La actual directiva, presidida por Juan Ortega Choz, señaló que la institución agrupa a cerca de 15 mil cesantes, y la jueza pretende otorgar la ministración de esa institución a un ex asociado, Ernesto Jiménez, quien cuando estuvo en el cargo fue responsable de pérdidas millonarias del patrimonio institucional, según reportó la SBS.
Un grupo de socios y familiares del Servicio Social del Director y el Supervisor (SESDIS) realizaron un plantón, en la sede del Juzgado Civil de San Pedro de Lloc, en protesta contra su titular, la jueza Victoria Ramírez Pezo, a quien la Fiscalía acaba de abrir investigación por prevaricato, abuso de autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en el caso SESDIS, en un caso que mella la imagen de la corte liberteña. La jueza venía siendo cuestionada por socios del SESDIS, debido a su irregular actuación en este sonado caso, al haber emitido sendas resoluciones en enero de este año que ponen en peligro la estabilidad jurídica y el patrimonio de esa institución.
La actual directiva, presidida por Juan Ortega Choz, señaló que la institución agrupa a cerca de 15 mil cesantes, y la jueza pretende otorgar la ministración de esa institución a un ex asociado, Ernesto Jiménez, quien cuando estuvo en el cargo fue responsable de pérdidas millonarias del patrimonio institucional, según reportó la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Por ello, la directiva legal interpuso una medida cautelar en el 7° Juzgado Civil de Chiclayo, la cual fue concedida el 28 de febrero por el Juez Oscar Tenorio, el mismo que ordenó a la jueza Victoria Ramírez suspender de inmediato todos los efectos jurídicos de sus polémicas resoluciones.
De esta manera se estaría amparando los derechos de los socios del SESDIS y también se ordena reconocer la plena vigencia de la resolución N° 2 del 16 de agosto del 2012 del mismo juzgado de San Pedro de LLoc, que reconoce la legalidad de la directiva de Juan Ortega Choz. Sin embargo, la jueza Ramírez Pezo, se ha negado hasta el momento a reconocer la medida cautelar, aduciendo que no tiene tiempo (¿?) para resolver sobre esta, y por el contrario ha seguido emitiendo resoluciones sobre el caso SESDIS, ordenando a un juzgado de Paz Letrado de Lince, Lima, que realice el cambio de ministración, actuando de manera escandalosa y prevaricadora.
Esta es la principal razón por la cual los socios del SESDIS, encabezados por el profesor Manuel Toribio, protestaron en las puertas del juzgado. Asimismo, en los primeros días de febrero, ante la falta de respuesta de la Oficina de Control Descentralizada (ODECMA), donde habían presentado una denuncia contra la jueza, Ortega Choz interpuso denuncia penal contra la jueza ante el Ministerio Público, por prevaricato, abuso de autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, ante lo cual el fiscal Daniel Cerna Bazán le ha abierto investigación, y ha solicitado a Ramírez Pezo un informe documentado en respuesta a la imputación en su contra.
Según se sabe, la cuestionada magistrada tiene un plazo de cinco días para responder las graves acusaciones en su contra, de lo contrario será declarada en rebeldía. Manuel Toribio, asociado, que encabezó las protestas ante el juzgado, aseguró que esperan en los próximos días que el Poder Judicial actúe en este caso y destituya a la jueza pues ha cometido actos graves en el ejercicio de su cargo.
“Somos miles de asociados a nivel nacional y está en juego nuestras pensiones, nuestro patrimonio institucional, ese señor Jiménez a quien la jueza pretende darle la administración del SESDIS fue expulsado de la institución y es acusado de no dar cuenta de millones de soles pertenecientes a todos nosotros, la actuación de la juez avergüenza a la corte liberteña”, finalizó.
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