución pública de la región La Libertad que ha implementado políticas efectivas de inserción laboral para las personas con discapacidad en su distrito, por lo que será distinguida por el Ministerio de la Mujer, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) y la Comisión de Inclusión Social del Congreso de la República en ceremonia que se realizará el lunes 4 de febrero del año en curso en la Cámara de Comercio de Lima.

“A través de su Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED), la municipalidad distrital de Casa Grande viene dando oportunidad de trabajo digno a las personas con discapacidad, lo que les permite sentirse útiles, tener una remuneración y  mejorar su calidad de vida. Tengo entendido que son sesenta personas con discapacidad que rotan diariamente en trabajos de vigilancia”, refirió Cybelly Chuquilín Saldaña, coordinadora Regional de La Libertad del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS).

“Por ese motivo, el alcalde de Casa Grande, Alejandro Navarro Fernández y su equipo serán distinguidos como “empresa inclusiva” que está promocionando la inserción laboral de personas con discapacidad. Esta es la única municipalidad a nivel regional que será premiada, lamentablemente hay muy pocas municipalidades sensibles con el tema, estamos trabajando para que sigan el ejemplo de la comuna casagrandina”, agregó.

De acuerdo al artículo 49º de la Ley Nº 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad, promulgada el 24 de diciembre del año pasado, establece que las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal y los empleadores privados con más de cincuenta trabajadores en una proporción no inferior al 3%.

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